Apelan la primera sentencia de la JEP: víctimas de las Farc denuncian sanciones insuficientes

La primera gran sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) continúa generando controversia. En las últimas horas, los familiares de los once diputados del Valle del Cauca, secuestrados en 2002 y asesinados cinco años después por las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), presentaron una apelación contra la decisión del tribunal transicional que condenó a siete antiguos comandantes de esa guerrilla a ocho años de sanciones restaurativas sin cárcel.

La resolución, dictada este 16 de septiembre, recayó incluso sobre Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, último máximo jefe del grupo insurgente. La JEP estableció que los comparecientes eran responsables de más de 21.000 secuestros cometidos durante el conflicto armado, lo que configuró uno de los fallos más esperados desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

#Judicial | Ocho años de condena por secuestro, pero sin cárcel. Los miembros del último secretariado de las Farc, incluidos ‘Timochenko’ y ‘Catatumbo’, no perderán sus derechos políticos este 2025. Las sanciones de la JEP están centradas en proyectos de reparación, mas no en… pic.twitter.com/ItpYVvLjqM

— Minuto60 (@minuto60com) September 16, 2025

(Vea también: La primera condena de las Farc por secuestro)

Inconformidad de las víctimas

El anuncio, lejos de cerrar heridas, abrió un nuevo capítulo de inconformidad. Para la Fundación Defensa de Inocentes, que representa a varias familias de las víctimas, la sentencia presenta “graves deficiencias que desconocen los compromisos adquiridos por el Estado tras la firma de la paz y los estándares internacionales”.

El reclamo se centra en tres puntos: la falta de participación efectiva de las víctimas en la construcción de las sanciones, la desproporcionalidad frente al daño causado y la ausencia de garantías reales de no repetición. “La verdad plena, detallada y exhaustiva no se ha entregado”, asegura la organización, que insistirá en que la sanción sea revisada.

Familiares de los once diputados asesinados por las Farc. Crédito: Colprensa

El caso de los diputados del Valle del Cauca marcó a la opinión pública desde el inicio. En 2002, doce funcionarios de la Asamblea Departamental fueron secuestrados en pleno recinto por un comando de las Farc. Durante cinco años, permanecieron en cautiverio en condiciones precarias hasta que, en 2007, once de ellos murieron en un confuso episodio atribuido por la guerrilla a un combate con paramilitares. Años después, se confirmó que fueron asesinados por sus captores.

Solo uno sobrevivió: Sigifredo López, quien no se encontraba en el campamento el día de la masacre y recuperó la libertad en 2009. Su testimonio se convirtió en una de las voces más duras contra la guerrilla y en un referente de memoria sobre lo ocurrido.

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Debate sobre la justicia transicional

Las críticas a la JEP se multiplicaron después de la decisión. Algunos familiares esperaban sanciones más cercanas a la justicia ordinaria, con penas de cárcel, en lugar de trabajos comunitarios y compromisos restaurativos.

La JEP fue creada en 2017 como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, surgido del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc.

El magistrado Camilo Suárez, encargado del caso, respondió a las inconformidades en entrevista con la AFP: “Es absolutamente entendible que haya víctimas inconformes, porque son crímenes que es imposible reparar”. Suárez agregó que, aunque unas 4.300 víctimas de secuestro fueron acreditadas en el proceso, escuchar a cada una de manera individual es casi imposible.

El debate refleja la tensión entre verdad, justicia, reparación y no repetición que guiaron el Acuerdo de Paz, y las expectativas de quienes sufrieron directamente los crímenes. Mientras la JEP insiste en que las sanciones son las más altas permitidas por el sistema, los familiares de los diputados reclaman que su dolor no puede quedar reducido a trabajos comunitarios.

*Con información de AFP.