Procuraduría investiga a la UNP y al Ministerio del Interior por los escoltas de Juliana Guerrero
La procuradora Sonia Tellez le ordenó a la UNP y al Cerrem entregar las actas y los estudios de riesgo con los que se aprobaron esos escoltas.
La Procuraduría General de la Nación le abrió una indagación previa a los funcionarios que aprobaron y mantuvieron el esquema de seguridad de Juliana Guerrero, la exfuncionaria del Ministerio del Interior condenada la semana pasada por fraude procesal. La misma actuación cubre el esquema de Gabriela Muñoz, exfuncionaria de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil).
El auto no señala nombres todavía. Va contra responsables por determinar en el Ministerio del Interior, en la Unidad Nacional de Protección (UNP) y en el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), que es el comité donde se decide quién recibe escoltas del Estado y quién no. Lo firmó la procuradora Sonia Tellez, delegada para Funciones Mixtas, el 28 de agosto de 2026.
El documento lo reveló la revista Semana, que accedió al expediente. La indagación previa es la etapa más temprana de un proceso disciplinario: sirve para establecer si hubo falta y a quién se le imputa, antes de formular cargos contra alguien.
Juliana Guerrero, exfuncionaria del Ministerio del Interior condenada por fraude procesal. Foto: Redes sociales de Juliana Guerrero.
¿Qué investiga la Procuraduría General de la Nación en el caso de Juliana Guerrero?
La Procuraduría quiere establecer si hubo irregularidades en el otorgamiento y en la continuidad de los esquemas de protección asignados a Juliana Andrea Guerrero y a Gabriela Muñoz, según el auto. El punto que más pesa en el caso de Guerrero es la segunda parte: por qué conservó escoltas después de dejar de ser funcionaria pública.
La delegada les ordenó a la UNP y al Cerrem entregar un informe detallado y soportado del trámite completo. Otorgamiento, continuidad y estado a la fecha.
Entre las pruebas pedidas están las solicitudes de otorgamiento o de continuidad, los análisis y estudios de riesgo hechos dentro de la UNP, los conceptos que la entidad le entregó al comité y las "actas en las que consten las deliberaciones y decisiones adoptadas por el Cerrem", dice el auto. Sobre ese comité, se trata del órgano colegiado que revisa los informes técnicos de amenazas, valida el nivel de riesgo de una persona y recomienda qué medidas se le dan.
El Cerrem también tendrá que explicar qué verificaciones hizo y con qué resultados concluyó que las dos mujeres necesitaban protección. Ese es el corazón del expediente.
¿Quién le aprobó el esquema de seguridad a Juliana Guerrero?
La UNP le asignó el esquema a Juliana Guerrero cuando la dirigía Augusto Rodríguez, quien sostuvo que tanto la asignación como la continuidad de la medida, después de que Guerrero saliera del Ministerio del Interior, salieron de los procedimientos técnicos y legales que la entidad usa para calcular el nivel de riesgo de una persona.
El caso llegó al ente de control por fuentes abiertas. A finales de abril de 2026, la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, denunció que Guerrero tenía escoltas pese a no ser funcionaria pública y cuestionó la rapidez con la que se los habrían aprobado.
La Procuraduría también incorporó al expediente un artículo que Semana publicó el 6 de agosto de 2026 sobre una denuncia de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Privada (Analtraseg), el sindicato del sector. Ahí salió un audio atribuido a Guerrero en el que ella habla de un mensaje que le habría llegado desde la Presidencia con una instrucción concreta: que "acepte su condición de activista a un partido político" o de derechos humanos, porque de lo contrario le iban a quitar la medida. En la misma grabación menciona que ya le iban a enviar un certificado de militancia del Partido Polo Democrático.
Los esquemas dejaron de operar hace dos semanas. El 28 de agosto la UNP ordenó retirarle la protección a Guerrero, a Muñoz y al creador de contenido Beto Coral, con 10 días de plazo para apelar, tras concluir en una nueva evaluación que ya no cumplían las condiciones para mantenerla. El costo conjunto de esos tres esquemas rondaba los $40 millones mensuales, según se conoció.
¿Qué tiene que ver Gabriela Muñoz con la Aerocivil?
Gabriela Muñoz habría tenido esquema de seguridad desde el 19 de agosto de 2026 amparada en un decreto pensado para dirigentes o activistas políticos, pese a estar vinculada como auxiliar en la Aerocivil. Muñoz integra la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista Marco Emilio Hincapié.
Ella ha defendido la medida. Dijo que respondía a una petición que llevaba meses radicada, que las amenazas en su contra están documentadas y responsabilizó al Gobierno de Abelardo De La Espriella por su vida y su integridad.
Hay un segundo frente disciplinario que no tiene nada que ver con escoltas. La Procuraduría Delegada para Funciones Mixtas ordenó una indagación dentro de la Aeronáutica Civil para establecer presunto nepotismo, tráfico de influencias y contratación irregular durante la dirección de Luis Alfonso Martínez Chimenty, que contrató a Gabriela Muñoz, a su hermano Santiago Muñoz y a otras personas identificadas en el expediente como Silvana Muñoz, Samuel Muñoz y Daniel Arias Olaya.
Dentro de ese expediente aparece un contrato que arrancó en $400 millones y terminó en $12.000 millones a punta de adiciones, es decir, treinta veces su valor inicial. La indagación también revisa la habilitación de días y horarios no laborales para tramitar contratos, y la supuesta desatención a una solicitud de la entonces ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, para revisar la contratación por prestación de servicios.
¿Por qué condenaron a Juliana Guerrero?
El Juzgado 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó a Juliana Guerrero el 9 de septiembre de 2026 a 36 meses de prisión por fraude procesal, tras avalar el preacuerdo que ella firmó con la Fiscalía General de la Nación. El fraude procesal es el delito de engañar a un funcionario para obtener una decisión a favor.
La sentencia incluye una multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad de dos años y medio para ejercer derechos y funciones públicas. Guerrero no pisará una cárcel: el juez le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la figura que permite cumplir la condena en libertad si el sentenciado respeta unas condiciones.
El caso se originó en dos diplomas expedidos a su nombre por la Fundación Universitaria San José, uno como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y otro como profesional en Contaduría Pública, que cargó en el sistema para acreditar requisitos y aspirar al Viceministerio de las Juventudes del entonces Ministerio de Igualdad. La investigación estableció que salieron sin que hubiera cumplido el plan de estudios.
Durante la audiencia virtual, la exfuncionaria ofreció excusas, uno de los compromisos pactados en el preacuerdo, y dijo: "Me equivoqué y estoy sinceramente arrepentida". El juez le respondió que lo ocurrido "no fue un simple error". En el mismo escándalo ya había una condena previa contra Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación San José, también a tres años.
