María Clara Posada denuncia presuntas presiones de funcionarios de la JEP por recorte presupuestal
A través de su cuenta de X, la senadora María Clara Posada reveló una presunta presión por parte de funcionarios de la JEP.
La polémica por el recorte presupuestal a la JEP sumó un nuevo capítulo este viernes 25 de septiembre, luego de que la senadora del Centro Democrático María Clara Posada denunciara públicamente una presunta presión de funcionarios del tribunal hacia comparecientes de la Fuerza Pública.
A través de su cuenta de X, la congresista aseguró que recibió información según la cual funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estarían buscando que algunos comparecientes soliciten ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la adopción de medidas cautelares con el propósito de frenar o cuestionar el recorte presupuestal aprobado por las comisiones económicas del Congreso.
La senadora enfatizó que se trata de una situación que, por ahora, presenta como una denuncia que deberá ser verificada.
“Me informan que, presuntamente, funcionarios de la JEP estarían presionando a comparecientes de la Fuerza Pública para que soliciten a la CIDH la adopción de medidas cautelares, con el fin de impedir el recorte presupuestal”, escribió Posada.
La controversia se produce después de que las comisiones económicas aprobaran en primer debate una reducción de $170.000 millones para el sector del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del cual hace parte la JEP. De acuerdo con la ponencia, $30.000 millones corresponden a funcionamiento y $140.000 millones a inversión.
¿Qué denunció María Clara Posada sobre la JEP?
Según la versión expuesta por la senadora, a los comparecientes también se les estaría planteando que, si se concreta el recorte, la JEP podría dejar de funcionar y que los procesos pasarían a la jurisdicción ordinaria, sin las reglas especiales propias de la justicia transicional.
Me informan que, presuntamente, funcionarios de la JEP estarían presionando a comparecientes de la Fuerza Pública para que soliciten a la CIDH la adopción de medidas cautelares, con el fin de impedir el recorte presupuestal.
— Maria Clara Posada (@MaclaPosada) September 25, 2026
Cabe recordar que este recorte no es exclusivo del… pic.twitter.com/ERRsFKICV7
“También estarían diciéndoles que, de confirmarse el recorte, la JEP no podría funcionar y sus casos pasarían a la jurisdicción ordinaria sin las reglas especiales de la justicia transicional”, afirmó.
A partir de esa denuncia, Posada cuestionó lo que calificó como una posible utilización de los integrantes de la Fuerza Pública que comparecen ante el tribunal.
“De confirmarse esta situación, se configuraría una instrumentalización inadmisible de soldados y policías por parte de un Tribunal”, sostuvo la congresista.
Hasta el momento, estas afirmaciones corresponden a la denuncia realizada por la senadora y no constituyen por sí mismas una confirmación de que funcionarios de la JEP hayan ejercido las presuntas presiones. La propia Posada anunció que buscará que el asunto sea revisado por los organismos correspondientes.
La senadora también cuestionó la posibilidad de que la JEP no pueda continuar funcionando con los recursos que tendría disponibles después del ajuste presupuestal.
“Además, es completamente falso que la JEP no pueda funcionar con el recorte de $170.000 millones que realizaron las Comisiones Económicas”, escribió.
En este punto, existe una controversia pública sobre los efectos que tendría el recorte. Mientras sectores que respaldan la reducción sostienen que la entidad puede mantener sus funciones con una racionalización del gasto, desde la JEP se ha advertido que el ajuste podría afectar su operación.
Durante la discusión presupuestal, el magistrado de la JEP Raúl Sánchez señaló ante las comisiones económicas que el recorte podría comprometer audiencias territoriales, medidas de seguridad para víctimas y atención a comparecientes.
¿Qué cifras presentó la senadora sobre los gastos de la JEP?
Como parte de su argumento, Posada publicó una serie de cifras que, según explicó, corresponden a recursos de inversión ejecutados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026.
De acuerdo con la información divulgada por la congresista, en ese periodo se habrían destinado $40.149 millones a contratistas financiados con recursos de inversión, $39.721 millones a servicios que, según afirmó, no aparecen discriminados en los estados financieros, $933 millones a tiquetes y $848 millones a viáticos y gastos de viaje.
También mencionó $389 millones en comisiones al exterior, $67 millones en materiales y suministros y $53 millones en publicaciones y afiliaciones.
Posada sumó a ese listado las apropiaciones que, según su publicación, estaban contempladas para el funcionamiento de la JEP durante todo 2026. Allí señaló $404.477 millones para nómina, $1.901 millones para personal supernumerario y $178.157 millones para adquisición de bienes y servicios.
Con base en esas cifras, la senadora planteó una fórmula para compensar los $170.000 millones del recorte.
Su propuesta consiste en reducir en 10 % el gasto de nómina y personal supernumerario, lo que, según sus cálculos, liberaría $40.637 millones. A esto sumó una reducción de 50 % en los gastos de adquisición de bienes y servicios, con un ahorro estimado de $89.078 millones.
Finalmente, propuso reducir en 50 % los gastos que calificó como suntuosos y que estarían financiados con recursos de inversión, entre ellos contratistas, viajes, viáticos y publicaciones. Según sus cálculos, esto permitiría liberar otros $41.082 millones.
La suma de esos tres rubros, de acuerdo con la propuesta presentada por Posada, permitiría cubrir los $170.000 millones del ajuste presupuestal.
La discusión se da en medio de un debate más amplio sobre el tamaño y la destinación del presupuesto de la JEP. La senadora ya había cuestionado públicamente los costos de funcionamiento del tribunal y aseguró recientemente que, entre 2020 y 2026, la entidad habría contado con recursos por alrededor de $3,8 billones.
Además, Posada ha cuestionado los gastos asociados a viajes internacionales de funcionarios de la JEP.
¿Qué pidió María Clara Posada a la Procuraduría?
Al final de su publicación, la senadora anunció que llevará la denuncia ante los organismos de control.
“Por lo anterior, solicito respetuosamente a la Procuraduría General de la Nación que adelante una supervisión orientada a prevenir e investigar estas presuntas presiones indebidas”, escribió.
Posada también anunció que presentará un derecho de petición ante la JEP para solicitar información sobre la supuesta comunicación que, según su denuncia, habría sido elaborada por funcionarios del tribunal.
“Asimismo, radicaré un derecho de petición ante la JEP para que se nos confirme si dicha comunicación fue elaborada por sus funcionarios”, agregó.
La denuncia de la senadora se suma así a la disputa política y presupuestal que se ha generado alrededor de los recursos de la justicia transicional.
El recorte de $170.000 millones ya superó el primer debate del Presupuesto General de la Nación de 2027, pero todavía debe continuar su trámite en las plenarias de Senado y Cámara.
Mientras avanza la discusión, queda pendiente establecer si las presuntas presiones denunciadas por Posada ocurrieron y, en caso de existir, quiénes participaron en ellas y con qué propósito. Por ahora, la senadora ha anunciado que acudirá a la Procuraduría y que solicitará directamente explicaciones a la JEP.
