Caso Ungrd: Bonilla y Velasco despedirán el año en la cárcel
La apelación a la medida de aseguramiento que impuso la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá será resuelta por otro magistrado de la misma sala.
Los abogados defensores de los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, apelaron la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, el próximo año será resuelto este recurso.
“(…) detención preventiva en establecimiento carcelario, como presunto autor del delito de concierto para delinquir, determinador en el punible de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo y coautor del ilícito de cohecho por dar u ofrecer, conforme a la imputación formulada por la Fiscalía General”, indicó el fallo del Tribunal.
En consecuencia, el alto tribunal ordenó que se librara orden de captura en contra de los dos exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro, implicados presuntamente en hechos de corrupción en contratación en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el Instituto Nacional de Vías.
Una vez se haga efectiva la captura, los imputados quedarán puestos a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, entidad que determinará cual será el establecimiento de reclusión correspondiente para su reseña, verificación y custodia. Generalmente, en estos casos de connotación, los servidores públicos son enviados a la Cárcel La Picota de Bogotá o enviados, dependiendo su condición, a guarniciones policiales o militares.
#Judicial | El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la imposición de medida de aseguramiento en contra de los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, vinculados penalmente a las investigaciones por corrupción en contratos de la Unidad… pic.twitter.com/dy05dVfe2g
— Minuto60 (@minuto60com) December 19, 2025
La apelación
La defensa de los exministros Bonilla y Velasco, una vez sustentada la apelación, esto es que expongan los argumentos por los cuales consideran que sus clientes no deben ser privados de la libertad o que sean beneficiados con una detención domiciliaria, será otro magistrado de la misma Sala del Tribunal Superior de Bogotá quien decida si acoge dicha petición o si mantiene la decisión adoptada inicialmente.
Lina Sandoval, abogada penalista, le dijo a Minuto60 que una vez impuesta la medida de aseguramiento en contra de los dos implicados en el escándalo de corrupción se procedió a resolver el recurso de reposición que interpuso la defensa del exministro Bonilla por parte del mismo Tribunal, mientras que la apelación la resuelve la misma sala.
En diálogo con Minuto60 el abogado penalista Carlos Fernando Guerrero, dijo que “es una apelación que a diferencia de las demás apelaciones no es conocida por el superior jerárquico, sino que por una reciente reforma del Código de Procedimiento Penal la conoce la misma Sala que ha adoptado la decisión”.
Sostuvo que independientemente de la decisión que sea adoptada por el otro magistrado en relación con la medida de aseguramiento, el proceso penal continúa.
¿Qué sigue en el proceso penal?
La rama judicial entra en vacancia judicial, entre el 20 de diciembre y el 10 de enero, tiempo durante el cual se suspenden los términos de todos los procesos penales del país, y una vez se retomen actividades se empieza a descontar el tiempo en cada actuación procesal.
En el caso de los dos altos exfuncionarios del Gobierno Nacional, la Fiscalía debe presentar el escrito de acusación ante la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que es el juez natural al tratarse de aforados constitucionales.
“Después de la audiencia de imputación e imposición intramural de la medida de aseguramiento impuesta en contra de los exministros Bonilla y Velasco sigue la presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía. Enfrentarán un juicio oral, público que puede acabarse por aceptación de cargos, preacuerdo o sentencia que puede ser absolutoria o condenatoria”, señaló el abogado penalista Fabio Humar Jaramillo.
Son señalados de convocar y asistir a reuniones, dar órdenes y realizar seguimiento para que proyectos de inversión en el Instituto Nacional de Vías (Invias) y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Fiscalía General de la Nación
“Por la postura de los defensores y de los elementos materiales probatorios exhibidos en audiencia lo más probable es que ellos vayan a juicio. Sin embargo, a lo largo del proceso penal los exministros tendrán la posibilidad de allanarse a cargos o de llegar a una negociación o preacuerdo con la Fiscalía”, explicó la abogada Lina Sandoval.
Con lo anterior, tanto Bonilla como Velasco, en la audiencia de acusación se les preguntará nuevamente si aceptan su responsabilidad por los delitos que se les formula y en caso de declararse nuevamente inocente se procederá con la programación de la audiencia preparatoria de juicio donde se hace el descubrimiento de pruebas de la Fiscalía y la defensa para desvirtuar los señalamientos y se determina, por parte de la Corte, cuáles serán tenidas en cuenta en el juicio oral.
En esta etapa procesal también es viable, como lo señalaron los abogados penalistas consultados por Minuto60, que los dos exfuncionarios puedan allanarse a cargos, es decir declararse culpables y obtener una rebaja en la pena y esperar el monto de la sentencia sin necesidad de adelantar un juicio oral.
Otro de los escenarios es que negocien un preacuerdo con la Fiscalía, consistente en aceptar los cargos, concertar una sentencia con la Fiscalía y hace devolución de los dineros apropiados en el entramado de corrupción. Es de aclarar que en este escenario no están obligados a delatar a otros implicados.
También pueden buscar la negociación de un principio de oportunidad parcial o total por los delitos imputados, en el cual deben comprometerse a colaborar con la justicia delatando a otros implicados y entregando información valiosa que permita esclarecer la forma en que se desviaron recursos públicos. No obstante, de ser acordada una inmunidad, no están obligados a hacer devolución de recursos.
“Por supuesto los dos exministros como ocurre con cualquier otro ciudadano tendrán la posibilidad de negociar un preacuerdo con la Fiscalía con el objetivo de obtener una rebaja punitiva o también pueden en las fases posteriores, esto es en la audiencia de acusación, en la audiencia preparatoria o al iniciar el juicio oral aceptar cargos para obtener una rebaja punitiva”, explicó el abogado Carlos Fernando Guerrero.
Por lo pronto, los dos exministros permanecerán detenidos preventivamente en centro carcelario mientras avanza el proceso penal.
Los hechos materia de investigación
La Fiscalía, mediante un comunicado de prensa, indicó que los exministros son “señalados de convocar y asistir a reuniones, dar órdenes y realizar seguimiento para que proyectos de inversión en el Instituto Nacional de Vías (Invias) y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) fueran asignados a determinados congresistas, y así garantizar su voto y respaldo a diferentes iniciativas y reformas gubernamentales que estaban en estudio en el Legislativo”
Añadió que un equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia supo de tres momentos en los que se habrían configurado las actuaciones ilícitas. “Inicialmente, entre junio y septiembre de 2023, los exministros presuntamente intervinieron indebidamente en 79 contratos (74 en Invias y 5 en Ungrd), los cuales ascendían en valor a 612.237 millones de pesos. 7 se concretaron y fueron orientados de acuerdo con sus intereses”
El segundo momento se habría dado entre septiembre y diciembre de 2023, donde aparentemente “intercedieron en tres contratos de Ungrd que tenían como objeto la mitigación y atención de emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y el corregimiento El Salado en Carmen de Bolívar (Bolívar) por valor de 86.619 millones pesos. Las evidencias indican que estos negocios no alcanzaron a ser direccionados, pero los congresistas a beneficiar deliberaron y aprobaron 17 notas crédito de endeudamiento a favor del Gobierno Nacional”.
Finalmente, señaló el ente acusador, que “entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, Bonilla González y Velasco Chaves habrían mediado de manera ilegal para que un contrato de la Ungrd que se ejecutaría en Sahagún (Córdoba), que ascendía a 35.000 millones de pesos, fuera entregado a personas a fines de un congresista de la Comisión Primera del Senado, situación que no se materializó”.
