Juez de San José del Guaviare ordena a Abelardo De La Espriella suspender bombardeos con menores
El auto del Juzgado Tercero Penal de San José del Guaviare aclara que la orden no prohíbe todas las operaciones aéreas contra grupos armados.
Un juez de San José del Guaviare le ordenó al presidente, Abelardo De La Espriella, suspender de manera temporal los bombardeos contra grupos armados ilegales en ese departamento cuando exista información que advierta la presencia de menores de edad reclutados. La orden quedó consignada en el auto con el que el Juzgado Tercero Penal del Circuito admitió una acción de tutela. La firmó el juez Jhoan Aguilera Martínez.
La suspensión no cubre todas las operaciones. Aplica cuando haya información de inteligencia, una alerta preventiva u otro elemento objetivo que permita advertir razonablemente que en el objetivo militar pueden encontrarse niños o adolescentes cuya vida o integridad física esté en riesgo. El propio despacho lo dejó escrito: la decisión "no supone afirmar que toda operación militar deba suspenderse ni que la presencia eventual de menores haga ilícita, por sí misma, cualquier operación".
La tutela la presentó el ciudadano Roxemhberg Rozo Sánchez, quien actúa como agente oficioso de niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado. La dirigió contra la Presidencia de la República, las Fuerzas Militares y de Policía, el Ministerio de Defensa, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Gobernación del Guaviare, entre otras entidades.
La orden del Juzgado Tercero Penal del Circuito rige mientras se resuelve el fondo de la tutela. Foto: Captura de pantalla.
¿Qué ordenó el juez del Guaviare y hasta cuándo rige la medida?
El juez ordenó al presidente De La Espriella, al comandante de las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa y a las autoridades militares la suspensión temporal de los bombardeos contra cualquier grupo o estructura armada al margen de la ley ubicada en el Guaviare, mientras se resuelve de fondo la tutela. Quedó en el inciso tercero del auto.
"La medida resulta idónea para prevenir el riesgo hacia los menores reclutados por grupos al margen de la ley, en tanto evita temporalmente la ejecución de operaciones cuya realización, en las circunstancias advertidas, podría generar consecuencias irreversibles antes de que el juez constitucional tenga la posibilidad de determinar si existen mecanismos suficientes de verificación y protección de los menores", señaló el juzgado.
Roxemhberg Rozo Sánchez presentó la tutela que frenó los bombardeos en el Guaviare. Foto: Colprensa.
Sobre el alcance de la orden, el despacho precisó que busca impedir de forma temporal las operaciones comprendidas por la medida mientras se esclarecen las circunstancias del caso y se verifica que las autoridades cuenten con mecanismos adecuados para prevenir afectaciones a la población civil y a los menores de edad. El juzgado no cuestionó la legitimidad de las operaciones ofensivas. Reconoció que hacen parte de las funciones constitucionales de las Fuerzas Militares.
Tras admitir la tutela, el despacho pidió vincular al proceso al Ejército, la Fuerza Aérea, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales de San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores. También vinculó a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), a las autoridades tradicionales indígenas del Guaviare y a las organizaciones campesinas del departamento, para integrar el debido contradictorio, que es el trámite con el que se garantiza que todas las partes puedan defenderse.
El juzgado exhortó a los líderes y comandantes de las estructuras armadas ilegales a abstenerse de reclutar menores de edad y a reintegrar a sus hogares a los que hoy hacen parte de sus filas.
¿Qué pasó en la Operación Amón, el antecedente que citó el juzgado?
La Operación Amón, ejecutada el 27 de agosto en zona rural de El Retorno, dejó tres menores de edad muertos que hacían parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), la estructura de las disidencias de las Farc que lidera alias 'Calarcá'. El auto la menciona como antecedente. También hace referencia a las nuevas operaciones anunciadas por el Gobierno contra estructuras de alias 'Iván Mordisco'.
Para el despacho, esos hechos impiden tratar el riesgo como una hipótesis. "No se trata de una mera suposición, o hipótesis infundada, la posibilidad de que bombardeos en contra de blancos legítimos (…) llegaren a causar la muerte de niños o adolescentes víctimas de reclutamiento forzado", señaló el juez.
