La JEP impone penas restaurativas de hasta 8 años a 12 exmilitares por 'falsos positivos'

El Tribunal para la Paz de Colombia dictó este jueves una sentencia histórica al condenar por primera vez, y con la pena máxima de hasta ocho años de sanción restaurativa, a 12 militares retirados por su responsabilidad en 135 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate. Entre los condenados se encuentran dos coroneles, quienes deberán cumplir labores de reparación en favor de las víctimas y sus familias.

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De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada tras el acuerdo de paz con las FARC en 2016, los exuniformados admitieron haber participado en los crímenes ocurridos entre 2002 y 2005 en la Costa Caribe. Estos hechos se enmarcan en el patrón criminal conocido como falsos positivos, uno de los episodios más graves del conflicto armado colombiano.

La JEP condenó a 12 exmilitares del Batallón La Popa por 135 'falsos positivos' en Valledupar - Crédito: Colprensa

“Ningún colombiano debió haber fallecido como resultado de un entramado criminal encargado de seleccionar, asesinar y desaparecer a personas inocentes (...) con el único fin de convertirlas en cifras”, afirmó el magistrado presidente Alejandro Ramelli durante la lectura de la sentencia en Bogotá.

Las sanciones establecen que los exmilitares deberán participar en la construcción de memoriales y centros comunitarios en territorios indígenas de la región Caribe. Su movilidad estará restringida a los lugares donde se adelanten estas labores de reparación y memoria histórica.

Los comparecientes han entregado verdad y asumido compromisos con la reparación de las víctimas y la no repetición de estos crímenes, señaló la magistrada Ochoa durante la audiencia.

Los falsos positivos consistieron en el asesinato sistemático de jóvenes, en su mayoría de bajos recursos, reclutados bajo engaños y luego ejecutados para presentarlos como combatientes abatidos. Con ello, las unidades militares buscaban mostrar resultados en la lucha contra la insurgencia y obtener beneficios como días de descanso, ascensos o condecoraciones.

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Según las investigaciones de la JEP, estos crímenes se cometieron en alianza entre integrantes de las fuerzas militares y, en algunos casos, con el apoyo de civiles o grupos armados ilegales. El tribunal ha documentado al menos 6.402 víctimas de falsos positivos ocurridos entre 2002 y 2008, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien rechaza que haya sido una política estatal.

La decisión histórica de la JEP busca justicia para 135 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2005 en Cesar y La Guajira - Crédito: Colprensa

Las medidas de la JEP

A diferencia de lo ocurrido con los exjefes de las Farc, los exmilitares recibirán sanciones que contemplan libertad de movimiento bajo horarios y lugares de residencia establecidos, con seguimiento de la Sección de Reconocimiento.

La JEP determinó la sanción propia más alta, de ocho años, para los 12 exintegrantes del Batallón La Popa, teniendo en cuenta tanto los TOAR como los periodos de prisión cumplidos previamente, que fueron descontados de la condena final.

En detalle, Guillermo Gutiérrez Riveros, Manuel Valentín Padilla Espitia y Eduart Gustavo Álvarez Mejía deberán cumplir la pena máxima de 8 años.

Por su parte, Alex José Mercado Sierra recibió una sanción de 7 años; Heber Hernán Gómez Naranjo, 6 años, 5 meses y 6 días; Efraín Andrade Perea, 6 años, 1 mes y 6 días; Carlos Andrés Lora Cabrales, 5 años y 10 meses; José de Jesús Rueda Quintero, 6 años, 11 meses y 24 días; Elkin Leonardo Burgos Suárez, 5 años, 7 meses y 12 días; Elkin Rojas, 6 años, 1 mes y 12 días; Yeris Andrés Gómez Coronel, 7 años, 7 meses y 22 días; y Juan Carlos Soto Sepúlveda, 6 años, 7 meses y 6 días.

Las obras restaurativas

La JEP dispuso que los 12 exmilitares sancionados participen en seis proyectos restaurativos:

• Plan Integral de Memorialización para la Costa Caribe: contempla la construcción de un mausoleo de la memoria con 700 osarios en el Cementerio del Ecce Homo de Valledupar. Los comparecientes apoyarán en labores de construcción, pintura, adecuaciones, preparación de espacios para murales, diseño junto a las víctimas, procesos de socialización, así como tareas de transcripción y producción de material pedagógico.

• Centro de armonización para el buen vivir del Pueblo Kankuamo: incluye trabajos de nivelación de terrenos, cimentación, instalación de servicios básicos, mantenimiento de la vía de acceso, apoyo logístico y adecuación de áreas productivas, además de actividades simbólicas de reparación.

La magistrada Ana Manuela Ochoa - Crédito: Redes sociales

• Centro Integral Cultural y de Memoria OMONAPA del Pueblo Wiwa: los sancionados participarán en la preparación de terrenos, construcción de muros, instalaciones, limpieza, jardinería, siembra de árboles y huertas, construcción de senderos, señalización y actividades de memoria junto a la entrega del centro cultural.

• Fortalecimiento productivo multipropósito “Sembradores de amor y paz”: contempla apoyo técnico y logístico a infraestructuras, adecuación de predios, jornadas de trabajo en terreno y participación en espacios de socialización y actos simbólicos.

• Casas Multipropósito “Sanando memorias, reconstruyendo vidas”: prevé trabajos de carpintería, albañilería, mantenimiento de infraestructura, apoyo a talleres y eventos, definición de contenidos y participación en actos de reparación y memoria.

• Casa cultural Nelson Enrique Romo Romero: los exmilitares intervendrán en estudios, diseños, construcción, instalación de mobiliario y dotación tecnológica, además de actividades de socialización y memoria.

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La decisión contra los 12 militares retirados se suma a las sanciones anunciadas días atrás contra la cúpula de las FARC, incluida su excomandancia, por más de 21.000 secuestros cometidos durante el conflicto armado.