La dura advertencia del ICBF tras los fallos que frenaron los bombardeos por presencia de menores
Restrepo Cañavera fijó su posición el mismo día en que un juez del Guaviare le dio 48 horas al ICBF para explicar cómo protege a los reclutados.
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo Cañavera, entró este sábado al debate por los bombardeos en los que han muerto menores de edad reclutados por grupos armados. "La niñez debe ser protegida del criminal, nunca convertida en la protección del criminal", afirmó, después de que dos jueces ordenaran suspender operaciones aéreas cuando exista información sobre la presencia de niños en el objetivo.
El pronunciamiento salió en un texto titulado 'El escudo perfecto', publicado en su cuenta de X el 5 de septiembre. Restrepo escribió que detrás de un menor en un campamento hay amenazas, engaños, presiones y condiciones de vulnerabilidad que lo llevaron hasta allí, y que eso lo convierte en víctima.
"La niñez reclutada es víctima. Punto. Como directora del ICBF, mi deber es protegerla con todas las herramientas que tenga el Estado. Pero protegerla también exige no perder de vista quién la puso allí", señaló la funcionaria, que dirige el instituto desde el 11 de agosto de 2026.
Carolina Restrepo Cañavera dirige el ICBF desde el 11 de agosto de 2026. Foto: Colprensa.
Sobre el efecto de las órdenes judiciales, sostuvo que "sería perverso que de ese crimen naciera, además, una ventaja para quien lo cometió". Lo desarrolló así: "Si la presencia de menores reclutados termina convirtiendo un campamento en un lugar que el Estado no puede tocar, la conclusión es brutalmente sencilla, reclutar a la niñez funciona".
Para la directora, discutir el asunto en el momento del bombardeo es llegar tarde. "La pregunta verdaderamente importante es anterior, ¿cómo llegó ese menor hasta allí? ¿Quién lo reclutó? ¿Quién sabía que estaba en riesgo? ¿Qué alertas existían? ¿Dónde falló el Estado? ¿Por qué el criminal llegó primero?", escribió.
"No podemos proteger a la niñez a costa de convertirla en el refugio perfecto de quienes la victimizan", explicó la funcionaria, quien concluyó que "la niñez debe ser protegida del criminal, nunca convertida en la protección del criminal".
¿Qué ordenaron los jueces sobre los bombardeos con menores de edad?
El Juzgado 34 de Familia de Bogotá y el Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare le ordenaron al Gobierno abstenerse de bombardear objetivos donde exista información verificable sobre la presencia de menores reclutados. Las dos decisiones son provisionales y salieron de acciones de tutela, el mecanismo para reclamar un derecho de forma urgente. Ninguna resuelve todavía el fondo del asunto.
La de Bogotá la firmó la jueza Viviana Arciniegas Gómez el 2 de septiembre de 2026, dentro de una tutela presentada por el abogado Ower Jimmy Borda Parra como agente oficioso de menores reclutados. El auto le ordena a la Presidencia, al Ministerio de Defensa, al Comando General de las Fuerzas Militares, al Ejército, a la Fuerza Aeroespacial Colombiana y a la Armada abstenerse de "ejecutar operaciones aéreas ofensivas sobre objetivos respecto de los cuales exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable acerca de la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados, hasta tanto se adopten y verifiquen las medidas de precaución y protección necesarias".
Tres días después llegó la del Guaviare. El juez Jhoan Aguilera Martínez resolvió el 5 de septiembre una tutela del ciudadano Roxemhberg Rozo Sánchez y frenó los bombardeos en ese departamento cuando haya información de inteligencia, alertas preventivas u otros elementos objetivos que adviertan que puede haber niños o adolescentes en la zona. El auto, de 12 páginas, precisa que "la ponderación efectuada en esta etapa no supone afirmar que toda operación militar deba suspenderse ni que la presencia eventual de menores haga ilícita, por sí misma, cualquier operación".
La orden del Juzgado Tercero Penal del Circuito rige mientras se resuelve el fondo de la tutela. Foto: Captura de pantalla.
A la tutela de Bogotá quedaron vinculadas la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, el ICBF, la Unidad para las Víctimas y Medicina Legal, entre otras entidades. La jueza sustentó la medida en los operativos recientes en Catatumbo y Guaviare en los que murieron menores, y habló de una amenaza con características de "gravedad e inminencia".
¿Cuántos menores han muerto en bombardeos del Gobierno De La Espriella?
Seis menores de edad han muerto en tres bombardeos ordenados por el Gobierno de Abelardo De La Espriella, según las identificaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Todos murieron en menos de un mes.
El primero fue un adolescente de 16 años, muerto el 10 de agosto en un bombardeo en la región del Catatumbo, Norte de Santander. El 27 de agosto, en la madrugada, la Fuerza Pública ejecutó la Operación Amón en zona rural de El Retorno, Guaviare, contra la estructura de alias 'Calarcá'. De los 10 cuerpos que llegaron a las sedes de Medicina Legal en Florencia y Villavicencio, la entidad identificó nueve, y tres eran menores: dos de 15 años y uno de 16.
Los otros dos murieron en la Operación Azarías, del 31 de agosto, en la vereda Lagos del Dorado, jurisdicción de Miraflores, Guaviare. Medicina Legal recibió 24 cuerpos de ese operativo e identificó 20; los cuatro restantes seguían en abordaje forense por el estado en que quedaron. Dos de los identificados eran menores de edad.
La Defensoría del Pueblo informó que entre 2024 y el 31 de julio de 2026 conoció 1.173 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales, y advirtió que existe un alto subregistro. Son cerca de 450 casos por año solo entre los que llegaron al escritorio de la entidad.
¿Qué respondió el Gobierno a la suspensión de los bombardeos?
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció la apelación del fallo sobre bombardeos. Foto: Colprensa.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que el Gobierno apelará la medida del juzgado de Bogotá. "Este fallo absurdo e inconstitucional, será apelado", escribió en su cuenta de X.
Sobre el criterio que fijó la jueza, Lara preguntó qué significa en términos operacionales que la información sea "razonablemente verificable". "¿Un indicio? ¿Una fuente? En ese supuesto todo es plausible", agregó el ministro, que dijo que las decisiones de la justicia deben respetarse, pero también estudiarse y criticarse.
El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, sostuvo que la Operación Amón cumplió los estándares legales exigidos para los ataques aéreos estratégicos y que la responsabilidad por la muerte de los menores recae en las estructuras armadas que los reclutan, una conducta tipificada como crimen de guerra. Mora anunció denuncias ante la Fiscalía y una mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia para endurecer la persecución de las redes de captación.
El juzgado del Guaviare les dio 48 horas al Ministerio de Defensa, al Ejército, a la Fuerza Aeroespacial Colombiana y al ICBF para que informen qué medidas y protocolos aplican para establecer si hay menores en una zona antes de una operación aérea. El plazo corre desde el 5 de septiembre.
