El nuevo capítulo en el escándalo Centros Poblados: Fiscalía embarga bienes por más de $65.900 millones
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre 23 bienes vinculados a los implicados en las irregularidades del contrato.
La Fiscalía General de la Nación dio un nuevo paso en el proceso de recuperación de los recursos públicos comprometidos en el escándalo del contrato de conectividad rural adjudicado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) a la Unión Temporal Centros Poblados.
Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares con fines de extinción sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios de los implicados en los hechos irregulares detectados en la ejecución del proyecto.
De acuerdo con el ente acusador, las propiedades afectadas superan un valor de 65.900 millones de pesos y corresponden a predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y activos societarios ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño.
Estos bienes pertenecerían a Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres, así como a algunos de sus familiares.
Según los elementos materiales probatorios recaudados en la investigación, los bienes habrían sido adquiridos con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas que rodearon el proceso de contratación y, en particular, del anticipo recibido de manera irregular por la Unión Temporal Centros Poblados. Este consorcio fue contratado para instalar 7.277 centros digitales en escuelas rurales de 16 departamentos, un proyecto que buscaba cerrar la brecha digital en zonas apartadas del país.
Según la Fiscalía General de la Nación los bienes harían parte del patrimonio de los implicados en el escándalo. Archivo particular
Bienes bajo sospecha y recursos públicos desviados
La Fiscalía señaló que las medidas cautelares impuestas tienen un carácter exclusivamente jurídico y buscan proteger y recuperar los dineros públicos comprometidos, ante la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados. Las decisiones se adoptaron con fundamento en las causales de equivalencia, mezcla y destinación, figuras jurídicas que permiten afectar bienes cuando se demuestra que recursos ilícitos fueron combinados con dinero de origen lícito o utilizados para adquirir propiedades.
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La investigación permitió establecer que algunos de los bienes intervenidos habrían sido comprados directamente con recursos derivados del anticipo irregular, mientras que otros se habrían adquirido a través de mecanismos de ocultamiento patrimonial, incluyendo la participación de familiares y el uso de sociedades comerciales como instrumentos para la comisión de las irregularidades.
“El material probatorio evidencia que se mezclaron bienes lícitos con recursos de origen ilícito y que las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados fueron utilizadas como vehículos para desviar los recursos del Estado”, indicó la Fiscalía en su comunicado.
Medida sobre un bien de la exministra Karen Abudinen
En el marco de este proceso, la Fiscalía también informó que, en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, se aplicó una medida cautelar adicional sobre un inmueble perteneciente a la exministra de las TIC, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe, quien estaba al frente de la cartera cuando se adjudicó el contrato.
Aunque la exfuncionaria no es destinataria de las medidas penales de extinción de dominio en este caso, la afectación del inmueble responde a decisiones de carácter fiscal relacionadas con el detrimento patrimonial causado al Estado. La Fiscalía aclaró que esta actuación se da en cumplimiento de los fallos de los organismos de control y como parte de la estrategia de recuperación de recursos públicos.
Un caso emblemático de corrupción en la contratación pública
El contrato de Centros Poblados se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país, luego de que se descubriera que las garantías bancarias presentadas para respaldar el anticipo eran falsas y que una parte significativa de los recursos públicos había sido desviada antes de que se ejecutara el proyecto.
El fracaso de la iniciativa dejó sin conectividad a miles de estudiantes de zonas rurales, profundizando las brechas educativas y digitales, especialmente en regiones históricamente golpeadas por la pobreza y el conflicto armado. El caso también reabrió el debate sobre los controles en la contratación estatal, la verificación de garantías y la responsabilidad de los funcionarios públicos en la adjudicación y supervisión de contratos de alto impacto social.
