Gobierno presentará una nueva agenda legislativa con seis medidas y reformas clave
Gobierno presentará seis medidas para fortalecer la transparencia, acercar el poder a las regiones y responder al sismo del 10 de agosto.
El Ministerio del Interior presentará en este mes ante el Congreso un paquete de iniciativas que busca modificar la relación entre el Gobierno nacional, las regiones y la ciudadanía, además de establecer medidas de emergencia para atender las consecuencias del sismo del 10 de agosto.
La agenda contempla seis medidas, entre proyectos de ley, reformas constitucionales, decretos regulatorios y decretos legislativos de emergencia. El paquete está organizado alrededor de tres objetivos: acercar el poder nacional a los territorios, aumentar la transparencia sobre las decisiones públicas y acelerar la respuesta estatal frente a la emergencia provocada por el sismo.
Entre las propuestas se encuentran una ley de experimentación territorial, un paquete de medidas de transparencia y probidad para el Congreso, la creación de Barranquilla como capital alterna de la República, un sistema de delegados del Gobierno nacional en las regiones y dos decretos de emergencia relacionados con la reconstrucción de servicios esenciales y la intervención de cementerios afectados por el terremoto.
¿Qué busca permitir el Gobierno en los territorios?
Uno de los proyectos plantea crear una figura que actualmente no existe en el ordenamiento colombiano: los programas de experimentación territorial.
La propuesta permitiría que un municipio o departamento solicite probar durante un periodo determinado una forma distinta de ejercer una competencia que actualmente está en manos de la Nación. El objetivo es que, antes de extender un cambio a todo el país, se pueda evaluar su funcionamiento en un territorio específico y tomar una decisión con base en resultados.
El Ministerio del Interior plantea esta alternativa ante las diferencias de capacidad institucional, fiscal y técnica que existen entre las entidades territoriales. De acuerdo con el documento, el modelo actual deja pocas posibilidades entre transferir una competencia de manera definitiva o mantenerla completamente en manos de la Nación.
Con el nuevo mecanismo, los territorios que consideren tener las capacidades necesarias podrían solicitar participar voluntariamente en un programa piloto. La iniciativa tendría que contar con recursos suficientes, indicadores de evaluación y un plazo definido.
La propuesta establece que cada programa debería ser autorizado mediante una ley, con una ruta que incluye la participación del Concejo municipal o la Asamblea departamental, la revisión de la Comisión de Ordenamiento Territorial, la expedición de las normas correspondientes y posteriormente la ejecución y evaluación del piloto.
En principio, los programas podrían durar hasta ocho años y ser prorrogados o modificados por un periodo adicional de hasta cuatro años. Al finalizar, habría tres alternativas: extender la competencia, modificar o prolongar el programa, o abandonarlo y regresar al esquema anterior.
El proyecto también contempla límites. Los experimentos no podrían afectar derechos o libertades fundamentales, suspender normas constitucionales o estatutarias, modificar las reglas tributarias, aduaneras o de orden público, ni generar discriminaciones injustificadas.
Reforma busca hacer públicos los intereses, el lobby y la gestión de los congresistas
Otro de los componentes centrales de la agenda está relacionado con la transparencia y la probidad legislativa.
El Ministerio del Interior propone pasar de un modelo en el que la información está dispersa a un sistema de registros públicos que permita seguir el proceso de formación de las leyes y conocer los intereses que rodean las decisiones del Congreso.
La propuesta contempla tres instrumentos principales: una reforma constitucional, una ley orgánica sobre intereses y postulaciones y una ley para regular el cabildeo o lobby.
Uno de los objetivos es diferenciar entre un verdadero conflicto de intereses y otros vínculos que pueden ser relevantes para la ciudadanía, pero que no necesariamente impiden que un congresista participe en una discusión.
También se busca establecer reglas para la gestión de proyectos de inversión destinados a las regiones. Según el proyecto, un congresista podría postular formalmente una iniciativa para su territorio sin que esto constituya por sí mismo un conflicto de intereses, siempre que cumpla determinadas condiciones.
Entre esas condiciones estaría que el congresista no intervenga posteriormente en la contratación, adjudicación, ejecución, pagos, supervisión o interventoría del proyecto. Además, la postulación tendría que quedar registrada públicamente.
La iniciativa contempla la creación de un registro electrónico, gratuito y de consulta libre, administrado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Allí se incluirían las declaraciones de intereses, la financiación electoral registrada, la representación sectorial o territorial, la postulación de proyectos y el seguimiento de esas iniciativas.