Antes de resolver de fondo, el juzgado pidió que le expliquen "cuáles son los protocolos empleados para la identificación y verificación de objetivos, qué mecanismos se utilizan para establecer la eventual presencia de población civil y menores de edad, cómo se valoran las Alertas Tempranas, qué medidas de precaución se adoptan", entre otros elementos.
El comandante general de las Fuerzas Militares, general Erick Rodríguez, defendió la legalidad del bombardeo del 27 de agosto. "Como resultado de la operación, se neutralizaron diez de sus integrantes, todos ellos combatientes", aseguró. En el lugar, según el balance que entregó el oficial, fueron encontrados 19 fusiles, siete ametralladoras, 184 minas antipersonales y más de 29.000 municiones.
El despacho reconoció que una orden judicial difícilmente será acatada por organizaciones ilegales. "Este despacho tiene claro que el reclutamiento ilegal de menores no se soluciona con un simple exhorto dirigido a los líderes de las estructuras armadas al margen de la ley", señaló. Agregó que esas organizaciones "muy seguramente no acatarán una decisión de tutela", pero consideró que esa posibilidad no puede impedirle a un juez adoptar medidas para proteger derechos fundamentales.
¿Qué respondió el Gobierno de Abelardo De La Espriella?
Ministro del Interior Rodrigo Lara anuncia apelación del Gobierno al fallo de bombardeos. Foto: Colprensa.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que el Gobierno apelará la primera decisión judicial que restringió los bombardeos, adoptada por un juzgado de Bogotá el jueves 3 de septiembre. "Este fallo absurdo e inconstitucional, será apelado", escribió el funcionario en su cuenta de X.
Sobre el estándar fijado por ese juzgado, Lara sostuvo que "en un conflicto en el que los grupos armados reclutan y utilizan criminalmente a menores de edad, un estándar tan abierto termina haciendo materialmente imposible el empleo de bombardeos aéreos". Dijo también que los menores "deben ser protegidos con el máximo rigor".
Esa primera decisión salió del Juzgado 34 de Familia de Bogotá, a cargo de la juez Marggy Viviana Arciniegas, que admitió una tutela del ciudadano Ower Jimmy Borda Parra. La orden fue dirigida a la Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa, al Comando General de las Fuerzas Militares, al Ejército Nacional, a la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y a la Armada, y opera cuando exista información "cierta, objetiva o razonablemente verificable" sobre la presencia de menores reclutados.
El Ministerio de Defensa está a cargo del general en retiro Jorge Eduardo Mora López. La congresista Jennifer Pedraza radicó una proposición para citarlo a un debate de control político por las muertes de menores de edad en las operaciones aéreas.
¿Cuántos menores de edad han muerto en bombardeos del actual Gobierno?
Seis menores de edad han muerto en operaciones aéreas de las Fuerzas Militares desde que Abelardo De La Espriella asumió la Presidencia, el 7 de agosto de 2026. El primero fue un joven de 16 años, en el bombardeo del 10 de agosto en el Catatumbo contra el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Siguieron los tres de la Operación Amón, de entre 15 y 16 años.
Los otros dos aparecieron en la Operación Azarías, ejecutada el 31 de agosto en la vereda Lagos del Dorado, en Miraflores. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses recibió 24 cuerpos e identificó 20, entre ellos doce hombres y ocho mujeres. Entre los muertos está alias 'Tigre' o 'Pintado', señalado de dirigir el frente Carolina Ramírez, de las disidencias que comanda alias 'Iván Mordisco'.
La Defensoría del Pueblo conoció 1.173 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes entre 2024 y el 31 de julio de 2026. La entidad advirtió que esa cifra tiene un alto subregistro. "Una reducción en los casos reportados no implica una disminución del reclutamiento, sino un aumento del subregistro", afirmó la defensora del pueblo, Iris Marín.
El mismo organismo contabilizó 73 menores de edad muertos como consecuencia de operativos militares entre el 7 de agosto de 2022 y el 23 de junio de 2026. De esos, 31 murieron en 2025, con mayor incidencia en el Guaviare.
La medida del Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare es provisional y rige mientras se estudia el fondo de la tutela. El propio despacho la calificó de "excepcional, temporal y preventiva".
