La Procuraduría le suma a Olmedo López otra investigación por otro contrato millonario de la Ungrd
La Procuraduría abrió proceso disciplinario contra el exdirector de la Ungrd y dos exfuncionarios más por un contrato firmado durante La Niña.
Cuando parecía que a Olmedo López ya no le cabían más problemas encima, la Procuraduría General de la Nación le abrió uno nuevo. El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) tiene desde este miércoles una investigación disciplinaria más, esta vez por un contrato de $5.000 millones que la entidad firmó en 2022 para atender la emergencia del fenómeno de La Niña.
El objeto del proceso es un contrato de logística que la Ungrd suscribió para, en palabras de la propia entidad de control, "garantizar la atención oportuna de la emergencia" generada por La Niña en 2022. En ese momento las lluvias tenían a buena parte del país con inundaciones, deslizamientos y comunidades incomunicadas.
Olmedo López, exdirector de la Ungrd, en una de sus diligencias judiciales. Foto: Colprensa.
De acuerdo con la Procuraduría, el contrato tuvo un valor cercano a los $5.000 millones. No es la plata más grande que se ha mencionado dentro del universo de contratos de la Ungrd de esos años, pero el ente disciplinario considera que amerita una revisión.
La investigación quedó en manos de la Segunda Delegada para la Contratación Estatal, que es la instancia dentro de la Procuraduría encargada de revisar cómo se manejan los contratos del Estado. Es esa delegada la que fijó los puntos que se van a examinar uno por uno.
Según la Procuraduría, con esta decisión empieza la etapa de práctica y recolección de pruebas para establecer si hubo faltas disciplinarias y quién tendría que responder por ellas. Es decir, todavía no hay ninguna sanción ni ningún fallo, solo el arranque de una indagación.
¿Quiénes están en la mira por el contrato de La Niña?
El primero de la lista es Olmedo López, exdirector general de la Ungrd. Su nombre es el que carga con el peso mediático del caso, porque fue la cabeza de la entidad cuando ocurrió buena parte de los hechos que hoy investigan varias autoridades.
Con él aparece Sneyder Pinilla, quien fue subdirector para el Manejo de Desastres. Pinilla es el otro nombre grande del escándalo de la Ungrd y, como López, ya venía respondiendo por otros procesos ante la justicia y los organismos de control.
Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la Ungrd. Foto: Colprensa.
El tercero es Víctor Andrés Meza Galván, que fue subdirector general de la entidad y, según la Procuraduría, en esa época actuaba como ordenador del gasto delegado del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Fngrd). Ese detalle no es menor, porque el ordenador del gasto es quien tiene la firma para comprometer y autorizar el dinero público.
¿Qué es exactamente lo que el ente de control quiere aclarar?
La Procuraduría no abrió el proceso con una sola sospecha, sino con una lista de puntos concretos. El primero tiene que ver con el arranque mismo del contrato. A juicio de la Segunda Delegada para la Contratación Estatal, "podrían haberse presentado posibles deficiencias en la planeación" del negocio.
El segundo punto es de plata. El ente disciplinario quiere establecer si el análisis de precios y el estudio de mercado que respaldaron el contrato fueron, según su propia expresión, "suficiente, razonado y verificable". En cristiano, si de verdad se comparó cuánto costaban las cosas en el mercado antes de firmar, o si esos números se pusieron por poner.
Sede de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá. Foto: Colprensa.
El tercer frente apunta a quién se quedó con el contrato. La Procuraduría dice que va a verificar la legalidad de la selección del contratista y si esa empresa cumplía de verdad con las condiciones de idoneidad que se le exigían para hacer el trabajo.
Y en el cuarto punto, el ente de control quiere determinar si durante la ejecución hubo una "comprobación material del cumplimiento de las obligaciones", si el recibido a satisfacción se certificó bien y si los pagos se validaron como tocaba. Traducido, si alguien revisó que lo contratado en efecto se entregó, antes de girar la plata.
El escándalo de los carrotanques que ya tiene a López en prisión
La investigación por el contrato de La Niña llega mientras López carga con el proceso penal por el caso que lo hizo famoso: los carrotanques de La Guajira. En ese expediente, a diferencia de este, ya hubo un movimiento grande de su parte.
En audiencias realizadas entre mayo y junio de 2026, López aceptó cargos por los delitos de peculado por apropiación agravado y concierto para delinquir agravado. "Mi decisión de aceptar responsabilidad no nació hoy", afirmó durante una de esas diligencias, insistiendo en que buscaba colaborar con la justicia.
Carrotanques del caso Ungrd destinados a La Guajira. Foto: Colprensa.
Ese caso, de acuerdo con la Fiscalía, es un contrato de $48.600 millones para el suministro de 40 carrotanques que debían llevar agua potable a comunidades indígenas de La Guajira. Según las pruebas del ente acusador, López habría favorecido a un contratista y, a cambio, habría recibido $724 millones, además de permitir que terceros se apoderaran de otros $13.340 millones.
A ese expediente se suma un segundo contrato señalado por la Fiscalía, en beneficio de una corporación mixta indígena, para comprar 40 carrotanques pequeños por más de $29.000 millones, negocio en el que el contratista se habría apropiado de $11.114 millones. Antes de todo eso, en diciembre de 2024, la Procuraduría ya había destituido e inhabilitado a López y a Pinilla por los sobrecostos de los carrotanques, que según el ente de control superaron los $16.000 millones.
De un caso de agua en La Guajira a una red que salpicó al Congreso
Lo que empezó como una pelea por unos carrotanques terminó destapando algo mucho más grande. Según ha documentado la propia justicia, detrás de esa contratación se movía una presunta red que usaba dineros y promesas de contratos de la Ungrd para conseguir apoyos políticos.
De acuerdo con lo revelado en el proceso, ese entramado habría servido para comprar el voto favorable de congresistas a créditos del Gobierno y a reformas sociales como la pensional y la de salud.
El Congreso de la República, centro del entramado investigado. Foto: Colprensa.
Desde que decidió colaborar, López se convirtió en uno de los testigos centrales tanto para la Fiscalía como para la Corte Suprema de Justicia. Con base en su información y en otras pruebas, la Corte ya acusó a Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Pablo Gallo y al excongresista Juan Diego Muñoz por cohecho por su presunto papel en la red.
Sus declaraciones también tocaron a exfuncionarios del Gobierno. Entre los nombres que han quedado vinculados a las distintas investigaciones aparecen los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, la exconsejera presidencial Sandra Ortiz y la senadora Martha Peralta, todos con procesos y situaciones jurídicas propias que siguen su curso.