El proyecto también plantea ampliar las circunstancias que podrían generar pérdida de investidura, entre ellas participar teniendo un conflicto de intereses, ocultar o falsear información en la declaración pública o gestionar proyectos que no hayan sido registrados.
¿Qué tendrían que declarar los congresistas?
La propuesta establece un listado de información que tendría que quedar disponible para consulta pública.
Entre los datos se encuentran las actividades económicas y profesionales desarrolladas durante los cuatro años anteriores, las participaciones societarias y los cargos directivos. También se incluyen determinadas acreencias, los aportes y créditos de campaña y los beneficiarios finales de esos recursos.
Además, los congresistas tendrían que reportar regalos, viajes y patrocinios que superen los dos salarios mínimos legales mensuales vigentes por fuente.
El paquete también plantea regular el cabildeo. Las personas u organizaciones que actúen como cabilderos tendrían que inscribirse antes del primer contacto e identificar a quién representan, sus beneficiarios finales, los asuntos sobre los que realizan gestión y los contratos de representación.
La propuesta incluye informes semestrales, agendas públicas y una denominada huella legislativa, mediante la cual las ponencias tendrían que identificar las audiencias realizadas, las organizaciones escuchadas y los documentos aportados por terceros.
Sin embargo, el proyecto establece excepciones. No tendrían que registrarse como cabildeo los derechos de petición individuales, las audiencias públicas, las actividades académicas o periodísticas ni las comunicaciones personales que no hagan parte de una estrategia organizada.
Barranquilla sería reconocida como capital alterna de Colombia
La agenda también incluye un proyecto de acto legislativo para establecer constitucionalmente a Barranquilla como capital alterna de la República.
La propuesta no plantea reemplazar a Bogotá como capital del país. Por el contrario, el texto contempla expresamente que Bogotá mantenga su condición de Distrito Capital y capital de la República.
Lo que se busca es permitir que los órganos y entidades del orden nacional puedan sesionar, deliberar, adoptar decisiones y ejercer sus funciones desde Barranquilla, de acuerdo con las reglas que posteriormente establezca la ley.
La medida pretende resolver, según el documento, una situación de centralización en la que buena parte de la actividad institucional nacional continúa concentrada en Bogotá.
Con la reforma, consejos de ministros, audiencias, sesiones y otras actuaciones podrían desarrollarse desde Barranquilla con plena validez jurídica.
El proyecto establece que el Congreso tendría dos años para expedir una ley que determine cuáles funciones podrían ejercerse desde la capital alterna, cómo operarían las sedes alternas y cuáles serían las condiciones administrativas, presupuestales, de infraestructura y seguridad.
También se establecerían mecanismos de compensación para Barranquilla por las cargas asociadas a esta nueva condición.
La propuesta es facultativa: no ordena trasladar ministerios ni entidades, tampoco elimina competencias de Bogotá ni modifica el sistema de pesos y contrapesos.
Gobierno plantea crear delegados regionales para coordinar a las entidades nacionales
Otro de los cambios está relacionado con la presencia del Gobierno nacional en las regiones.
El Ministerio del Interior propone crear una Dirección General de Delegados encargada de coordinar la actuación territorial de las entidades de la Rama Ejecutiva nacional.
La iniciativa parte de un diagnóstico: diferentes entidades llegan a los territorios con agendas separadas, inversiones que no necesariamente están coordinadas y convocatorias que pueden superponerse. Esto, según el documento, puede dificultar la gestión de alcaldes y gobernadores frente al Gobierno nacional.
Los delegados funcionarían como un interlocutor del Gobierno nacional en cada región y tendrían la tarea de convocar a las entidades involucradas en determinados proyectos, establecer compromisos y hacer seguimiento a las respuestas.
Por ejemplo, si una obra requiere la participación de varias entidades nacionales, el delegado tendría la responsabilidad de reunirlas en una misma mesa y coordinar el proceso.
La propuesta contempla además un Registro Nacional de Iniciativas Territoriales, en el que gobernadores, alcaldes, áreas metropolitanas y esquemas asociativos podrían presentar propuestas para que fueran clasificadas y remitidas a las entidades competentes.
El documento establece que los delegados no reemplazarían a alcaldes, gobernadores ni a las entidades nacionales con competencias específicas. Tampoco podrían tomar decisiones técnicas, contractuales, presupuestales, regulatorias o sancionatorias que correspondan a otras autoridades.
Gobierno propone acelerar reconstrucción de agua, energía y saneamiento tras el sismo
Las dos últimas medidas de la agenda están relacionadas directamente con el sismo del 10 de agosto de 2026.
Una de ellas busca acelerar la reconstrucción de servicios esenciales como agua potable, energía y saneamiento básico en los municipios afectados.
