Actualizado 26 de agosto de 2025 - 5:05 p. m.
Vigencias futuras: Ocampo y otros exministros se meten en la discusión por la infraestructura
Este martes se conoció una nueva carta en contra del proyecto de decreto que pretende modificar la asignación de recursos.
Periodista Digital
Exministro de Gustavo Petro firma carta sobre vigencias futurasCrédito: Colprensa
El presidente Gustavo Petro ha insistido, durante su gobierno, en que los recursos asignados para financiar grandes proyectos de infraestructura deberían destinarse a otros programas. En los últimos meses, incluso, llegó a plantear a sus ministros que necesita ese dinero para que cumplan el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 en el año de administración que les queda.
Esa crítica se materializó en un proyecto de decreto a finales de julio que plantea que el dinero de las vigencias futuras destinado a proyectos que el gobierno considere retrasados se puedan utilizar para financiar otros programas públicos.
Este martes, un grupo de exministros entre los que se encuentra José Antonio Ocampo le envió una carta al presidente Gustavo Petro advirtiendo que el proyecto, si se convierte en un decreto expedido, podría ser inconstitucional y afectar a uno de los proyectos bandera de la actual administración.
¿Qué son las vigencias futuras?
Son compromisos de recursos que adquiere el gobierno nacional para asegurar el cierre financiero de proyectos que considera estratégicos. Con este mecanismo, el gobierno reserva partes de los presupuestos nacionales de los años siguientes.
Según las cuentas del Ministerio de Hacienda publicadas en el marco fiscal de mediano plazo de 2025, para el periodo comprendido entre 2026 y 2035 la Nación debe $ 178 billones en vigencias futuras. De ese monto, la gran mayoría, $ 148 billones, está asignado a proyectos del sector transporte, la mayoría de ellos para infraestructura que mejore el transporte terrestre.
En este caso, las vías construidas con el mecanismo de asociaciones público privadas (APP) funciona con una inversión inicial de los constructores e inversionistas, incluidos fondos pensionales y ahorradores colombianos que tienen dinero en fondos mutuos o carteras colectivas, que financia el desarrollo de la obra aprobada, al cabo de la cual los inversionistas reciben el pago más las ganancias por su inversión gracias a los peajes que tenga la vía construida y al pago del gobierno, en la cantidad en la que se haya comprometido.
En relación con la declaración del presidente Gustavo Petro, en el consejo de ministros de ayer, la CCI @camaradelainfra hace las siguientes precisiones y rectificaciones:
— Juan Martin Caicedo (@JMCaicedoFerrer) April 22, 2025
1. Todos los proyectos de concesión, de 4ª y 5ª generación, están cumpliendo cabalmente las actividades y…
Las advertencias
Por eso, ahora tanto la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) como ocho exministros de Hacienda y de Transporte del país han enviado al gobierno sus cartas con advertencias y preocupaciones por el proyecto de decreto.
Ambas partes coinciden en advertir que un cambio en el pago de las vigencias futuras vulneraría los derechos y las expectativas de los ahorradores colombianos, sin contar con las consecuencias jurídicas de cambiar, unilateralmente, las condiciones de los contratos firmados.
Los exministros, entre quienes están Juan Carlos Echeverry, Ángela María Orozco y José Antonio Ocampo, advierten además que este movimiento podría jugarle en contra al mismo gobierno.
La explicación es que uno de los proyectos bandera de la actual administración en el caso de la infraestructura es la vía El Estanquillo - Popayán, que depende en 97 % de financiación mediante vigencias futuras.
el periodo del presidente Petro finaliza en menos de un año y por ello el próximo mandatario -al amparo del mismo decreto, si es expedido- quedaría facultado para redistribuir los recursos de esta iniciativa, lo cual afectaría su cabal ejecución
Por su parte, la CCI advierte que “cualquier modificación en el presupuesto, sin justificación técnica y legal, va en detrimento del propio Estado, afecta la confianza inversionista, defrauda el principio de transparencia -que debe primar en una relación contractual- y limita por ende las posibilidades de generar valor agregado, competitividad y desarrollo económico”.
