Se cayó el acuerdo y la Fiscalía imputará a Laura Sarabia por el polígrafo ilegal a Marelbys Meza
La exfuncionaria enfrentará cargos por tres delitos y dos de ellos, por el artículo 68A del Código Penal, le bloquean la casa por cárcel.
La Fiscalía General de la Nación llamará a imputación a Laura Sarabia por la prueba de polígrafo que le practicaron a Marelbys Meza en enero de 2023, cuando la exfuncionaria era jefe de gabinete del entonces presidente, Gustavo Petro. La revista Cambio reveló este domingo que el ente acusador desistió de la salida negociada que la defensa venía explorando desde hacía meses. Los cargos que prepara son tres: abuso de función pública, peculado por uso y constreñimiento ilegal.
La imputación es la audiencia en la que la Fiscalía le dice a una persona, delante de un juez, de qué la señala, y con eso arranca formalmente el proceso penal en su contra. Todavía no tiene fecha. Según la revista, el ente acusador alista la solicitud para que un juez de control de garantías, el que vigila los derechos en la etapa inicial del proceso, fije el día de la diligencia.
Dos de esos delitos, el peculado por uso y el abuso de función pública, están en el título del Código Penal que agrupa las conductas contra la administración pública. El artículo 68A de ese código, que fija a quién no se le conceden beneficios, prohíbe la prisión domiciliaria y la suspensión de la pena a los condenados por esas conductas. Si el proceso termina en condena, Sarabia podría pagar en una cárcel y no en su casa.
Laura Sarabia, exembajadora en Reino Unido. Foto: Colprensa.
¿Qué pasó con Marelbys Meza y el polígrafo en la Casa de Nariño?
El 30 de enero de 2023, Marelbys Meza, la mujer que cuidaba al hijo de Laura Sarabia, fue llevada a la sala de poligrafía de la Casa Galán, el edificio de inteligencia que queda frente a la Casa de Nariño, y allí la conectaron a un detector de mentiras para preguntarle por un dinero que había desaparecido del apartamento de su empleadora. Sarabia contó en enero de 2024 que en ese apartamento había 7.000 dólares (unos $22,4 millones con la tasa de este domingo) y documentos de Estado.
El polígrafo no prueba nada ante un juez colombiano. Aun así, aquel examen concluyó que la niñera ocultaba información, según la reconstrucción de Cambio. Meza denunció después que la trasladaron en un vehículo oficial y que la sometieron al procedimiento sin orden judicial.
Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, en la sala de poligrafía de la Casa Galán. Foto: Captura de pantalla.
De esa escena salió uno de los capítulos más pesados del Gobierno Petro. Al polígrafo le siguieron las interceptaciones ilegales al teléfono de Meza, el uso del aparato del Estado contra dos empleadas domésticas, la salida de altos funcionarios y la muerte del coronel Óscar Dávila, coordinador de protección anticipativa de la Presidencia, hallado sin vida el 9 de junio de 2023 en Bogotá. La Fiscalía archivó ese expediente en marzo de 2026 al concluir que no encontró elementos para desvirtuar la hipótesis del suicidio.
Por el polígrafo, el ente acusador llevó a juicio a varios uniformados de la Policía. El coronel Carlos Alberto Feria, jefe de la protección presidencial en ese momento, fue llamado a juicio por los mismos tres delitos que ahora se le atribuyen a Sarabia. El mayor Duván Andrés Muñoz también responde por su presunta participación en los hechos.
¿Por qué se cayó el acuerdo para que Laura Sarabia no fuera a juicio?
El acuerdo se cayó por dos movimientos, según Cambio: el capitán Óscar Leandro Mojica Cordón se comprometió a declarar bajo juramento que la orden del polígrafo salió de Laura Sarabia, y Fabiola Perea, la otra empleada doméstica del caso, pidió que la reconocieran como víctima dentro del proceso.
La salida que se exploraba era la justicia restaurativa, un mecanismo en el que el responsable repara a la víctima en vez de terminar en una condena. La negociación llegó a una etapa formal con una carta dirigida a Marcela Abadía Cubillos, fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia. En ese documento, fechado en julio de 2026, la apoderada de Meza pidió "la activación del mecanismo de justicia restaurativa" y dijo que la decisión respondía a la voluntad "libre, expresa e informada" de su clienta, según los documentos que conoció la revista.
