¿Cambiar los medidores de agua en Bogotá les saldrá más caro a los usuarios? Acueducto responde
El cambio de medidores de agua desató preguntas sobre los contratos y sus costos. La gerente del Acueducto respondió a los señalamientos.
El cambio de medidores de agua en Bogotá abrió un cruce de señalamientos entre el activista Alejandro Palacio Restrepo y Natasha Avendaño, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).
Mientras el primero cuestionó el costo de los dispositivos y la modalidad de contratación de un programa que contempla renovar más de 300.000 equipos, la funcionaria defendió el proceso y aseguró que la iniciativa responde a necesidades de medición y seguridad hídrica de la ciudad.
¿Por qué cuestionan el precio de los medidores de agua en Bogotá?
En su primera publicación, Palacio afirmó que el cambio de más de 300.000 medidores representaría un negocio cercano a los $ 145.000 millones y que los usuarios terminarían asumiendo el costo a través de la factura del agua.
El denunciante señaló que cada dispositivo se cobraría a $276.000 y comparó ese valor con precios que, según dijo, encontró en establecimientos comerciales como Homecenter. A partir de esa comparación, cuestionó si la ciudad estaría pagando más de lo necesario por los equipos.
La gerente del Acueducto controvirtió esa comparación. Según Avendaño, los medidores que Palacio mostró en su video no cumplen las especificaciones técnicas exigidas por la empresa y, por tanto, no son comparables con los instalados en el marco de las alianzas estratégicas.
La funcionaria explicó que el valor cobrado al usuario corresponde al medidor, su instalación y los accesorios que eventualmente sean necesarios. También sostuvo que la empresa no traslada una utilidad al usuario por este concepto.
Para establecer si existe un sobrecosto, es necesario comparar equipos con las mismas características técnicas, garantías y condiciones de instalación. En su respuesta, Avendaño cuestionó la comparación presentada por Palacio, pero no detalló en el video el precio individual de cada modelo contratado.
¿Por qué el Acueducto no hizo una licitación pública?
Uno de los principales cuestionamientos de Palacio tiene que ver con la modalidad de contratación. El denunciante afirmó que los tres contratos se realizaron mediante alianzas estratégicas y sostuvo que un proceso competitivo abierto habría permitido la participación de más empresas y mejores condiciones económicas para Bogotá.
En su segundo video, le planteó cuatro preguntas a la gerente. Entre ellas, por qué un proceso de ese valor no se adelantó mediante una licitación pública, cuánto dinero se habría podido ahorrar con una competencia abierta y por qué no se publica de manera detallada cuánto cuesta cada medidor y cuánto recibe cada contratista.
Avendaño defendió el procedimiento de selección y entregó detalles sobre las actuaciones previas. Según su versión, el 21 de julio de 2025 la empresa publicó un requerimiento de información con plazo hasta el 8 de octubre de ese año. La gerente afirmó que fueron invitados 30 proveedores, respondieron ocho y se adelantaron verificaciones de requisitos, mesas técnicas y solicitudes de ofertas.
La funcionaria sostuvo que los aliados seleccionados cumplieron los criterios técnicos, jurídicos y financieros, además de acreditar experiencia y capacidad económica. También aseguró que los contratos están publicados en el portal de la EAAB y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop).
La explicación de la gerente expone el procedimiento que, según la empresa, se siguió para elegir a los contratistas. Para determinar si la modalidad utilizada se ajustó a las normas aplicables y si ofreció condiciones suficientes de competencia, es necesario revisar los documentos contractuales, los estudios previos y los criterios de evaluación.
¿Quién financia el cambio de medidores y quién lo paga?
Otro punto de la controversia es el origen de los recursos para ejecutar el programa.
Palacio cuestionó que los costos terminaran recayendo sobre los ciudadanos y afirmó que el proceso representa un negocio de gran magnitud para las empresas seleccionadas. Avendaño, por su parte, aseguró que los contratos no comprometen recursos propios de la EAAB ni implican desembolsos directos del presupuesto de la empresa.
Según la gerente, los aliados estratégicos aportan la financiación y asumen el riesgo de la ejecución. Sin embargo, explicó que el costo del medidor y de su instalación debe ser cubierto por el usuario, conforme a las disposiciones que regulan los servicios públicos domiciliarios.
La funcionaria citó cláusulas contractuales que, según dijo, establecen que los acuerdos no generan apropiaciones presupuestales ni compromisos de recursos propios de la empresa. También señaló que el costo del equipo no puede incluirse como uno de los componentes tarifarios del servicio, sino que se cobra bajo las condiciones previstas en la normativa aplicable.
