Procuraduría y Defensoría reportan 10.942 casos de abandono de adultos mayores en todo el país
Un informe del Ministerio Público detalló que más de 12.000 personas con discapacidad no tienen red familiar y dependen de refugios del Estado.
El abandono de adultos mayores en Colombia dejó 10.942 reportes de negligencia en el sistema de salud entre 2022 y 2025. La cifra hace parte del informe “Radiografía del abandono y la institucionalización prolongada de personas adultas mayores y con discapacidad”, elaborado por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
El informe responde a una orden de la Sentencia SU-367 de 2025 de la Corte Constitucional, que establece que una persona no puede permanecer hospitalizada únicamente porque no tenga quién la cuide o porque no existan condiciones sociales para darle de alta.
La Procuraduría y la Defensoría revisaron la situación de las personas que permanecen en instituciones de salud pese a que ya no necesitan atención hospitalaria y encontraron dificultades para lograr su salida y garantizarles un lugar adecuado donde continuar con sus cuidados.
¿Cuáles son las cifras de abandono de adultos mayores en Colombia?
Las bases de datos del Instituto Nacional de Salud (INS) muestran un aumento del 87 % en los reportes de abandono y negligencia contra adultos mayores y personas con discapacidad durante los últimos cuatro años. Los adultos entre 70 y 79 años son el grupo que registra mayor vulnerabilidad.
El informe señala que, entre junio de 2020 y febrero de 2026, 17.362 personas con discapacidad fueron identificadas como residentes permanentes en instituciones. De ellas, 12.184 no cuentan con una red de apoyo externa, como familiares o personas que puedan hacerse cargo de su cuidado.
Las alcaldías reportaron 12.450 personas con discapacidad psicosocial y 7.891 adultos mayores en situación de abandono dentro de instituciones. Además, 4.941 personas llevaban más de un año viviendo allí de manera continua.
¿Por qué las personas se quedan a vivir en los hospitales?
El 55 % de las administraciones locales consultadas tiene bajo su responsabilidad a personas que viven en instituciones y de las que no se tiene información sobre sus familiares. A esto se suma la falta de infraestructura: el 75 % de los municipios reconoce que no cuenta con suficientes espacios públicos para atender a estas personas.
El informe también encontró problemas que dificultan que los pacientes puedan salir de los hospitales cuando ya no necesitan atención médica. Entre las principales causas están la falta de recursos propios de los municipios pequeños, la ausencia de recursos del Gobierno nacional y la poca coordinación entre las secretarías de salud y las entidades encargadas de la asistencia social.
Ante esta situación, la Procuraduría y la Defensoría señalaron que las personas no deberían permanecer internadas simplemente porque no existen otras alternativas para su cuidado. Por eso, el informe pide reducir el uso de los hospitales para atender problemas que no son médicos y buscar otras opciones de cuidado.
¿Dónde hay más casos de institucionalización prolongada?
Bogotá encabeza los reportes de abandono y negligencia, con 3.169 casos registrados entre 2022 y 2025. Le siguen Cundinamarca, con 1.186 casos; Huila, con 1.103, y Santander, con 1.059.
Además, entre enero de 2024 y comienzos de 2026, la Defensoría del Pueblo recibió 352 solicitudes de ayuda de personas en situación de abandono a través de su sistema VisionWeb. El 55 % de estos casos fue reportado inicialmente desde hospitales.
Para enfrentar el problema, el Ministerio Público pidió a los gobiernos nacional y regional crear un sistema permanente de financiación para atender a estas personas. También propuso destinar recursos específicos del Sistema General de Participaciones, que es el mecanismo mediante el cual el Gobierno distribuye recursos a departamentos y municipios.
¿Qué exige la Corte Constitucional para evitar los abandonos?
En una de sus órdenes, la Corte pidió a la Procuraduría medir cuántas personas permanecen durante largos periodos en instituciones, especialmente adultos mayores y personas con discapacidad.
El informe también encontró que, en muchos casos, conseguir un lugar adecuado para que estas personas continúen con su cuidado requiere presentar una acción de tutela. Además, algunas secretarías y entidades de salud retrasan la atención de estos casos por problemas relacionados con sus contratos y responsabilidades.
Por eso, la Procuraduría y la Defensoría recomendaron mejorar la coordinación entre el Ministerio de Salud y las secretarías de integración social, compartir mejor la información y fortalecer la capacidad de las entidades locales y organizaciones que brindan servicios de cuidado.
