Procuraduría lanza alerta sobre la grave situación de personas privadas de la libertad en San Andrés

La Procuraduría Regional de San Andrés, Providencia y Santa Catalina emitió un nuevo llamado de alerta ante las condiciones inadecuadas en que se encuentran las Personas Privadas de la Libertad (PPL) en la región. Según la entidad, estas personas permanecen en espacios no aptos, carecen de servicios básicos mínimos y enfrentan problemas psicológicos, lo que representa un riesgo directo para su vida e integridad.

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La entidad reiteró la necesidad de que la Gobernación de San Andrés y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) firmen con prontitud un convenio interinstitucional que garantice la atención integral, seguridad y condiciones dignas para los internos en los centros de detención del archipiélago.

Procuraduría urge soluciones para proteger derechos de Personas Privadas de la Libertad en San Andrés - Crédito: Colprensa

“La atención a las PPL es una obligación legal inaplazable. La omisión en la protección de sus derechos humanos puede derivar en sanciones disciplinarias, fiscales y penales para los funcionarios responsables”, advirtió la entidad.

El organismo recordó que la responsabilidad sobre la protección de los derechos de las PPL recae directamente en las autoridades locales y nacionales, y que cualquier demora en la implementación de medidas adecuadas afecta directamente la seguridad y el bienestar de esta población vulnerable.

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La Procuraduría enfatizó que los problemas de infraestructura, carencia de servicios básicos y deterioro de la salud mental de los internos son situaciones que requieren intervención inmediata, y que la firma del convenio interinstitucional es el primer paso para garantizar condiciones dignas de detención, conforme a la ley y a los estándares internacionales de derechos humanos.

Reclusos en San Andrés enfrentan problemas de seguridad y atención en centro de detención - Crédito: Redes sociales

Con este llamado, la Procuraduría busca presionar a las autoridades competentes para que cumplan con su deber legal y eviten que la situación derive en consecuencias jurídicas para los responsables. La medida es considerada prioritaria para garantizar que las Personas Privadas de la Libertad en San Andrés reciban trato digno y seguro, en concordancia con la Constitución y la legislación vigente.