¿Más armas significan más seguridad? Expertos analizan lo que puede cambiar con el nuevo decreto
El levantamiento de la suspensión de permisos para portar armas reabre el debate sobre seguridad, percepción de amenaza y uso de la fuerza.
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1368 de 2026, una decisión que levanta la suspensión general de los permisos para portar armas que estaba vigente desde 2019 y que vuelve a poner sobre la mesa una discusión que va más allá de la regulación: ¿tener un arma hace realmente más segura a una persona?
Aunque la medida permite que determinados permisos vuelvan a producir efectos, no significa que se haya autorizado el porte indiscriminado de armas. Así lo explicó Julián Enrique Sinning Gómez, docente de Derecho Penal de la Universidad El Bosque, quien analizó el alcance jurídico de la decisión.
Al mismo tiempo, Jennifer Sánchez, docente de Psicología Jurídica de la misma universidad, advierte que el debate también debe centrarse en cómo la disponibilidad de armas puede modificar la manera en que las personas perciben el riesgo, interpretan una amenaza y reaccionan frente a un conflicto.
¿Qué cambia realmente con el nuevo decreto?
Sinning explicó que desde 2019 los permisos para portar armas existían, pero sus titulares no podían ejercerlos debido a la suspensión general adoptada por el Gobierno Nacional.
El Decreto 1368 levanta esa suspensión y elimina la autorización adicional que se había requerido durante ese periodo. En otras palabras, los permisos que estaban congelados pueden volver a producir efectos.
Sin embargo, el experto hizo una precisión jurídica: esto no equivale a crear nuevos derechos ni a permitir que cualquier persona pueda portar un arma libremente.
"Una cosa es levantar la suspensión de los permisos de porte y otra, muy diferente, es autorizar indiscriminadamente el porte de armas", explicó.
¿Podría aumentar el número de personas que portan armas legalmente?
Según Sinning, sí es previsible que aumente el porte legal, precisamente porque permisos que permanecían inactivos desde 2019 podrán volver a ejercerse.
Pero ese posible incremento no significa que desaparezcan los controles.
El Estado mantiene el monopolio sobre las armas y ninguna persona puede portar legalmente un arma sin el permiso de la autoridad competente. Además, continúan vigentes los requisitos establecidos por la legislación, entre ellos la certificación médica, la aptitud psicofísica, la revisión de antecedentes y la justificación de la necesidad del arma.
También permanecen las facultades de las autoridades para suspender, cancelar o revocar permisos, así como para realizar incautaciones y aplicar las medidas correspondientes.
¿Qué puede pasar cuando más personas vuelvan a portar armas? Expertos analizan el nuevo decreto. Crédito: Colprensa.
¿Qué diferencia hay entre portar y tener un arma?
Otro punto que permanece vigente es la diferencia entre tenencia y porte.
La tenencia permite mantener un arma de fuego en un lugar autorizado, mientras que el porte implica llevarla consigo y movilizarse con ella.
Por esta razón, contar con autorización para tener un arma no significa automáticamente que una persona pueda llevarla consigo en cualquier lugar.
El Decreto 1368, además, excluye permisos vencidos, suspendidos o cancelados, así como aquellos que solamente autorizan la tenencia.
¿Portar un arma puede hacer que una persona se sienta más segura?
Para Jennifer Sánchez, docente de Psicología Jurídica, no existe una respuesta única.
La experta explica que cuando una sociedad responde a la percepción de inseguridad ampliando la posibilidad de que los particulares porten armas, no solamente está regulando el acceso a un instrumento de defensa.
También está construyendo una determinada relación entre ciudadanía, seguridad, percepción de amenaza y confianza en las instituciones.
Una persona que decide armarse para protegerse puede estar actuando desde una representación de vulnerabilidad o amenaza. Sin embargo, reconocer esa percepción no significa necesariamente que la respuesta frente a la inseguridad deba ser armar a la ciudadanía.
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¿Tener un arma puede cambiar la reacción frente a una amenaza?
Sánchez plantea que una de las preguntas centrales debería ser qué ocurre cuando se traslada al individuo una capacidad que tradicionalmente corresponde al Estado: el ejercicio legítimo de la fuerza.
En ese escenario, no solamente importa quién tiene un arma, sino quién está legitimado para utilizarla, bajo qué condiciones y cómo interpreta una persona el momento en que considera que puede hacerlo.
La experta señala que entre sentirse amenazado y decidir utilizar un arma existe un proceso de interpretación y toma de decisiones que puede estar atravesado por miedo, estrés, incertidumbre y la percepción que se tenga de la otra persona.
Abelardo De La Espriella durante la firma de la derogación del decreto que limitaba el porte de armas en Colombia. Crédito: Colprensa.
¿Cuál es la diferencia entre defenderse y hacer justicia?
Para Sánchez, esta diferencia resulta fundamental en el debate.
Una persona puede sentirse amenazada, pero esa percepción no significa automáticamente que esté legitimada para utilizar un arma. La decisión de hacerlo puede tener consecuencias jurídicas y sociales irreversibles.
Por eso, la discusión sobre el porte de armas no debería reducirse a si una persona se siente más segura al llevarlas, sino a cómo esa posibilidad puede influir en la manera de percibir el riesgo, interpretar al otro y resolver los conflictos.
¿El nuevo escenario puede afectar la confianza en las instituciones?
La docente también plantea una discusión sobre lo que ocurre cuando la respuesta frente a la inseguridad comienza a depender cada vez más de la capacidad individual para adquirir y portar un arma.
El debate, sostiene, también debe incluir a quienes no pueden acceder a un arma, quienes no desean portarla y quienes viven en contextos donde las armas ilegales ya forman parte de dinámicas de violencia.
Desde esta perspectiva, la pregunta no sería solamente si portar un arma aumenta la seguridad individual, sino qué efectos tiene sobre la confianza en las instituciones y sobre la idea de quién está legitimado para ejercer la fuerza.
¿Qué dice el derecho sobre el porte ilegal de armas?
El levantamiento de la suspensión tampoco elimina las consecuencias penales del porte ilegal.
Sinning recordó que el artículo 365 del Código Penal continúa sancionando a quien porte un arma de fuego sin permiso de la autoridad competente. También existen disposiciones específicas frente a armas clasificadas como de uso privativo de las Fuerzas Militares.
Por eso, portar un arma sin autorización, utilizar un permiso vencido o llevar un arma que no esté amparada por el permiso correspondiente puede constituir un delito.
¿Qué puede cambiar con el nuevo escenario?
El Decreto 1368 restablece el régimen ordinario para los permisos de porte que estaban suspendidos, pero mantiene los requisitos y controles establecidos por la legislación.
Desde el punto de vista jurídico, Sinning considera que puede producirse un aumento del porte legal, pero advierte que no es correcto hablar de una liberación indiscriminada de las armas.
Para Sánchez, el verdadero debate va más allá de cuántas personas podrán portar un arma. La discusión también involucra la forma en que los ciudadanos perciben las amenazas, toman decisiones bajo presión y entienden los límites entre defenderse y ejercer la fuerza.
Así, la nueva regulación no solo abre una discusión sobre armas y seguridad, sino también sobre confianza institucional, percepción del riesgo y la manera en que una sociedad responde frente a la inseguridad.
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