No sería la primera suspensión de un cargo para Petro: El Presidente y su historial
De concretarse la suspensión provisional de Gustavo Petro se sumaría a un extenso historial de sanciones disciplinarias y fiscales.
Mientras el Presidente, Gustavo Petro, se encuentra en Estados Unidos, este miércoles 10 de junio de 2026 la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, emitió un auto con el que busca suspenderlo del cargo, lo que generó una tormenta política a pocos días de la segunda vuelta presidencial.
El documento ordena la suspensión provisional del primer mandatario hasta el 21 de junio de 2026 bajo acusaciones de presunta intervención en política según la Ley 1952 de 2019. Esta situación ha generado una fuerte reacción institucional por parte de figuras clave del Gobierno y el Congreso quienes denuncian la falta de competencia de dicha instancia legislativa para apartar al Jefe de Estado de sus funciones.
El Ministro del Interior Armando Benedetti fue uno de los primeros en manifestar su rechazo argumentando que el procedimiento carece de validez jurídica. Benedetti manifestó que "en derecho no existe que la Comisión de Acusaciones pueda suspender al Presidente porque es una comisión de instrucción" y añadió que el organismo no tiene esa facultad "y menos la voluntad de una sola representante".
Por su parte la senadora Angélica Lozano calificó la decisión como una "absurda resolución firmada por la presidenta de la comisión de acusaciones" señalando que según el artículo 194 de la Constitución Nacional "sólo el senado puede suspender o destituir al presidente de la república".
En derecho, no existe que la Comisión de Acusaciones pueda suspender al Presidente porque es una comisión de instrucción. Solo el Senado es quien puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente. Luego la Comisión de…
— Armando Benedetti (@AABenedetti) June 10, 2026
¿Cuáles son los antecedentes de sanciones en la vida política de Gustavo Petro?
Esta no sería la primera ocasión en que el actual mandatario se ve forzado a abandonar temporalmente un cargo de elección popular por decisiones de entes de control administrativo.
El episodio más recordado ocurrió el 9 de diciembre de 2013 cuando la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación confirmó una sanción de destitución e inhabilitación por 15 años. En aquel momento Petro ejercía como Alcalde Mayor de Bogotá y el proceso se originó por presuntas irregularidades en la implementación de un nuevo modelo de aseo en la ciudad.
La investigación de 2013 incluyó tres cargos graves relacionados con la suscripción de contratos interadministrativos con empresas sin experiencia y la expedición de decretos que supuestamente vulneraban la libre competencia.
Debido a este fallo Petro estuvo separado de su cargo por algo más de un mes lo que según la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituyó una afectación a sus derechos políticos y a los de sus electores. Aunque el Consejo de Estado suspendió finalmente la sanción y ordenó su restitución en marzo de 2015 el proceso dejó una huella en su carrera.
Posteriormente, el 27 de junio de 2016, el mandatario enfrentó otra sanción de la Procuraduría mientras aún se resolvían los ecos de su paso por la Alcaldía. En esa ocasión se le impuso una suspensión de 12 meses e inhabilitación especial por una falta grave relacionada con la expedición del Decreto No. 364 que modificaba las normas urbanísticas de la capital. El ente de control consideró que el funcionario se excedió en sus funciones al emitir dicha norma bajo un título de dolo.
Sanciones fiscales contra Petro
A este historial disciplinario se suman las sanciones de carácter fiscal interpuestas por la Contraloría Distrital de Bogotá que en su conjunto llegaron a superar el billón de pesos. Entre estas destacan la multa de más de 217.000 millones de pesos por la reducción de las tarifas de TransMilenio durante su administración municipal.
El organismo fiscal alegó que la disminución injustificada de los precios generó un déficit presupuestal en el sistema de transporte. También se registraron fallos por la recompra de acciones de la Transportadora de Gas Internacional y por la compra de camiones recolectores de basura que presentaron fallas mecánicas y que nunca llegaron a usarse.
Muchas de estas medidas fiscales fueron objeto de largas batallas jurídicas en el sistema contencioso administrativo. El Consejo de Estado ratificó en diversas instancias la suspensión provisional de los efectos de estas sanciones fiscales permitiendo que Petro continuara su carrera política y llegara al Senado y posteriormente a la Presidencia.
Las altas cortes determinaron que algunas conductas atribuidas como culpa grave no cumplían con los requisitos legales necesarios para ser tramitadas como responsabilidad fiscal.
La sentencia que salvó a Petro
El panorama jurídico de Gustavo Petro cambió radicalmente tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida el 8 de julio de 2020.
El tribunal internacional resolvió que el Estado colombiano violó los derechos políticos del entonces senador al permitir que una autoridad administrativa como la Procuraduría impusiera sanciones de inhabilitación a funcionarios electos popularmente. La sentencia estableció que tales restricciones solo pueden derivar de una condena emitida por un juez competente en un proceso penal.
A pesar de este precedente internacional el intento de este miércoles 10 de junio de suspenderlo plantea un nuevo reto procesal. La medida cautelar adoptada por la Representante Investigadora Gloria Elena Arizabaleta se fundamenta en el riesgo de que la permanencia en el cargo permita la reiteración de la presunta falta disciplinaria, en plena campaña electoral.