Esto significa que, según la explicación de la EAAB, la financiación inicial de los contratos está a cargo de los aliados estratégicos, pero el usuario asume el costo del equipo y su instalación en los términos correspondientes. Para conocer cuánto debe pagar cada persona, es necesario precisar el modelo instalado, los conceptos incluidos en el cobro y las condiciones aplicables a cada caso.
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Medidores de agua en Bogotá. Crédito: Alcaldía de Bogotá.
¿Qué respondió la gerente sobre la dirección del contratista principal?
En su denuncia, Palacio afirmó que consultó la dirección registrada para el contratista principal y acudió al lugar, donde encontró una vivienda residencial. También dijo que intentó comunicarse con la empresa mediante llamadas y correos electrónicos, pero que no obtuvo respuesta.
A partir de ese hallazgo, cuestionó la capacidad del contratista para ejecutar un acuerdo cuyo valor, según su publicación, se acerca a los $ 110.000 millones.
Avendaño respondió que un consorcio no necesita tener personería jurídica propia y que su capacidad debe evaluarse con documentos como el Registro Único de Proponentes (RUP), los estados financieros y la experiencia de sus integrantes.
La gerente aseguró que los aliados seleccionados acreditaron las condiciones técnicas, jurídicas y financieras exigidas para asumir los contratos. En consecuencia, defendió que la evaluación no depende únicamente de la dirección registrada por el consorcio.
La ubicación de una empresa, por sí sola, no demuestra una irregularidad ni acredita su capacidad para ejecutar un contrato. Para contrastar este punto es necesario revisar la documentación presentada por los integrantes del consorcio, los requisitos de habilitación y los soportes de experiencia y capacidad financiera.
¿Los usuarios están obligados a cambiar su medidor de agua?
La denuncia también abrió preguntas sobre los derechos de los ciudadanos frente a la sustitución de sus dispositivos.
Palacio aseguró que los usuarios tienen derechos que deben conocer y anunció que compartiría información sobre el procedimiento. Avendaño, en respuesta, afirmó que quienes prefieran comprar su propio medidor pueden hacerlo, siempre que el equipo cumpla las especificaciones técnicas exigidas por la empresa y las normas vigentes.
La gerente relacionó la renovación con el artículo 144 de la Ley 142 de 1994 y el Decreto 1077 de 2015, normas que mencionó al explicar las condiciones para el suministro y el costo de los medidores.
No obstante, la posibilidad de comprar un equipo por cuenta propia no resuelve por sí sola todas las dudas sobre la obligación de cambiarlo, los casos en que procede la sustitución y la forma en que se determina el cobro. Para orientar a los usuarios, la EAAB debe precisar las condiciones aplicables y los mecanismos disponibles para presentar reclamaciones.
Natasha Avendaño, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Crédito: Colprensa.
¿Por qué el Acueducto defiende la renovación de los medidores?
Avendaño explicó que el programa busca mejorar la precisión de la medición del consumo y reducir las pérdidas comerciales de agua en Bogotá.
Según la gerente, cerca del 33 % del agua producida por la ciudad se pierde y el 67 % de esas pérdidas corresponde a componentes comerciales. Es decir, de acuerdo con su explicación, se trata de agua que no necesariamente se desperdicia físicamente, pero que no se cobra o no se registra de manera adecuada.
La funcionaria atribuyó parte de esa situación al envejecimiento del parque de medidores y a equipos que no registran correctamente el consumo. También relacionó el programa con las exigencias regulatorias para reducir las pérdidas de agua y con la estrategia de seguridad hídrica de la ciudad.
Avendaño sostuvo que el problema no fue atendido suficientemente por administraciones anteriores y afirmó que la renovación busca corregir esa situación. Además, indicó que la empresa informó sobre el proceso a la Personería de Bogotá en marzo, luego de que esa entidad hubiera llamado la atención sobre aspectos relacionados con la precisión de la medición.
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¿Qué sigue tras la denuncia y la respuesta de la gerente?
Palacio afirmó que pidió a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Industria y Comercio que revisen los hechos que expuso en sus videos. El estado y el alcance de esas solicitudes deben confirmarse ante los organismos correspondientes.
Por su parte, Avendaño rechazó las acusaciones de presuntos negocios irregulares y aseguró que los contratos son públicos y que los funcionarios de la empresa trabajan para garantizar la prestación del servicio de agua potable.
La controversia deja varios asuntos por contrastar: el valor individual de los equipos, las especificaciones técnicas que justifican su precio, la modalidad de selección de los aliados, los documentos que respaldan su capacidad y las condiciones bajo las cuales se cobra el cambio a los usuarios.
La revisión de los contratos y una explicación detallada de la EAAB sobre esos puntos serán claves para que los ciudadanos puedan evaluar los señalamientos y las respuestas con información verificable.
