Esta es la tutela que busca tumbar las multas de la CREG por consumo de energía en el Caribe

Con una acción de tutela, un personero del Caribe colombiano busca dejar sin efecto la Resolución No. 101 120 de 2026 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que estableció un programa transitorio de uso eficiente de energía eléctrica.

El documento, conocido por Minuto60, también incluyó como accionado al Ministerio de Minas y Energía, cuestionando el papel de esta cartera frente a la medida.

El acto que establece el programa fue publicado en la página web de la CREG el 3 de agosto de 2026 y entró en vigencia ese mismo mes. La medida generó cuestionamientos desde la región, debido a que también contempla sanciones por el consumo de energía para todos los estratos socioeconómicos, sin tener en cuenta las condiciones climáticas del Caribe colombiano.

¿Qué dice la tutela?

La tutela, radicada por la Personería Distrital de Santa Marta, Magdalena, centra su defensa en el derecho a la igualdad de los usuarios de la región Caribe.

Según el documento, el debate que se plantea es de naturaleza estrictamente constitucional, sin discutir la legalidad de la competencia regulatoria de la CREG ni la corrección técnica de las fórmulas.

En ese sentido, señalaron que la acción se fundamenta en el mandato de igualdad frente a la aplicación de una regla uniforme.

Por otro lado, advirtieron que los sujetos más afectados serán los hogares de estratos 1, 2 y 3, que no tendrían capacidad económica para adquirir equipos eficientes y, por lo tanto, presentarían un mayor consumo de energía.

Para la entidad que representa al Ministerio Público, esta situación configura un perjuicio irremediable, debido a la afectación inminente de la población.

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Otro punto mencionado es que las multas derivadas de la resolución inciden directamente en el presupuesto familiar de los hogares vulnerables y en sus condiciones de habitabilidad y salud, ante las altas temperaturas que se registran en la región.

Por esto, la Personería aseguró que se requieren medidas urgentes e impostergables, debido a que la única salida viable para los usuarios de la Costa sería prescindir de la ventilación y la refrigeración, lo que afectaría su salud, para evitar ser gravados.

¿Dónde se genera la vulneración de derechos de los usuarios del Caribe?

Para el Ministerio Público, se está aplicando una medida general en todo el país, sin distinguir las particularidades del Caribe y sus condiciones climáticas.

En ese sentido, señalaron que la comparación no debe construirse entre todos los colombianos indistintamente y que, en el caso de la Costa, existe una condición ambiental con un impacto directo y verificable sobre el consumo de energía.

El cuestionamiento radica en que se están comparando hogares de un mismo estrato socioeconómico, con la misma periodicidad de facturación, medición directa mediante medidor y condiciones económicas semejantes, pero “ubicados unos en la Costa Caribe y otros en regiones del país con menor carga térmica”, hecho que, según la tutela, resultaría desigual para los habitantes de la región.

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¿Qué pidió el Ministerio Público?

Ante la necesidad y urgencia de encontrar soluciones frente a la ejecución del programa y las afectaciones que generaría, el Ministerio Público solicitó una medida provisional para suspender la aplicación de la Resolución CREG 101 120 de 2026 en lo relativo a la causación, liquidación, facturación y cobro adicional a los usuarios regulados del servicio de energía.

Asimismo, pidió que se ordene a los comercializadores y operadores de red abstenerse de incluir en las facturas de los usuarios el cobro adicional derivado del programa mientras esté vigente la medida provisional.

Aunque las acciones corresponden al Distrito de Santa Marta, la tutela plantea que sus efectos puedan ser extensivos a la región.

¿Cuáles son las pretensiones de la tutela?

Una vez se establezcan las medidas provisionales, el Ministerio Público pretende que se declare que la medida de la CREG vulnera el derecho fundamental a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, de los usuarios del servicio público domiciliario de energía eléctrica de la Región Caribe.

Asimismo, solicitó que se ordene la inaplicación de la resolución por vía de la excepción de inconstitucionalidad en la Región Caribe y en cualquier otra región con alta carga térmica.

Finalmente, pidió que se ordene de manera definitiva a los operadores de red abstenerse de liquidar, facturar y cobrar los rubros adicionales correspondientes al programa establecido por la CREG.

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