Público en el papel, privado en la realidad

Hablar de lo público en Colombia es, en teoría, un ejercicio solemne. Basta abrir la Constitución de 1991 y dejarse envolver por esa prosa elegante que promete un país decente. El artículo 1 arranca con toda la épica: Estado social de derecho, dignidad humana, prevalencia del interés general. Una belleza. Un poema. Lástima que, en la práctica, algunos congresistas parecen haber leído otra versión donde dice “prevalencia del interés empresarial”.

El artículo 2 remata con entusiasmo: el Estado está para servir a la comunidad, garantizar derechos y promover la prosperidad general. Lo público, entonces, no es negocio, es servicio. No es botín, es comunidad. Pero basta mirar alrededor para entender el giro creativo que le dimos al concepto: concesiones eternas, APP con vocación de herencia, derechos de explotación que convierten lo común en caja registradora privada. Lo público se volvió un activo en alquiler… con opción de compra.

Lo público se volvió un activo en alquiler… con opción de compra.

El artículo 3 suena todavía más ambicioso: la soberanía reside en el pueblo. El poder es nuestro. De todos. Colectivo. Democrático. Hermoso… en papel. Porque en la vida real ese poder se diluye entre clientelas, contratos y apellidos repetidos. Y entonces la pregunta incómoda aparece sin pedir permiso: ¿dónde está lo público? ¿En el transporte que se paga como privado? ¿En los parques donde hasta entrar al baño tiene tarifa? ¿En la salud que factura como si fuera club exclusivo? Lo público existe… pero con clave de acceso.

El artículo 4 nos recuerda que la Constitución es norma de normas. Es decir: manda más que todo. O debería. Porque invocarla se volvió deporte nacional, cumplirla ya es otra disciplina. Y el artículo 6 añade un detalle incómodo: los servidores públicos responden por acción y omisión. Responsabilidad, transparencia, rendición de cuentas… palabras grandes para una realidad donde el espacio público se arrienda, se cerca o se terceriza, y el ciudadano paga por usar lo que ya pagó.

El artículo 113 organiza el poder para que nadie mande demasiado. Equilibrio, controles, pesos y contrapesos. En la práctica, ese equilibrio ha sido más bien una coreografía: todos se vigilan, todos se conocen y, curiosamente, todos terminan aprobando que lo público se vuelva privado con una eficiencia admirable. El interés general se reduce y el interés facturable crece.

El resultado es un concepto robusto en teoría y famélico en la realidad. Lo público en Colombia es una idea poderosa… administrada con vocación de negocio. Y cuando uno conecta los puntos, entiende que no es casualidad: es modelo.

Lo público en Colombia es una idea poderosa… administrada con vocación de negocio. Y cuando uno conecta los puntos, entiende que no es casualidad: es modelo.

Porque mientras el Derecho Público habla de comunidad, el Derecho Privado hace lo suyo con elegancia: protege intereses particulares entre iguales. El problema es que aquí lo privado prospera gracias a lo público. Se usa la tierra pública, la vía pública, la seguridad pública… para construir rentas privadas. El ciudadano pone todo y luego paga por entrar. Negocio redondo.

Ejemplos sobran. Escenarios deportivos convertidos en vitrinas comerciales donde la historia estorba y la marca manda. Parques que ya no son parques sino unidades de negocio con tarifas implícitas. Transporte donde grabar puede incomodar más que delinquir. Espacios donde lo público sobrevive… siempre y cuando no interfiera con la rentabilidad.

Y detrás de esta arquitectura aparece el verdadero elenco:

• Las élites judiciales que deciden qué cambia y qué no,

• Las élites políticas que heredan curules como si fueran apellidos,

• Las élites gremiales que celebran en privado lo que critican en público,

• Y la tecnocracia que, con lenguaje elegante, traduce todo en eficiencia… incluso la desigualdad.

• Todos distintos, todos necesarios… para que nada cambie demasiado.

Así funciona el sistema: quien llegue a gobernar no gobierna solo, negocia. Y si no negocia, resiste. Y si insiste, lo resisten. Porque tocar lo público es tocar intereses, y tocar intereses en Colombia es deporte de alto riesgo.

Al final, lo público queda como ese corazón del que tanto se habla… pero que pocos cuidan. Late, sí, pero con arritmia. Un país que presume Constitución de lujo y práctica de saldo.

Y mientras tanto, nosotros, ciudadanos multitarea, seguimos distraídos, defendiendo causas en pantalla mientras lo esencial se nos va por concesión. Porque defender lo público no es un discurso: es una responsabilidad incómoda. Implica mirar, preguntar, incomodar… y no hacer fila en silencio.

Porque si no cuidamos lo nuestro, alguien más ya está haciendo negocio con ello.