¿Por qué la Corte Suprema ordenó conducir con Policía a Martha Peralta a indagatoria?
La magistrada Cristina Lombana la ordenó tras dos aplazamientos; la senadora es investigada por presunto tráfico de influencias y cohecho impropio.

La Corte Suprema de Justicia ordenó este jueves que la Policía condujera a la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, hasta su sede en el norte de Bogotá para que rindiera indagatoria por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La orden la firmó la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción, la sala encargada de investigar a los aforados. Peralta había pedido dos veces aplazar la audiencia y Lombana no accedió a ninguna de las dos solicitudes.
La conducción es una figura que obliga a una persona a presentarse a declarar y solo procede cuando ya fue citada y no atendió el llamado. No equivale a una captura: esta última implica privar de la libertad y se reserva para hechos más graves.
Estoy viendo muchos rumores, chismes y titulares que no corresponden a la realidad. Algunas personas están diciendo que me van a imputar, que allanaron mi casa, e incluso hasta hablan de una supuesta captura. Todo es falso.
— Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) June 18, 2026
Hoy asisto a rendir indagatoria dentro de una actuación… pic.twitter.com/2y5srmISQX
La versión de la senadora
Antes de entrar a la Sala de Instrucción, Peralta calificó el proceso como una "persecución política" en su contra. Sostuvo que las acusaciones surgieron mientras hacía campaña y las atribuyó a su pertenencia a un proyecto político.
"Siempre he dado la cara, siempre he actuado con transparencia", afirmó a su llegada. Aseguró que ha atendido todas las citaciones de la Corte y que acudió a aclarar las dudas del tribunal.
En sus redes, la congresista también negó los rumores que circularon durante el día: dijo que no se trataba de una imputación ni de un allanamiento a su casa ni de una captura, sino de una diligencia ordinaria dentro del proceso.

Foto: Colprensa
El origen de la investigación
La Sala de Instrucción abrió la investigación formal contra Peralta el 14 de mayo, tras una sesión ordinaria. La señaló como sospechosa de los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio, una forma de soborno a un funcionario.
El proceso arrancó con los testimonios de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y del exsubdirector Sneyder Pinilla. Según López, Peralta le pidió direccionar un contrato a favor de los representantes de la empresa IRL SAS, que buscaba un proyecto de maquinaria amarilla, los equipos pesados para obras.
A López, el Tribunal de Bogotá le tumbó el preacuerdo que había firmado con la Fiscalía General de la Nación, por lo que ahora debe responder a los cargos sin ese beneficio. De acuerdo con su versión, el contrato (cercano a los 2.170 millones de pesos, según el expediente) estaba destinado al mantenimiento de pozos en La Guajira.
La Fiscalía le trasladó el caso a la Corte en abril de 2025 mediante una compulsa de copias, para que el alto tribunal investigara a la senadora. El ente acusador no podía hacerlo directamente por el fuero que cobija a los congresistas, que lleva sus procesos a la Corte Suprema.
Según la investigación, la Corte también revisa si Peralta lideró una estrategia para alinear votos de congresistas de la Comisión Séptima del Senado a cambio de gestionar proyectos de la Ungrd para sus regiones.
Una orden en disputa
El equipo de Peralta confirmó a El Espectador que Lombana ordenó llevarla con Policía, pero aseguró que la senadora ya estaba en la sede de la Corte cuando se emitió la orden. Según su defensa, tampoco se dispuso ninguna captura, y la congresista llegó por sus propios medios.
El escándalo de la Ungrd estalló en febrero de 2024 por presuntos sobrecostos en la compra de carrotanques para llevar agua a La Guajira. Varios congresistas y exfuncionarios han sido vinculados al caso, que la Fiscalía investiga como un entramado de desvío de recursos públicos.
Peralta, presidenta del partido MAIS e integrante del Pacto Histórico, fue reelegida por La Guajira para el periodo 2026-2030 pese al proceso. Con la conducción cumplida, la indagatoria quedó fijada para la tarde de este jueves, cuando la senadora debía responder ante la Sala de Instrucción por los hechos investigados.
