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La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra el ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre Lynett, por presunta intromisión indebida en la administración de justicia, vulneración de la autonomía judicial y afectación de garantías fundamentales en el proceso legal en el que está reconocido como víctima.
La Sala Disciplinaria de Instrucción indicó que, al parecer, el funcionario habría promovido mensajes de odio y difundido información falsa e inexacta de manera masiva durante un momento clave de su proceso judicial. Los mensajes habrían sido enviados a través de aplicaciones de mensajería con un lenguaje hostil dirigido a quienes ejercen su defensa y a los funcionarios judiciales implicados.
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#Judicial | Con este documento, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría abrió una indagación previa contra el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, por presuntamente difundir mensajes de odio e incurrir en hechos de injuria y calumnia en contra de Álvaro… pic.twitter.com/iYPGLVeAMY
— Minuto60 (@minuto60com) October 16, 2025
Entre los contenidos difundidos se incluyen calificativos como “cínicos” o “penalista contratado por el criminal de guerra”, y acusaciones de participación en estrategias para deslegitimar la condena de primera instancia dirigidas a profesores, académicos y periodistas. La entidad señala que estos comentarios exceden el ámbito de un debate académico o jurídico y constituyen ataques personales y políticos, generando un ambiente hostil que podría afectar la administración de justicia y la libertad académica.
Queja de Uribe
El expresidente Álvaro Uribe Vélez interpuso una queja disciplinaria contra Montealegre por presunta injerencia indebida en la administración de justicia, argumentando que sus expresiones podrían influir en el proceso que se adelanta en su contra por soborno en actuación penal y fraude procesal.
El caso, que se tramita en el Juzgado 44 Penal del Circuito y en apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, reconoce a Montealegre como presunta víctima. Según la denuncia, el ministro utilizó WhatsApp para enviar masivamente mensajes en los que calificaba al expresidente como un “criminal de guerra” y realizaba ataques contra defensores legales, profesores y periodistas, afectando la percepción de imparcialidad en el proceso.
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La Sala de Instrucción ha decretado la práctica de pruebas para determinar si los hechos denunciados ocurrieron y si Montealegre incurrió en faltas disciplinarias graves. La actuación se realiza bajo el artículo 208 del Código General Disciplinario, con el objetivo de garantizar la transparencia y la imparcialidad en los procesos judiciales.

Álvaro Uribe Vélez, quien interpuso la queja disciplinaria contra el ministro Montealegre. - Crédito: Colprensa
La Procuraduría busca establecer si hubo intromisión indebida en la administración de justicia, vulneración de la autonomía judicial y afectación de garantías fundamentales. El caso también resalta la responsabilidad de los altos funcionarios en la comunicación pública durante procesos legales y el posible impacto de los mensajes masivos en la percepción de imparcialidad y la seguridad jurídica.
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La investigación continuará hasta esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, reforzando la vigilancia sobre la conducta de los altos funcionarios del Estado y la protección de los derechos de las víctimas y los implicados en procesos judiciales.
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