Las cuatro decisiones

El próximo viernes 7 de agosto, Abelardo de la Espriella recibirá la banda presidencial. Recibirá, con ella, un proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 que el gobierno saliente radicó en el Congreso: $575,6 billones, equivalentes al 27% del PIB, con un faltante de $30 billones que depende de una reforma tributaria aún no aprobada. Es decir, hereda una casa donde las cuentas del mes ya se empiezan a girar, pero sin fondos para cubrirlas. Hace unas semanas argumenté en estas páginas que Colombia lleva doce años desinvirtiendo. Hoy quiero mostrar por qué las decisiones de las próximas semanas determinarán si esa cifra sigue cayendo o toca fondo.

Colombia vive, o está por vivir, una policrisis: la fiscal, la de la salud, la de seguridad y la energética. Cuatro frentes distintos que, sin embargo, confluyen en un mismo punto: todos erosionan la confianza, y sin confianza no hay inversión. El incumplimiento de la regla fiscal por mayor gasto y endeudamiento, el faltante de recursos en salud, el deterioro del orden público y las dudas en el sector minero-energético por falta de inversión de largo plazo son, cada una por su vía, señales que ahuyentan al capital. Y el resultado ya es visible: la inversión cayó al 16% del PIB, su nivel más bajo en dos décadas. El error del gobierno entrante sería atender solo lo urgente y desatender lo importante. Las cuatro decisiones que enfrenta desde el primer día son, si se miran de cerca, urgentes e importantes a la vez. Y las cuatro son, en el fondo, la misma decisión.

Colombia vive, o está por vivir, una policrisis: la fiscal, la de la salud, la de seguridad y la energética.

Primera: la señal fiscal. El presupuesto de 2027 depende de una reforma tributaria que el Congreso no ha aprobado, con un ajuste que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal calcula en 3,7% del PIB para cumplir la meta oficial. El propio CARF advirtió que el déficit primario de 2025 fue de 3,5% del PIB, el más alto en treinta años. La primera decisión de De la Espriella no es técnica sino de señalización: si su discurso de posesión y su primera movida fiscal comprometen credibilidad con la regla fiscal, que se reactiva plenamente en 2028, o la dejan en la ambigüedad. Y esto es política de inversión disfrazada de política fiscal. La prima de riesgo país y el costo del capital dependen de esa señal. Si el mercado cree en la consolidación, las tasas ceden y el costo de invertir baja antes incluso de que se ejecute un solo peso. Si no cree, el diferencial se dispara y estrangula el presupuesto por dentro, drenando hacia el pago de intereses los recursos que deberían ir a inversión.

Segunda: el cierre financiero de la salud. Es la más urgente en lo operativo. Al margen de la posición que cada quien tenga sobre el modelo, y es un debate legítimo y necesario, hay una decisión de caja que no admite espera: cómo se pagan los servicios que ya se prestaron y cómo se garantiza la continuidad en las próximas semanas. La reforma estructural del sistema puede tomarse meses; el flujo de caja de las clínicas y hospitales no aguanta ese plazo. Aquí el ángulo de inversión es menos evidente, pero igual de real: la incertidumbre regulatoria de los últimos años paralizó la inversión privada en el sector, en infraestructura hospitalaria, en tecnología, en expansión de la red. Un sistema que no paga con reglas claras es un sistema donde nadie invierte. Restaurar la certeza sobre cómo y cuándo se paga es, también, restaurar inversión.

Tercera: la seguridad. Aunque los niveles de violencia no alcanzan los de nuestras peores épocas, el deterioro reciente envía señales contradictorias para un país que aspira a ser destino de turismo y de inversión. La inseguridad no es solo un drama humanitario; tiene canales económicos concretos: eleva la prima de riesgo, encarece la logística, ahuyenta la inversión en las regiones, justo donde más se necesita, y estrangula a la pequeña empresa vía extorsión. Un ambiente de incertidumbre sobre la vida y los bienes no invita a nadie a apostar, en el buen sentido, por Colombia. Restaurar una expectativa creíble de seguridad es una de las inversiones públicas de mayor retorno, aunque rara vez se contabilice como tal.

Cuarta: la señal energética. Es donde el cambio de gobierno se sentirá con más nitidez. La caída de los contratos de exploración de hidrocarburos y la incertidumbre regulatoria explican una porción no menor del desplome de la inversión extranjera directa en el último cuatrienio, y hay un déficit de gas proyectado que amenaza con convertirse en una crisis de precios y de seguridad energética. La cuarta decisión es qué señal se manda en materia de contratos de gas y petróleo, y en la reactivación de la agenda de infraestructura, clave para afrontar fenómenos como El Niño. Conviene decirlo sin caricaturas: reactivar la inversión en hidrocarburos no es incompatible con una transición energética seria. El error de fondo fue frenar lo uno sin haber construido lo otro, y ese error es justamente el que produjo el déficit de gas que hoy amenaza.

(...) reactivar la inversión en hidrocarburos no es incompatible con una transición energética seria.

Las cuatro decisiones comparten una lógica temporal que conviene nombrar sin eufemismos. En economía política hay una regla empírica robusta: las reformas costosas se aprueban al comienzo de un mandato, cuando el capital político es máximo, o no se aprueban. Cada mes que pasa, el gobierno gasta capital en la administración cotidiana, aparecen los desgastes, se acerca el calendario electoral siguiente, y la ventana para lo difícil se cierra. El ajuste fiscal es más barato, políticamente, en septiembre de 2026 que en septiembre de 2028.

Pero aquí hay una complicación que el nuevo gobierno no puede ignorar, porque es la suya. El capital político no es una sola cosa. Una cosa es el respaldo en las urnas, que De la Espriella tiene y fresco; otra muy distinta es la bancada parlamentaria propia, sin la cual ninguna reforma pasa. Un presidente puede llegar con respaldo en las urnas pero poco apoyo legislativo. La elección del presidente del Congreso fue un abrebocas de lo que podría vivir el gobierno frente a su agenda legislativa. Esa combinación es traicionera: da una sensación de fuerza que invita a diferir los acuerdos, cuando es precisamente la debilidad en el Congreso la que exige construirlos temprano, mientras el impulso del triunfo todavía puede influir en las voluntades. Diferir el ajuste con la esperanza de conseguir después una mayoría que hoy no se tiene es la apuesta más costosa de todas: aritméticamente peor, porque la deuda corre mientras se espera; y políticamente igual de difícil, porque el capital solo decrece. La tentación será administrar la urgencia y aplazar lo importante. Sería el mismo error que llevó al país a doce años desinvirtiendo: preferir lo consumible hoy sobre lo que se cosecha en una década.

El 7 de agosto, la banda presidencial pesará unos cuantos gramos. El presupuesto que llega con ella pesa $575,6 billones, y le faltan 30 para cuadrar. Esa es la verdadera investidura. Lo demás es ceremonia.