El contrato de los pasaportes costará $ 1,3 billones, ¿de dónde saldrán?

El contrato que firmaron la Cancillería y la Imprenta Nacional de Colombia con la Casa de la Moneda e Imprenta de Portugal incluye un plan de pago a 10 años que, dice el contrato, se daría con vigencias futuras, el mecanismo que tiene el gobierno para programar en presupuestos futuros el pago de algunas obligaciones. 

La firma del convenio generó incluso una publicación a modo de celebración por parte del jefe del despacho presidencial, Alfredo Saade, quien añadió que “Colombia jamás se quedará sin pasaportes”. 

#AEstaHora firmamos con Portugal el proyecto de producción de las tarjetas de pasaporte y personalización de los mismos.
Entramos en el proceso de transición.
Hemos cumplido; Colombia 🇨🇴 jamás se quedará sin pasaporte, por el contrario, seremos productores para las naciones. pic.twitter.com/MFjMMth42e

— pastor saade (@alfredosaadev) July 29, 2025

Sin embargo, por ahora, lo que no está claro es de dónde saldrán los $ 1,3 billones que Colombia le pagará a Portugal entre 2026 y 2036 por su apoyo técnico para la producción de los pasaportes en la Imprenta Nacional. 

El documento firmado entre ambas partes dice que el dinero se dividirá en 10 años de vigencias futuras, empezando en 2026 con $ 82.237 millones y la última cuota sería de $ 38.751 millones en 2036. Las vigencias futuras son, palabras más, palabras menos, compromisos que deben incluirse en el presupuesto del año señalado. 

El presupuesto de 2026

Para el próximo año, según el proyecto de presupuesto que el gobierno espera que le apruebe el Congreso, el Ministerio de Hacienda tendrá, entre sus múltiples obligaciones, $ 1,7 billones para “fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional del sector relaciones exteriores”. 

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En otra parte del documento presentado antes de la firma del convenio entre las imprentas de Colombia y Portugal, el presupuesto indica una partida de $ 1 billón para todo el año para el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, que incluye una asignación de $ 46.201 millones para “política migratoria y servicio al ciudadano” y otros $ 61.482 millones para “gestión institucional”. 

Ese fondo rotatorio es el encargado de ejecutar muchas de las tareas de la Cancillería. De hecho, tiene una asignación presupuestal mayor que el mismo ministerio, que según el proyecto para el próximo año tendría $ 788.256 millones para funcionar. 

Vigencias futuras

Pero el convenio es claro: se usarán vigencias futuras. Para ello, el fondo rotatorio debe pedir autorización al Consejo de Política Fiscal (Confis), un órgano de decisión del Ministerio de Hacienda, una autorización. 

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Sin embargo, antes de la firma del convenio el Confis solo tenía publicada el acta de una autorización para el fondo: desaplazar $ 30.000 millones para el pago de un bono no constitutivo de salario a los empleados de la Cancillería. Según el documento, sin impacto fiscal pues ya había asignada una fuente para esos recursos. 

Colombia, según el marco fiscal de mediano plazo (MFMP) que hizo el mismo Ministerio de Hacienda, ya tiene $ 178 billones comprometidos en vigencias futuras que debe pagar entre 2026 y 2035. De ellas, la mayoría, $ 168 billones, se autorizaron para proyectos de inversión como la construcción de carreteras o de centros educativos. 

Vigencias Futuras de Colombia para el periodo 2026-2035 Fuente: DANE

Pero además de la abultada deuda pública, entre 2026 y 2036, los mismos años del plan de pago a Portugal, el país ya debe pagar $ 134,3 billones que es una cantidad de dinero más alta que el presupuesto de deuda pública para el próximo año. 

Infraestructura es el rubro en el que más vigencias futuras se han aprobado. Por eso, recientemente el Ministerio de Hacienda publicó para comentarios un proyecto de decreto que busca cambiar los pagos de vigencias futuras aprobadas en ese sector para, según la explicación del gobierno, darle prioridad a gasto social.

 El sector constructor ya ha advertido que esto podría tener implicaciones financieras para los proyectos, pero también legales para el país al incumplir sus contratos. Y a eso se suma el riesgo que representa para el ahorro pensional que está, en parte, invertido en esos mismos proyectos. Lo que no es claro por ahora es si esas vigencias futuras para los pasaportes entrarían dentro de ese gasto social para el que el gobierno quiere desviar una deuda ya contraída.

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