¿Por qué Petro quiere frenar la expansión urbana en la Sabana de Bogotá? Estas son las razones
El presidente Gustavo Petro firmó el polémico decreto con el que su Gobierno busca cambiar el futuro de la Sabana de Bogotá.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó este sábado el Decreto 0545 del 29 de mayo de 2026, mediante el cual se establecen nuevos lineamientos ambientales para la Sabana de Bogotá.
El mandatario aseguró que la medida representa una oportunidad decisiva para proteger uno de los ecosistemas más importantes del país, frente a la expansión urbana y la especulación inmobiliaria.
A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado afirmó que la Sabana enfrenta un proceso acelerado de deterioro ambiental y señaló que el crecimiento de Bogotá no debe seguir orientándose hacia la ocupación de áreas rurales y ecosistemas estratégicos.
"Creen que Bogotá se desarrolla expandiendo más sus edificios en la Sabana, cuando deberían concentrarse en la propia área central de la ciudad. La gente que hoy vive en la zona de Torca, al extremo norte de Bogotá, ya sabe cómo se degrada la calidad de vida en trayectos de 4 horas, ida y vuelta, para dormir en casa", subrayó.
Petro explicó que la ampliación de vías como la autopista Norte no resuelve los problemas de movilidad y, por el contrario, contribuye a la afectación de humedales, reservas forestales y suelos fértiles.
Trino del presidente Gustavo Petro sobre el decreto para administrar la Sabana de Bogotá. Crédito: redes sociales.
¿Qué establece el decreto?
Después de una espera de 30 años, fue expedido el Decreto que establece las "Directrices Ambientales de la Sabana de Bogotá", que ordena el territorio alrededor del agua y protege los ecosistemas estratégicos de la región.
El decreto fue construido con la participación de cerca de 24.000 personas en 169 espacios de diálogo liderados por el Ministerio de Ambiente, la CAR, la Gobernación de Cundinamarca y las alcaldías de la región.
El documento responde a un diagnóstico crítico: el 78,6 % de la Sabana presenta algún nivel de afectación en su integridad ecológica, el 61 % de las áreas protegidas registra un estado de integridad ecológica bajo o muy bajo, y más del 50 % del territorio enfrenta alta presión por uso y vulnerabilidad del agua.
Las directrices constituyen normas de superior jerarquía para los procesos de ordenamiento territorial y deberán ser incorporadas por las entidades territoriales.
Sus cinco ejes temáticos abarcan la conservación de la biodiversidad y adaptación al cambio climático, la gestión integral del agua, la protección del suelo, la infraestructura sostenible y la gobernanza con saberes ancestrales del pueblo muisca.
Entre las medidas concretas, el decreto estableció un plazo de 24 meses para actualizar la cartografía de bosques andinos y humedales, acotar la ronda hídrica del río Bogotá y ordenar el cierre definitivo de minería en zonas no compatibles con usos ambientales.
Para el río Bogotá y las aguas subterráneas, el análisis sobre el posible agotamiento de corrientes hídricas deberá adelantarse en 18 meses.
El instrumento también reconoce la importancia de los sitios sagrados del pueblo muisca y establece que los nuevos proyectos de infraestructura deberán evitar desde su fase de prefactibilidad superponerse con áreas de especial importancia ecosistémica, promoviendo además la renaturalización de ríos urbanos y la priorización del transporte férreo y eléctrico.
