Caso Ungrd: Tribunal envía a la cárcel a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco
El Tribunal concluyó que la gravedad del caso UNGRD exige cárcel para los exministros, investigados por desvío de contratos y recursos públicos hoy.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó este jueves medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior, dentro del proceso penal que se les adelanta por presuntos hechos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).
La decisión fue adoptada al considerar que existen elementos suficientes para imponer una medida restrictiva de la libertad más severa, debido a la gravedad de los hechos investigados y al rol que ambos desempeñaban como altos funcionarios del Estado al momento de los presuntos delitos.
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#Atención | El Tribunal Superior de Bogotá envió a la cárcel a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por la supuesta responsabilidad en delitos relacionados con la contratación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para… pic.twitter.com/ISKUIw2a8u
— Minuto60 (@minuto60com) December 18, 2025
El Tribunal cuestionó la solicitud inicial de la Fiscalía
En su pronunciamiento, la magistrada Aura Alexandra Rosero señaló que la Fiscalía General de la Nación incurrió en un error al solicitar detención domiciliaria como medida principal contra los exministros. A juicio del Tribunal, este tipo de restricción debe entenderse como una alternativa posterior y no como la primera opción en casos de corrupción que comprometen recursos públicos.
Por esa razón, la Sala consideró que la delegada del ente acusador debió solicitar inicialmente una medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario, y solo después evaluar otras figuras como la detención domiciliaria o la libertad condicionada con mecanismos de control.
Momento de la audiencia en la que se ordenó medida de aseguramiento contra los exministros. Minuto60
El poder que tenían sobre los recursos públicos
La magistrada tuvo en cuenta que, para la época de los hechos, Bonilla y Velasco ejercían plenamente sus funciones ministeriales, lo que les otorgaba control directo sobre recursos del Estado y capacidad de decisión en su asignación.
En el caso de Bonilla, se destacó que encabezaba la cartera encargada del manejo de las finanzas públicas, con facultades para direccionar el uso de los recursos. Velasco, por su parte, mantenía una relación constante con congresistas, lo que según el análisis judicial facilitó el presunto direccionamiento contractual.
Para el Tribunal, en este caso no hubo improvisación: los exministros habrían utilizado sus cargos de manera coordinada para orientar los recursos públicos hacia fines indebidos.
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Una presunta “división de tareas”
La Sala Penal concluyó que existió una división de funciones entre los entonces ministros, con el objetivo de consolidar lo que calificó como una empresa criminal, destinada a influir en congresistas para que respaldaran proyectos de reforma del Gobierno en sus respectivas comisiones.
Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, cargos que ambos exministros negaron durante la audiencia realizada el pasado primero de diciembre.
El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Crédito: Colprensa
Reuniones y testimonios clave
Según la imputación, en distintas reuniones realizadas en las sedes de los ministerios de Hacienda y del Interior, en el centro de Bogotá, Bonilla y Velasco habrían dado instrucciones concretas para entregar contratos solicitados por congresistas a cambio de su voto favorable.
Estas versiones fueron respaldadas por el testimonio de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, a quien el Tribunal otorgó plena credibilidad pese a los cuestionamientos de las defensas. Para la magistrada, su declaración fue coherente y consistente con otros elementos probatorios.
El cónclave en Casa de Nariño
En su análisis, la magistrada también dio por probada la realización de un encuentro en la Casa de Nariño, el 27 de noviembre de 2023, en el que habrían participado altos funcionarios del Ejecutivo, entre ellos el entonces director del Dapre, Carlos Ramón, el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y varios ministros.
“No actuaron de manera aislada ni ocasional”, advirtió la magistrada, al señalar que desde un inicio se impartieron órdenes claras para direccionar contratos mediante cupos indicativos y proyectos específicos.
El Tribunal concluyó que los exministros representan un riesgo para la sociedad, al haber utilizado sus altos cargos para fines contrarios a la ley. Además, consideró que sus acciones enviaron un mensaje negativo sobre el funcionamiento del Gobierno y del Congreso, afectando la confianza ciudadana en las instituciones.
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Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda. Colprensa
Velasco anunció que acatará la orden judicial
Tras conocerse la decisión, Luis Fernando Velasco aseguró que se presentará ante la autoridad competente.
“Hoy, como hace 17 años, le solicito que me señale ante quién debo presentarme de inmediato. Me presentaré de inmediato”, afirmó el exministro, en referencia a su disposición de acatar la orden judicial.
Mientras avanza el proceso penal, la orden de cárcel contra dos exministros marca uno de los episodios judiciales más delicados relacionados con el escándalo de la UNGRD y el manejo de contratos públicos en el país.
