Juez ordena mantener seis meses más la zona de excombatientes de Comandos de la Frontera en Putumayo
El fallo da a la Presidencia medio año para un cierre con garantías del espacio donde siguen 62 excombatientes. El Gobierno puede impugnarlo..
El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís (Putumayo) falló a favor de los excombatientes de los Comandos de la Frontera y le ordenó a la Presidencia de la República suspender por seis meses el cierre de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de Valle del Guamuez (Putumayo), según reveló este viernes el diario El Tiempo.
En ese plazo, que empieza a correr al día siguiente de la notificación, la Presidencia tiene que terminar los trámites administrativos, jurídicos, migratorios, logísticos y de seguridad para un cierre ordenado, con la participación de los excombatientes y de las entidades competentes. La tutela la presentaron 62 excombatientes que siguen en el predio.
99 integrantes de Comandos de la Frontera llegaron a la zona de Valle del Guamuez en junio. Foto: Archivo particular.
¿Qué derechos protegió el juez a los excombatientes?
El juez Carlos Alexander Coral Cuatín amparó, entre otros, los derechos a la vida, la seguridad, la integridad física, la reincorporación y el tránsito a la vida civil, el debido proceso, la confianza legítima y la paz. La demanda iba contra la Presidencia y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
La decisión tiene fecha del 8 de octubre. El consultorio jurídico y la clínica de acciones públicas de la Pontificia Universidad Javeriana, que asesoran a los excombatientes, explicaron que con este fallo la zona ya no puede cerrarse en diciembre, como lo tenía previsto el Gobierno. "Tienen que garantizar las condiciones por seis meses", señalaron.
Las alertas que tuvo en cuenta el juez
La Defensoría del Pueblo visitó la zona el 18 de septiembre y le informó al Dapre que no había atención en salud y que había obstáculos para atender emergencias médicas. También reportó falta de medidas de protección y un riesgo de seguridad en el área. Entre las personas que estaban allí:
23 manifestaron amenazas concretas.
11 dijeron temer represalias de grupos armados ilegales presentes en la región.
43 no tienen un lugar seguro a donde llegar ni ingresos o una red de apoyo.
51 son el sostén económico de hijos menores de edad, padres adultos mayores o parejas.
Defensoría verificó condiciones de la zona de excombatientes en Valle del Guamuez. Foto: Colprensa.
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización envió un oficio a la Defensoría y a la Procuraduría General de la Nación con alertas sobre el cierre anticipado. Según la entidad, la salida sin garantías ponía en riesgo la seguridad de quienes empezaban la reintegración, aumentaba la posibilidad de que volvieran a delinquir y afectaba la credibilidad del Estado en los procesos de desmovilización.
¿Por qué el Gobierno quería cerrar la zona de los Comandos de la Frontera?
El Gobierno del presidente, Abelardo De La Espriella, ordenó el fin de la zona en septiembre con la Resolución 389 de 2026, después de levantar en agosto la mesa de diálogo con los Comandos de la Frontera, grupo adscrito a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). El cierre iba a regir desde el 30 de septiembre.
El 24 de septiembre, el mismo juzgado suspendió esa resolución de manera provisional mientras estudiaba la tutela. Días después, Carlos Andrés Ríos, consejero comisionado de paz encargado y director del Dapre, firmó la Resolución 215 de 2026, que le ordenaba a una comisión humanitaria sacar a los excombatientes entre el 1 y el 2 de octubre.
Esa salida no se hizo. El Dapre expidió luego otra resolución que extendía la zona hasta el 3 de diciembre y fijaba el 30 de noviembre como fecha límite para que salieran todos sus ocupantes.
¿Quiénes son los excombatientes de la zona de Valle del Guamuez?
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Juzgado de Puerto Asís (Putumayo) falló la tutela de los excombatientes. Foto: Colprensa.
A la zona llegaron 99 integrantes de los Comandos de la Frontera el 18 de junio, durante el gobierno de Gustavo Petro. De ellos, 53 tenían entre 18 y 28 años, 13 eran mujeres, nueve reportaron alguna discapacidad y 50 se reconocieron como parte de un pueblo indígena, según los datos que recoge el fallo.
El Gobierno puede impugnar la decisión, que pasaría a estudio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa.