Sobre el contenido de la propuesta, Cambio detalló que incluía un acto de reconocimiento, una reparación simbólica y una compensación económica cuyo monto no se reveló. La expectativa de la defensa era que el expediente terminara archivado si la Fiscalía avalaba esa ruta y el acuerdo se cumplía. En la gestión participó primero el abogado Mauricio Pava y después Mario Iguarán, exfiscal general que asumió la representación de Sarabia.
Perea no fue poligrafiada. Su solicitud se apoya en otro hecho: sostiene que policías de civil llegaron hasta su vivienda sin orden judicial, tomaron fotografías del inmueble y recogieron información de sus familiares. Su abogado, Mauricio Marín, afirmó que la Fiscalía no respaldaría la salida restaurativa planteada para Sarabia y que sí escucharía la petición de su clienta para entrar formalmente como víctima.
¿Qué dijo el capitán Óscar Mojica sobre la orden del polígrafo?
"En llamada telefónica con el coronel, (Laura Sarabia) le dio la instrucción de realizar el cambio del esquema de seguridad y luego la realización del polígrafo a su empleada de servicio", dice el documento de la Fiscalía que recoge el compromiso de declaración del capitán Óscar Leandro Mojica Cordón, exjefe de Hurto a Residencias de la Sijín en Bogotá.
Ese compromiso quedó en firme el 2 de julio de 2026, cuando Mojica firmó un principio de oportunidad, el beneficio con el que la Fiscalía suspende o renuncia a la acción penal a cambio de colaboración. La inmunidad que recibió es parcial y cubre el delito de violación ilícita de comunicaciones. Por los demás cargos sigue respondiendo.
La versión del capitán choca con la que Sarabia dio en enero de 2024. La exfuncionaria negó entonces haber ordenado la prueba, dijo que el caso se manejó como un asunto de seguridad nacional porque en su apartamento había documentos oficiales y sostuvo que, cuando ella llegó, ya había policías de civil y la coordinación estaba en manos de la jefa de su esquema de protección.
Sobre ese punto, la Fiscalía considera que el testimonio de Mojica le permite sostener en juicio que la orden salió de Sarabia y que para cumplirla se usaron bienes del Estado destinados a otras funciones. Ninguno de los señalamientos tiene decisión judicial en firme. Sarabia no ha sido imputada, ni acusada, ni condenada.
¿Qué dijo Laura Sarabia sobre la imputación de la Fiscalía?
Laura Sarabia respondió este domingo en sus redes sociales que el caso lo manejan sus abogados y que espera que Marelbys Meza recupere su tranquilidad. La exfuncionaria escribió que "este tema siempre lo han manejado mis abogados y son ellos quienes pueden referirse a las decisiones jurídicas".
Este tema siempre lo han manejado mis abogados y son ellos quienes pueden referirse a las decisiones jurídicas. Yo solo puedo decir que respeto a las autoridades y confío en sus decisiones. Mi deseo sigue siendo que Marelbys recupere su tranquilidad, pueda retomar su vida y…
— Laura Sarabia (@laurisarabia) August 30, 2026
"Yo solo puedo decir que respeto a las autoridades y confío en sus decisiones. Mi deseo sigue siendo que Marelbys recupere su tranquilidad, pueda retomar su vida y avanzar. Yo también quiero hacerlo", agregó en el mismo mensaje.
Del lado de la defensa, Mario Iguarán señaló que desde el primer momento se han puesto a disposición de la Fiscalía y que están listos para entregar las explicaciones que el ente acusador considere necesarias. A Sarabia le quedan dos caminos: controvertir la acusación en el juicio o intentar otra salida negociada, como un preacuerdo.
Sarabia fue jefe de gabinete de Petro, directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), canciller entre enero y julio de 2025 y embajadora en el Reino Unido desde febrero de 2026. Renunció a la embajada el 7 de agosto de 2026, el día del cambio de Gobierno. La solicitud de audiencia de imputación todavía no ha sido radicada ante un juez.