El punto central de la propuesta es permitir que determinadas obras puedan comenzar sin agotar previamente el trámite de consulta previa, pero únicamente bajo condiciones específicas y durante el tiempo que dure la reconstrucción.
El documento explica que algunas de las obras necesarias se encuentran en territorios de comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras o del pueblo Rrom, donde existe el deber de realizar consulta previa.
La propuesta sostiene que el problema en la emergencia está relacionado con los tiempos que puede tomar ese procedimiento frente a la necesidad inmediata de restablecer servicios básicos.
Por ello, el decreto plantea una habilitación transitoria y condicionada. Solo podría utilizarse cuando se determine, caso por caso, que realizar la consulta agravaría o prolongaría los efectos de la emergencia y que no existe otra alternativa ordinaria que permita proteger oportunamente la vida, la salud y los servicios esenciales.
Además, la medida estaría limitada territorialmente a las zonas afectadas por el sismo y solo permitiría intervenir infraestructura que ya existía.
Es decir, la habilitación estaría destinada a reconstruir lo que había antes del desastre y en el mismo lugar, sin utilizar la emergencia para crear nuevas obras o cambiar la destinación de la infraestructura.
El documento también excluye expresamente el traslado o reasentamiento de comunidades, el almacenamiento de desechos tóxicos y cualquier actuación que pueda poner en riesgo la subsistencia de una comunidad.
La medida terminaría una vez concluidas las obras derivadas de los daños ocasionados por el sismo y no modificaría de manera permanente el régimen general de consulta previa.
Cementerios afectados por el sismo tendrían una ruta especial de intervención
La segunda medida de emergencia está enfocada en los cementerios que resultaron afectados.
El Ministerio del Interior plantea intervenir los camposantos que presentan daños estructurales, pero al mismo tiempo garantizar que los restos humanos puedan ser identificados y preservados.
El problema surge porque el terremoto habría fracturado bóvedas, osarios y sepulturas, además de dejar restos humanos expuestos. En algunos lugares también habría cadáveres no identificados, cuerpos identificados que aún no han sido entregados y restos que podrían corresponder a personas desaparecidas.
Por eso, el Gobierno plantea que la intervención de emergencia no pueda hacerse simplemente con maquinaria pesada sin seguir protocolos forenses.
La ruta propuesta comienza con la evaluación y aseguramiento del cementerio, continúa con la documentación previa del sitio y posteriormente permite realizar estabilizaciones o demoliciones controladas, siempre con recuperación individualizada de los restos.
Después vendrían la rotulación, la cadena de custodia y el traslado a centros de custodia digna.
El decreto establece además prohibiciones expresas frente a restos humanos no identificados, cuerpos no entregados y posibles restos de personas desaparecidas.
Quedarían prohibidas la cremación, las fosas comunes, la trituración y cualquier intervención irreversible sobre estos restos o sobre sitios que estén bajo medidas cautelares.
Cuando exista un conflicto entre la necesidad de intervenir una estructura y la preservación de una posible evidencia forense, el criterio de entidades como Medicina Legal, la Fiscalía, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) o la JEP tendría carácter vinculante en el área de interés forense.
La propuesta también contempla la construcción de centros de depósito para la custodia y preservación forense, con módulos individualizados para evitar la mezcla de restos.
En los municipios de categorías 4, 5 y 6 y en los municipios PDET, la Nación asumiría el 100 % de los estudios y las obras de custodia, además de brindar asistencia técnica en territorio.
Una agenda que combina descentralización, transparencia y emergencia
El paquete presentado por el Ministerio del Interior reúne reformas de naturaleza diferente, pero el documento las organiza bajo una misma narrativa: acercar el Estado a las regiones, hacer más visible el proceso de toma de decisiones y responder a la emergencia del sismo con medidas temporales y delimitadas.
En materia territorial, la propuesta busca permitir experimentos antes de generalizar nuevas competencias, establecer a Barranquilla como capital alterna y crear mecanismos para coordinar la presencia de las entidades nacionales en las regiones.
En transparencia, plantea nuevos registros públicos para conocer los intereses, financiación, gestión regional y actividades de cabildeo relacionadas con los congresistas.
Y frente al sismo del 10 de agosto, propone acelerar la recuperación de servicios esenciales y establecer una ruta específica para intervenir cementerios afectados, preservando al mismo tiempo la identificación y custodia de los restos humanos.
El propio documento resume la apuesta en la construcción de un Estado "más cerca del territorio, más claro ante la ciudadanía y capaz de responder a la emergencia sin renunciar a las garantías".
