¿Su municipio ignora a los animales abandonados? Ahora tiene cómo obligarlo a actuar
El procurador Eljach les puso reloj a todos los alcaldes en protección animal y dejó en manos de la gente una forma de obligarlos a cumplir.
Si en su cuadra hay perros o gatos abandonados y la alcaldía no mueve un dedo, desde ahora tiene con qué presionarla. El 16 de junio, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, firmó una directiva que les fija plazos cortos a todos los alcaldes del país y los pone bajo vigilancia disciplinaria en materia de protección animal.
La orden no inventa derechos nuevos. Lo que hace es desempolvar un paquete de leyes que llevaban años sin cumplirse y advertir que seguir ignorándolas puede configurar una falta disciplinaria contra el funcionario responsable.
Para usted, eso cambia el tablero: obligaciones que antes sonaban a buena intención ahora tienen reloj y un organismo de control pidiendo pruebas.
Organizaciones piden detener el maltrato animal. Foto: Colprensa.
Qué prendió las alarmas
La Procuraduría dice en la directiva que ha recibido quejas, informes ciudadanos y reportes institucionales que apuntan a incumplimientos sistemáticos de las normas de bienestar animal en buena parte del país.
Entre las fallas que enumera están la ausencia de jornadas de esterilización, el funcionamiento limitado o inexistente de los centros de bienestar animal, la falta de apoyo a fundaciones y refugios, y la no creación de los fondos municipales destinados a este tema.
A eso se suman plazos legales ya vencidos: la implementación plena de la Ley 2054 de 2020 (que busca atenuar el maltrato animal y los problemas de salud pública derivados del abandono o la tenencia irresponsable de animales domésticos) para los municipios grandes venció en septiembre de 2023, y varios mecanismos creados por leyes posteriores debían estar listos en 2025 y en enero de 2026.
Las herramientas que ya puede exigir
Sanción presidencial de la Ley Ángel. Foto: Colprensa.
La esterilización es la más concreta. La directiva conmina (que es la fórmula más fuerte que usa la Procuraduría, una orden formal con advertencia) a los alcaldes a programar jornadas de esterilización al menos cada dos meses, enfocadas en los animales en situación de abandono.
Esas jornadas deben ser gratuitas para las personas clasificadas en los grupos A, B y C del Sisbén IV y de bajo costo para el grupo D.
También exige que cada municipio tenga en operación un centro de bienestar animal, albergue u hogar de paso para los que estén abandonados, perdidos o sean víctimas de maltrato.
La directiva pone dos plazos que cuentan desde que cada alcaldía recibe la notificación, no desde la fecha de la firma.
En 45 días calendario, los municipios sin un centro público funcionando deben demostrarle a la Procuraduría que entregan apoyos en especie como comida, medicamentos o insumos a las fundaciones y refugios de su territorio, y que se reunieron al menos tres veces en el año con la Junta Defensora de Animales, el órgano municipal encargado de vigilar y denunciar el maltrato.
En 90 días calendario, las alcaldías que no hayan cumplido las leyes de esterilización y bienestar animal deben enviar un plan de acción con cronograma, metas verificables y de dónde saldrá la plata.
Gato callejero en un municipio, foco de la orden de la Procuraduría. Foto: Colprensa.
A dónde llevar el reclamo
La Junta Defensora de Animales de su municipio es la puerta de entrada: la ley la concibe como instancia de vigilancia, promoción y denuncia, y la directiva obliga a los alcaldes a sentarse con ella y dejar actas firmadas.
El documento también ordena poner a funcionar la Ruta de Atención al Maltrato Animal, que debe incluir un canal accesible y confidencial para recibir quejas. Esa ruta nacional todavía está pendiente de expedición por parte del Gobierno, según advierte la misma directiva.
Y como el incumplimiento puede ser una falta disciplinaria, una queja ante la Procuraduría contra una alcaldía que no cumpla deja de ser un grito al aire: entra en un seguimiento formal.
El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach. Foto: Colprensa.
Las fundaciones y refugios pasan a tener un respaldo más firme: el apoyo en especie que la ley ya ordenaba se vuelve algo que la alcaldía debe demostrar con soportes, no solo prometer.
Del otro lado quedan alcaldes y gobernadores, que ahora deben acreditar contratos de atención veterinaria, fondos creados y planes en marcha, so pena de un proceso disciplinario.
La vigilancia quedó en manos de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, que coordinará una Mesa Nacional de Seguimiento con ministerios, gobernaciones, alcaldías y organizaciones animalistas.
A partir de ahora, las entidades destinatarias deberán informar cada seis meses qué hicieron para cumplir con lo ordenado.
