Polémica en elección del contralor: aspirantes acuden a tutela y denuncian irregularidades

El proceso para elegir al sucesor de Carlos Hernán Rodríguez en la Contraloría General avanza en medio de cuestionamientos, reclamaciones y posibles acciones judiciales. Actualmente, ya existe una lista de 20 aspirantes preseleccionados que obtuvieron los mejores puntajes en la evaluación de hoja de vida y prueba de conocimientos, pero la fase final del proceso ha generado controversia entre varios participantes.

Entre los nombres destacados en esta etapa se encuentran Luis Enrique Abadía, contralor delegado para la Gestión Pública; Andrés Castro, personero de Bogotá; Ana Elena Monsalvo, contralora delegada para Economía y Finanzas Públicas, y Carlos Mario Zuluaga, exvicecontralor. Esta lista será reducida a 10 candidatos por una comisión accidental del Congreso, que será conformada el 11 de mayo.

Cabe recordar que Minuto60 tuvo acceso anticipado a las primeras clasificaciones con los puntajes obtenidos por los aspirantes a la Contraloría General de la Nación 2026-2030. Estos resultados permiten establecer no solo un ordenamiento técnico de los participantes, sino también una lectura política sobre uno de los cargos más relevantes dentro del control fiscal en Colombia.

De acuerdo con lo previsto, seis días después se conocerá el grupo definitivo de finalistas. Posteriormente, en las primeras sesiones de la nueva legislatura, el Congreso elegirá al nuevo Contralor General por mayoría absoluta para un periodo de cuatro años.

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El nuevo contralor general reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez Becerra en el cargo. Colprensa

Sin embargo, el proceso ya enfrenta cuestionamientos formales. Según estableció EL TIEMPO, cerca de 35 aspirantes han presentado reclamaciones ante la Universidad de Cartagena, institución encargada de aplicar las pruebas del concurso. Además, varios de ellos preparan acciones de nulidad, restablecimiento del derecho e incluso tutelas para intentar frenar la elección.

Denuncias y cuestionamientos al proceso

Uno de los principales puntos de inconformidad está relacionado con la selección de la Universidad de Cartagena como entidad encargada del proceso. Según los reclamantes, el procedimiento habría sido acelerado y con posibles vacíos administrativos.

El 30 de enero, el Congreso expidió la resolución 004 en la que se oficializó la elección de dicha universidad, tras evaluar otras tres propuestas, incluida la Universidad de Antioquia. Sin embargo, ese mismo día surgieron alertas internas sobre la falta de validación documental.

La directora del Senado, Astrid Salamanca, envió una comunicación a la mesa directiva del Congreso en la que advirtió que no se había recibido respuesta sobre la verificación de documentos por parte de la Universidad de Cartagena. Según el documento citado por el medio mencionado, “pese a los intentos de comunicación realizados entre las 14:00 y las 14:30 horas, la solicitud de información fue reiterada por correo electrónico a las 19:00, 21:00 y 22:00 horas del mismo día”.

Además, Salamanca advirtió que no se contaba con soportes jurídicos, documentales ni presupuestales suficientes para avanzar en la fase precontractual del proceso.

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Estos son los puntajes de los aspirantes tras la evaluación de sus hojas de vida por parte de la Universidad de Cartagena. Cortesía

Reclamos por pruebas y posible vulneración del debido proceso

Entre los aspirantes que han presentado reclamaciones se encuentran Roque Conrado, exviceministro de Justicia; Hélmer Fernando Cabrera, director de estudios sectoriales de la Contraloría; Rodolfo Zea, excontralor delegado y exministro, y Carlos Abel Saavedra Zafra, funcionario de carrera.

Los reclamantes coinciden en señalar posibles fallas en la metodología de evaluación, especialmente en el diseño y validación de las pruebas de conocimiento, lo que podría afectar la transparencia y objetividad del proceso.

El abogado Carlos Mario Isaza, también participante del concurso, afirmó a EL TIEMPO que una de las principales inconformidades es que la evaluación estaría orientada a favorecer ciertos perfiles profesionales.

Por su parte, el exviceministro Conrado sostuvo que el examen no habría respetado los ejes temáticos definidos. “El cargo de Contralor es interdisciplinario y muchas de las preguntas estaban diseñadas para que solo los abogados pudiesen responderlas”, señaló.

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Otro de los puntos de controversia es el manejo de las pruebas escritas. Según los aspirantes, los exámenes fueron resueltos con lápiz borrable y no se entregó copia de las respuestas, lo que dificulta su verificación posterior.

Se les impide a los aspirantes conservar copia o registro de las respuestas. Estas fueron retenidas por la entidad sin que se conozca cadena de custodia y controles.

Indicaron algunos reclamantes

Acciones legales en curso

Ante estas presuntas irregularidades, varios aspirantes evalúan acudir a la justicia. Las acciones incluyen demandas de nulidad parcial o total del proceso, solicitudes de restablecimiento de derechos y la posible presentación de tutelas para frenar la elección.

En un primer pronunciamiento, Lalia Blanquicett, coordinadora del contrato con la Universidad de Cartagena, respondió a las reclamaciones señalando que “después de una revisión detallada (...) no es procedente la reclamación”.

Este medio consultó a la Universidad de Cartagena sobre el proceso y desde la institución informaron que Blanquicett es la única vocera autorizada, aunque actualmente se encuentra en permiso. También se intentó obtener respuesta del presidente del Senado, Lidio García, pero al cierre de esta edición no hubo pronunciamiento oficial.

Mientras tanto, el proceso de elección del nuevo Contralor General continúa su curso, aunque cada vez con más cuestionamientos por parte de los aspirantes que buscan, a través de la vía judicial, frenar o modificar el resultado final.