Defensoría del Pueblo en alerta: recorte presupuestal deja sin pago a miles de contratistas
Decisiones presupuestales tomadas a fin de año destaparon un problema interno que hoy afecta a miles de trabajadores y servicios esenciales.
La Defensoría del Pueblo de Colombia lanzó una fuerte advertencia ante la reducción del presupuesto asignado en el proyecto de ley de gastos para 2026, una situación que terminó afectando el pago de más de 5.000 contratistas y defensores públicos, muchos de ellos clave para garantizar el acceso a la justicia en zonas vulnerables del país.
La alerta fue hecha por la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, quien explicó que los recursos necesarios para cumplir con los contratos estaban incluidos en la ley de presupuesto, pero finalmente no llegaron a tiempo antes de las fiestas de Navidad.
¿Qué pasó con el presupuesto?
Según Marín, el monto destinado a la Defensoría fue definido de manera unilateral por el Ministerio de Hacienda, sin considerar la solicitud original de la entidad, y quedó incluso por debajo de lo asignado a la institución para 2025.
La situación empeoró durante el trámite del proyecto en el Congreso, donde algunas proposiciones para incrementar el presupuesto fueron rechazadas, en parte porque se exigía un aval previo del Ministerio de Hacienda que nunca llegó.
El resultado: la entidad sufrió un recorte que explica por qué, a finales de diciembre, recibió la notificación de que más de 5.160 contratistas y defensores públicos quedarían sin el pago de sus honorarios, pese a que estos ya estaban comprometidos contractualmente.
¿Autonomía presupuestal?
— Iris Marín Ortiz (@MarnIris) December 28, 2025
1. El monto del presupuesto incluido en el proyecto de ley de presupuesto de 2026 para@DefensoriaCol fue definido unilateralmente por @MinHacienda. El monto incluido era menor al solicitado y menor al que se había asignado en 2025.
2. En el debate en… https://t.co/0qlJsECPzQ
¿Por qué es importante esta entidad?
La Defensoría del Pueblo no es solo otro organismo estatal: es la institución responsable de proteger y promover los derechos humanos de todos los colombianos, especialmente de quienes no pueden acceder a un abogado o a representación legal por falta de recursos.
Los defensores públicos, muchos de ellos contratistas, son quienes representan en los tribunales a personas que, de otra forma, quedarían sin defensa en procesos judiciales. Sin pagos oportunos, se pone en riesgo la continuidad de ese servicio y, por ende, el acceso a la justicia de miles de ciudadanos.
Consecuencias más allá de la nómina
La reducción del presupuesto no solo impacta la capacidad de pagar salarios. Organizaciones nacionales e internacionales han advertido que recortes de este tipo pueden debilitar la protección de los derechos humanos en Colombia, sobre todo en regiones afectadas por la violencia, el conflicto armado y las tensiones sociales.
De hecho, organismos como Human Rights Watch han señalado que la disminución de fondos limita la vigilancia de violaciones a los derechos humanos y reduce la presencia institucional en zonas donde más se necesita apoyo.
El llamado de la Defensora
En sus mensajes, Marín ha insistido en que la Defensoría seguirá buscando que los recursos se liberen y que los pagos se realicen lo antes posible, mientras plantea un cuestionamiento más profundo: ¿qué tan real es la autonomía presupuestal de una entidad constitucionalmente independiente cuando su financiamiento puede ser recortado sin mecanismos efectivos de defensa?
La semana entrante será clave, ya que esta discusión presupuestal continúa en el Congreso, y la Defensoría espera que se reconozca su papel esencial en el sistema de justicia y en la garantía de derechos para todos los colombianos.
