Reconstruir, no solo reponer

Hay pérdidas que no se deberían tratar como solo cifras. El terremoto del 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó, según el balance oficial más reciente, 312 personas fallecidas, algo más de 4.000 heridas y 290 desaparecidas. Detrás de cada número hay una familia y un duelo. Escribo lo que sigue con esa conciencia: la economía de la reconstrucción no es un ejercicio frío sobre el desastre, sino la manera de honrar a quienes lo sufrieron, procurando que el país que dejan atrás se levante mejor de como estaba.

He argumentado en estas páginas que Colombia lleva años desinvirtiendo: la inversión cayó demasiado con respecto a lo que el país produce. El 10 de agosto la tierra hizo, en noventa segundos, una versión brutal de lo mismo. Destruyó de golpe una parte del capital que habríamos tardado años en construir. Casi 30.000 viviendas destruidas y más de 130.000 averiadas; miles de centros educativos, más de cuatro mil centros comunitarios y más de trescientos centros de salud con daños. El sismo arrasó con mucha infraestructura clave a nivel local y regional.

El sismo arrasó con mucha infraestructura clave a nivel local y regional.

Conviene distinguir dos pérdidas de capital humano, porque no son la misma. La primera es la más grave e irreparable: las personas. Cada vida truncada es, antes que nada, una tragedia; y es, además, un saber, una experiencia y unos años productivos que el país no recupera. La segunda es más silenciosa pero se proyecta sobre el futuro: la destrucción de la capacidad instalada para generar capital humano. Cuando se cae una escuela o un centro de salud, no se pierde solo un edificio; se pierde, por años, la máquina que forma a una generación. En regiones pobres, donde a veces la escuela es el único canal de movilidad social, esa segunda pérdida se multiplica en el tiempo.

Está también el capital físico, y aquí hay que decir algo sobre su naturaleza. Para la mayoría de las familias afectadas, la vivienda destruida no era un activo más: era su único patrimonio, el ahorro de toda una vida convertido en ladrillo. No tenían acciones ni portafolios; tenían la casa. Por eso el desastre es, además de humano, profundamente regresivo: golpea con más fuerza a quienes menos tienen y menos margen conservan para recomponerse. Reconstruir esas viviendas no es reponer inventario inmobiliario; es devolverles a miles de familias la base material de su vida.

(...) el desastre es, además de humano, profundamente regresivo: golpea con más fuerza a quienes menos tienen y menos margen conservan para recomponerse.

En el plano fiscal nacional, la cuenta llega en el peor momento. El gobierno entrante recibió un presupuesto con un faltante de $30 billones y la regla fiscal suspendida. La reconstrucción presiona un fisco ya agotado. Pero hay un matiz que conviene precisar, porque protege la credibilidad del país: un desastre natural es el motivo legítimo por excelencia para activar la cláusula de escape de una regla fiscal. Los mercados y la banca multilateral distinguen entre un gobierno que se sale de la senda fiscal por un terremoto, un hecho sobreviniente, y uno que se salió por decisión propia, por indisciplina fiscal. Esa distinción no es menor: bien manejada, le da al gobierno un espacio de gasto que puede usar con respaldo, precisamente porque la causa no es discrecional.

El problema más difícil no es cuánto se gasta, sino cómo y desde dónde se reconstruye. El sismo afectó cientos de municipios en quince departamentos con capacidades fiscales y administrativas radicalmente desiguales. El epicentro estuvo en Chocó, uno de los departamentos más pobres del país, con ingresos propios débiles y baja capacidad técnica; Risaralda, Caldas y Valle y sus capitales, Pereira, Manizales, Cali, son más ricos y capaces. La misma tragedia nacional produce, así, capacidades de reconstrucción profundamente desiguales, y se abre una paradoja cruel: los lugares más golpeados y más pobres suelen ser los que menos pueden liderar su propia recuperación. Ignorar esa asimetría condenaría a los más vulnerables a esperar años por lo que otros resolverían en meses.

Aquí está la decisión de fondo, y Colombia no parte de cero: ya resolvió relativamente bien este problema una vez, aunque a una escala menor frente a lo que sucedió hace una semana. Tras el terremoto de Armenia en 1999, el gobierno de Pastrana creó el FOREC, un fondo nacional pequeño, sin estructura administrativa propia, que canalizó los recursos pero ejecutó la reconstrucción a través de más de treinta gerencias zonales operadas por ONG, cajas de compensación y organizaciones locales. Plata nacional, decisiones locales. Reconstruyó la región en dos años y medio, con costos administrativos bajos y niveles de transparencia que le valieron un premio de Naciones Unidas y un lugar en los manuales de buenas prácticas del Banco Mundial. La lección es precisa: ni centralizar la reconstrucción en Bogotá, ni abandonar a los municipios débiles a su suerte, sino que el nivel nacional haga lo que él puede hacer (movilizar recursos y nivelar entre territorios desiguales) y el nivel local decida y ejecute según su conocimiento del terreno. Una escuela reconstruida con la comunidad que la va a usar no es solo un edificio: es una institución que se sostiene.

(...) ni centralizar la reconstrucción en Bogotá, ni abandonar a los municipios débiles a su suerte, sino que el nivel nacional haga lo que él puede hacer y el nivel local decida y ejecute según su conocimiento del terreno.

Queda el punto económico central, y una advertencia. La reconstrucción aparecerá en las cuentas como crecimiento del PIB, y no faltará quien celebre la “reactivación”. Es una ilusión: reponer riqueza destruida no es crearla. Después del sismo el país es más pobre, no más rico. Pero dado que toca reconstruir de todos modos, la elección es entre reponer lo que había (las mismas viviendas frágiles, los mismos puentes vulnerables) o reconstruir mejor: con normas sismorresistentes, con infraestructura más resiliente, con escuelas y hospitales de mayor capacidad que las que había. El terremoto obliga a hacer, de golpe, la inversión que el país llevaba doce años aplazando. Malgastarla en reponer lo idéntico sería restaurar un stock deficiente. Orientarla con criterio estratégico y desde lo local sería empezar a reconstruir, de verdad, la capacidad de crecer.

No podemos devolver a las 312 personas que se llevó la tierra. Sí podemos decidir si el país que dejan apenas remienda sus heridas o se levanta más fuerte de lo que era. Esa decisión es económica, pero también es moral. Y debe tomarse lo más cerca posible de quienes van a vivir con ella.

Una nota. Esta tragedia ha aflorado sentimientos encontrados. De un lado, la gran solidaridad del pueblo colombiano, que ha respondido como la situación lo demanda. Del otro, la mezquindad, sobre todo política: ni un minuto de tregua. En esta era digital, las redes sociales sencillamente exhiben lo que cada uno lleva en el corazón.