¿Qué reveló la JEP sobre los nuevos imputados por ‘falsos positivos’ en el Meta?
La JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 30 militares, incluidos tres generales (r), por ejecuciones extrajudiciales en Meta.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció una de las decisiones más relevantes dentro del caso 03 el que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado al imputar crímenes de guerra, de lesa humanidad y delitos contemplados en el Código Penal colombiano a 30 integrantes del Ejército Nacional, entre ellos tres generales retirados.
Esta determinación marca el cierre de la fase investigativa del subcaso Meta, uno de los territorios donde se documentó el mayor número de ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2007.
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El magistrado Alejandro Ramelli dijo que, a través de estos patrones, se materializó la política criminal orientada a la presentación de civiles como bajas en combate. Estos reflejan tanto las dinámicas propias del conflicto en Meta como las distintas formas en que las unidades… pic.twitter.com/dK1bUOmsjI
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) November 20, 2025
Entre los señalados se encuentran los brigadieres generales (r) Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y Francisco José Ardila Uribe, así como el mayor general (r) Carlos Eduardo Ávila Beltrán. La imputación también recae sobre 20 exintegrantes del Batallón de Infantería 21 Batalla Pantano de Vargas (BIVAR) y siete miembros del Gaula Rural Meta (GAMET).
De acuerdo con el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, los imputados deberán responder por 209 asesinatos, de los cuales 65 incluyen desaparición forzada, además de una tentativa de homicidio. Estos crímenes, por su gravedad y contexto, fueron clasificados como violaciones al Derecho Internacional Humanitario y delitos de lesa humanidad. Una vez sean notificados, los comparecientes deberán decidir si aceptan la imputación o si optan por un proceso adversarial.
Testimonios y pruebas que revelan el patrón criminal
La Sala de Reconocimiento recogió durante años testimonios clave de antiguos jefes paramilitares del Bloque Centauros, incluidos Dairo Antonio Úsuga (Otoniel), Manuel de Jesús Pirabán (Pirata) y Luis Arlex Arango (Chatarro). Además, incorporó información proveniente de los expedientes de Justicia y Paz.
Con ese acervo probatorio, la magistrada Catalina Díaz explicó que la JEP pudo confirmar que las ejecuciones extrajudiciales respondieron a un patrón macrocriminal de carácter nacional.
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“El Meta fue uno de los territorios más afectados, y esta decisión cierra la etapa territorial de investigación. Hoy podemos afirmar, con pruebas, que estos hechos se repitieron en varias regiones del país y bajo lógicas similares”, sostuvo.
La magistrada también indicó que este patrón estuvo asociado a una política institucional basada en medir el éxito militar por la cantidad de bajas en combate, lo que generó presiones internas y competencia entre unidades. Esa dinámica contribuyó a que algunos miembros del Ejército recurrieran a executar civiles y presentarlos como guerrilleros muertos.
Nadiezhda Herríquez Chacín, magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP. Crédito: Cortesía
La alianza con el Bloque Centauros
Según la JEP, la investigación permitió determinar la existencia de una alianza entre integrantes del Ejército y el Bloque Centauros de las Autodefensas en tres modalidades:
Operaciones coordinadas, tanto defensivas como ofensivas.
Permisividad frente al actuar paramilitar, reflejada en la ausencia de operaciones contra ese grupo.
Presentación de bajas falsas, que funcionaba como una forma de retribución entre ambas partes.
En este esquema, las ejecuciones extrajudiciales se convirtieron en un beneficio para los paramilitares, quienes podían continuar sus actividades incluidas las relacionadas con narcotráfico sin interferencia militar. El intercambio permitió mantener el control territorial y consolidar actividades criminales en Meta, particularmente en la zona de influencia del BIVAR.
La participación de la Fuerza Aérea
Sobre la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), la Sala determinó que sí hubo operaciones aéreas en las que murieron personas luego presentadas como bajas en combate. No obstante, no se encontró evidencia que permitiera concluir una participación deliberada de sus integrantes en los crímenes.
La hipótesis más sólida, explicó Ramelli, es que los uniformados de la FAC fueron engañados o manipulados durante algunas de las operaciones. “No sabían que estaban participando en ejecuciones extrajudiciales”, enfatizó, aunque aclaró que la investigación podría ampliarse si en el futuro aparecen nuevas pruebas.
Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la JEP. Cortesía
Fallas sistemáticas del Estado
Más allá de las responsabilidades individuales, la JEP concluyó que en Meta se evidenció una falla sistémica de instituciones militares y civiles encargadas de proteger a la población: la Justicia Penal Militar, la Fiscalía, la Procuraduría y otros organismos de control no actuaron con diligencia suficiente para prevenir, detectar o sancionar las irregularidades.
La jurisdicción señaló que todos los mecanismos de control fallaron o fueron insuficientes, lo que permitió que estas violaciones a los derechos humanos se perpetuaran durante años sin intervención efectiva.
