Petro lanza dura crítica contra la justicia tras envío a la cárcel de Bonilla y Velasco
El presidente respondió en X al fallo que envió a prisión a los exministros y respaldó a un penalista que cuestionó la actuación del tribunal.
El presidente Gustavo Petro lanzó una dura crítica contra el poder judicial luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, decisión adoptada el pasado 18 de diciembre en el marco de un proceso por presuntos hechos de corrupción.
El pronunciamiento del mandatario se produjo tras la difusión de un video del abogado penalista Elmer José Montaña Gallego, quien cuestionó públicamente la actuación del tribunal y alertó sobre lo que considera una vulneración de principios fundamentales del sistema penal acusatorio en Colombia. El contenido tuvo amplia circulación en redes sociales y provocó una reacción directa del jefe de Estado.
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Entonces los exministros de estado Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco no tuvieron juez de control de garantías.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 20, 2025
Para ellos el poder judicial no era juez sino enemigo.
Este es el estado que llaman destripador del progresismo, ya sueñan conformarlo.
Y ya sabe la clase media…
¿Hubo juez de control de garantías?
En su mensaje, publicado en la red social X, Petro sostuvo que Bonilla y Velasco no contaron con un verdadero juez de control de garantías y afirmó que, en este caso, el poder judicial actuó de manera adversa contra los exfuncionarios.
“Entonces los exministros de Estado Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco no tuvieron juez de control de garantías. Para ellos el poder judicial no era juez sino enemigo”, escribió el mandatario.
El presidente vinculó la decisión judicial con lo que considera una ofensiva contra sectores progresistas y advirtió que este tipo de actuaciones podrían extenderse a otros ámbitos sociales y políticos del país.
Audiencia de legalización de captura contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Fiscalía
Críticas al fallo
El pronunciamiento del mandatario se produjo luego del análisis jurídico planteado por Montaña Gallego, quien calificó como un “gravísimo error” la determinación del Tribunal Superior de Bogotá. El penalista argumentó que los magistrados desconocieron el principio de justicia rogada, según el cual los jueces de control de garantías deben ceñirse estrictamente a lo solicitado por la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con el abogado, si el fiscal del caso solicitó una medida de aseguramiento que no era procedente en este caso, detención domiciliaria, el tribunal no podía corregir esa solicitud imponiendo una medida más severa, como la reclusión en establecimiento carcelario.
A juicio del jurista, lo jurídicamente correcto habría sido negar la petición de la Fiscalía, aplicando además el principio de favorabilidad. Montaña advirtió que este tipo de decisiones sienta un precedente peligroso, pues abre la puerta a que los jueces asuman un rol que no les corresponde, corrigiendo errores del ente acusador en perjuicio de los imputados.
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Para aquellos insultadores recalcitrantes del fondo a la derecha que se mofaron mi modesta opinión jurídica, aquí les dejo la del doctrinante que la respalda. https://t.co/r4htk2MW7k
— Doña Ligia 🇨🇴🇻🇪🇵🇸 (@ligia281243) December 20, 2025
Señalamientos de Petro
Las declaraciones del penalista llevaron a Petro a replicar el video y a profundizar sus cuestionamientos. En su mensaje, el presidente sugirió que la decisión judicial refleja un trato desigual por razones ideológicas y comparó el caso con episodios históricos de persecución política.
“Ya sabe la clase media en qué tipo de realidad se moverá si vota al pasado”, señaló el mandatario, al advertir que este tipo de decisiones podrían convertirse en una práctica sistemática.
Petro también cuestionó directamente a la magistrada Aura Rosero, quien adoptó la medida de aseguramiento, al recordar que se trata de la misma funcionaria que en el pasado ordenó la libertad del expresidente Álvaro Uribe. Para el jefe de Estado, ese antecedente evidencia un trato dispar frente a actores políticos de distintas corrientes.
El proceso judicial en curso
El trasfondo del pronunciamiento presidencial es la orden de encarcelamiento contra Bonilla y Velasco dentro del proceso que adelanta la Fiscalía por presuntos hechos de corrupción relacionados con el desvío de recursos públicos en entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).
Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda y uno de los economistas más influyentes del actual Gobierno, es señalado por el ente acusador de haber tenido un papel clave en el control presupuestal que habría permitido el direccionamiento de contratos. Según la Fiscalía, sin su aval no se podían expedir certificados de disponibilidad presupuestal ni avanzar en procesos contractuales.
¿Qué se investiga contra Velasco?
En el caso de Luis Fernando Velasco, exministro del Interior y uno de los principales articuladores políticos del Ejecutivo, la investigación apunta a su presunta participación en la gestión de apoyos legislativos mediante la entrega de proyectos y contratos financiados con recursos públicos.
De acuerdo con la Fiscalía, Velasco habría coordinado con congresistas el respaldo a iniciativas del Gobierno, utilizando como incentivo la asignación de cupos indicativos a través de la Ungrd. Ambos exministros fueron imputados por delitos como concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
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Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, enviados a prisión por presuntos hechos de corrupción. Colprensa
La decisión del Tribunal
La magistrada Aura Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, sostuvo que existía riesgo de reiteración delictiva y de interferencia en la investigación, y concluyó que las medidas no privativas de la libertad resultaban insuficientes para garantizar el desarrollo del proceso.
La orden de encarcelamiento se suma a otras capturas y decisiones adoptadas dentro del mismo expediente, que ha salpicado a exfuncionarios, excongresistas y asesores cercanos al Gobierno, y que se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción del actual mandato.
El caso, además de su impacto judicial, ha abierto un nuevo frente de tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial, en medio de un debate que trasciende lo jurídico y se instala de lleno en el terreno político.
