La crisis que vacía los salones: ¿por qué los colegios privados están desapareciendo?
Desde 2020, más de 800 colegios privados han cerrado en Colombia. Minuto60 indagó en los factores de esta fuerte crisis.

Durante años, la educación privada en Colombia fue sinónimo de estabilidad. Colegios familiares se convirtieron en un soporte del sistema educativo, en zonas donde la oferta pública era limitada. Hoy, ese panorama se ha transformado y, desde el fin de la pandemia, alrededor de 800 colegios privados han cerrado sus puertas en el país, una cifra que revela una crisis profunda y poco visible. En Bogotá, el impacto es aún más evidente y 35 instituciones dejaron de operar solo en el último año.
El cierre de colegios no es solo una estadística. Detrás de cada institución hay comunidades educativas completas: docentes, estudiantes, personal administrativo y familias que, de un momento a otro, deben reorganizar su vida escolar. Los actores del sector insisten en que se trata de un problema estructural, atravesado por cambios demográficos, presiones económicas y decisiones de política pública.

El cierre de colegios privados se ha acelerado desde la pandemia, especialmente en instituciones de barrio. Crédito: Colprensa
Para entender las causas de fondo, Minuto60 habló con Carlos Ramos, delegado de la Mesa de Rectores Privados de Bogotá, quien advierte que la discusión no puede reducirse a una supuesta pérdida de calidad o a una mala gestión interna. “Detrás de cada colegio privado hay una historia, familias empresarias educativas que hace décadas decidieron aportar al sistema”, señala.
Menos niños, más deserción y familias que se van
El cierre de colegios no responde a una sola causa. Desde el sector privado se identifican cuatro factores estructurales que, combinados, han puesto en jaque a cientos de instituciones. El primero es la caída de la natalidad, una tendencia que se acentuó desde 2020 y que afecta especialmente a los grados iniciales. Prejardín, jardín y transición son hoy los niveles más golpeados por la falta de estudiantes.
“La natalidad no es un factor que controlemos. Hay un cambio cultural claro: hoy muchas parejas priorizan otras decisiones de vida”, señala Ramos. Aunque el gasto en educación sigue siendo uno de los principales rubros de los hogares colombianos, el número de niños en edad escolar ha disminuido de manera sostenida.

Muchos colegios que han cerrado no eran de élite, sino instituciones que atendían a comunidades de estratos 1, 2 y 3. Crédito: Colprensa
A esto se suma la deserción escolar, sobre todo a partir de grado noveno. Según el delegado, la no obligatoriedad de los últimos años de educación media ha facilitado que muchos jóvenes abandonen el sistema. “Pareciera que queda en manos del muchacho decidir si quiere o no estudiar”, afirma. Durante la pandemia también proliferaron alternativas virtuales y modelos de educación en casa que, aunque no siempre cuentan con respaldo legal, siguen siendo una opción para algunas familias.
El tercer factor es la migración. Miles de familias han salido del país en los últimos años, llevándose consigo a estudiantes que antes hacían parte del sistema privado. El impacto es silencioso, pero constante, especialmente en colegios pequeños que dependen de cada matrícula para sobrevivir.
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El salario mínimo y un modelo financiero en tensión
El cuarto elemento, y uno de los más sensibles, es el aumento del salario mínimo, que en los últimos años ha crecido a un ritmo muy superior al de las pensiones escolares. Para los colegios privados, este desajuste ha generado un problema técnico que no estaba previsto en la normativa.
“Durante más de 30 años, la diferencia entre el aumento del salario y el alza de las pensiones era manejable: dos puntos arriba o abajo. Hoy hablamos de una brecha de casi 16 puntos”, explica Ramos. En algunos casos, la carga prestacional puede llegar al 81 %, lo que deja a las instituciones con un margen mínimo para operar.
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Así lo anunció el Presidente @PetroGustavo, al explicar que este monto se compone de un salario vital de $1.750.905 y un subsidio de transporte de $249.095, con el objetivo de mejorar el ingreso real y la calidad de vida de las… pic.twitter.com/gEKpjG3XPR
El problema se agrava porque los colegios deben proyectar sus costos con meses de anticipación. Para septiembre u octubre, los padres de familia ya conocen cuánto pagarán el año siguiente, mientras que las decisiones salariales se toman después. “No es que al padre de familia se le vaya a triplicar el costo, pero hay servicios ligados directamente a la educación —transporte, alimentación, plataformas, seguros— que también se encarecen”, señala.
Además, la morosidad en el pago de pensiones se ha convertido en otro obstáculo. Según Ramos, entre el 20 % y el 25 % de las pensiones entran en cartera morosa cada mes, lo que complica aún más el flujo de caja.
Pese al panorama, el sector insiste en que la educación privada sigue siendo una opción relevante. Tras la pandemia, muchos colegios invirtieron en infraestructura, capacitación docente y acompañamiento socioemocional. “Hemos reducido problemas de convivencia y fortalecido procesos como el bilingüismo. Por eso, muchas familias siguen confiando en nosotros”, concluye Ramos.
La crisis, sin embargo, sigue abierta. Mientras no se ajusten las reglas del juego a una nueva realidad demográfica y económica, los cierres podrían continuar. Y con ellos, desaparecerán no solo instituciones educativas, sino décadas de historia y un componente clave del sistema educativo colombiano.

La disminución de estudiantes en prejardín, jardín y transición ha golpeado con mayor fuerza a los colegios pequeños. Crédito: Colprensa
No son colegios de élite: son colegios de barrio
Uno de los puntos que el sector insiste en aclarar es que la crisis no afecta principalmente a instituciones exclusivas. Las cifras muestran otra realidad: el 87 % de los colegios privados de Bogotá atienden a estudiantes de estratos 1, 2 y 3, y más de la mitad no supera pensiones de 300.000 pesos mensuales.
“Tenemos muchísimos colegios en barrios populares, en cuadras donde el colegio público está al lado del privado, y aun así las familias deciden hacer el esfuerzo”, señala Ramos. En Bogotá, el sector privado atiende alrededor del 36 % de los estudiantes, pero concentra el 75 % de la infraestructura educativa, un dato que evidencia su peso en la cobertura del sistema.
Para el gremio, el cierre de un colegio privado no es solo la desaparición de una empresa, sino la pérdida de un actor clave en la mejora del nivel educativo de las ciudades. Son instituciones que han invertido en infraestructura, formación docente y acompañamiento socioemocional, y que han contribuido a reducir problemas de convivencia y a fortalecer procesos académicos como el bilingüismo.
“La educación privada no es sinónimo de privilegio”, concluye Ramos. Mientras no se ajusten las políticas públicas a esta nueva realidad demográfica y económica, advierte el sector, la crisis podría profundizarse y con ella desaparecer un componente esencial de la educación en Colombia.
En muchos casos, es una red de colegios de barrio que ha ayudado durante décadas a sostener y mejorar el sistema educativo del país.
Carlos Ramos, delegado de la Mesa de Rectores Privados de Bogotá
