El giro en el Caso 10 de la JEP tras 45 jornadas con víctimas y extintas FARC: lo que viene ahora
Las audiencias del Caso 10 cerraron con relatos de víctimas que ahora serán clave para definir las próximas imputaciones de la JEP.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cerró una de las fases más sensibles del Caso 10 tras escuchar a 354 víctimas que, durante 45 jornadas, confrontaron directamente a 123 exintegrantes de las extintas FARC en un proceso centrado en los crímenes más graves del conflicto armado. Con este cierre, el tribunal entra en la etapa decisiva en la que deberá identificar y señalar a los máximos responsables de masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos y tomas guerrilleras.
El proceso marca un punto de inflexión en la investigación judicial más amplia sobre los hechos que no fueron incluidos en otros casos del sistema de justicia transicional. Ahora, la JEP pasa de la recolección de testimonios a la fase de contraste de versiones y posible imputación de responsabilidades.
JEP avanza a imputaciones tras escuchar a 354 víctimas de las FARC. Colprensa
Un proceso que cierra una etapa clave en la JEP
El denominado Caso 10 agrupa los crímenes más graves atribuidos a las extintas FARC que no fueron objeto de amnistía ni de otros procesos específicos, como el secuestro o el reclutamiento de menores. En este expediente se investigan homicidios, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos y ataques armados que dejaron profundas huellas en distintas regiones del país.
Durante 45 jornadas de trabajo, la Sala de Reconocimiento de Verdad, con apoyo de los despachos de las magistradas Marcela Giraldo Muñoz y Julieta Lemaitre Ripoll, llevó a cabo audiencias en Bogotá, Ibagué, Medellín, Villavicencio, Florencia y varios municipios de Santander, además de espacios virtuales para víctimas con dificultades de seguridad.
En total, el caso cuenta con 4.062 víctimas acreditadas, de las cuales 354 participaron directamente en las audiencias con intervenciones, testimonios y solicitudes concretas dirigidas a los comparecientes. Además, la Sala recibió 14 observaciones escritas de víctimas y de la Procuraduría General de la Nación.
Las víctimas exigieron verdad, justicia y responsables
Las intervenciones de las víctimas estuvieron marcadas por un mismo reclamo: conocer la verdad completa de lo ocurrido. En sus relatos no solo narraron los hechos violentos, sino que exigieron respuestas sobre la cadena de mando, los motivos detrás de los crímenes y el paradero de las personas desaparecidas.
Uno de los pedidos recurrentes fue la identificación de quienes dieron las órdenes dentro de la antigua guerrilla. También exigieron a los excombatientes reconocer el control territorial que ejercieron en algunas zonas y los abusos cometidos contra la población civil.
Varias víctimas señalaron que fueron estigmatizadas y señaladas de colaborar con actores armados por actividades cotidianas, como el comercio en sus regiones. Estos señalamientos derivaron en amenazas, desplazamientos y rupturas familiares que persisten hasta hoy.
La JEP escuchó testimonios de víctimas y exintegrantes de las FARC en el Caso 10. JEP
Relatos que marcaron las audiencias
Las jornadas estuvieron acompañadas de actos simbólicos en los que las víctimas llevaron fotografías, flores y objetos personales de sus familiares asesinados o desaparecidos. En cada intervención, los relatos expusieron la dimensión humana del conflicto.
Roger Daniel George recordó cómo, siendo niño, presenció el asesinato de su madre en 2008. Su testimonio estuvo cargado de dolor y de la decisión de hablar públicamente para no seguir viviendo con miedo.
Nancy Vargas Ávila relató la desaparición de sus hermanas en 1988, víctimas de integrantes del Bloque Caribe. Pidió apoyo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para encontrarlas y cerrar el duelo de más de tres décadas.
En otra audiencia, Gabriel Francisco Acosta Sierra narró la masacre de 34 campesinos en La Gabarra en 2004, un hecho que marcó profundamente al Catatumbo.
También intervino Ángela María Ballesteros Sarmiento, madre de una personera asesinada en 2002, quien insistió en que la verdad implica no solo reconocer los hechos, sino explicar por qué ocurrieron.
El peso jurídico de las observaciones
Las observaciones entregadas por víctimas y entidades tienen un valor clave dentro del proceso. La JEP las utilizará para contrastar versiones, evaluar la coherencia de los relatos y determinar la responsabilidad de los llamados máximos responsables.
Además, estos insumos servirán para ampliar las versiones ya rendidas por los comparecientes, especialmente en lo relacionado con desapariciones forzadas y estructuras de mando dentro de las antiguas FARC.
Este procedimiento ya ha sido aplicado en otros casos del sistema, como el de secuestros, donde la JEP emitió su primera sentencia restaurativa contra el último Secretariado de las FARC.
Lo que viene en el Caso 10
Con el cierre de esta fase, la JEP entra en una etapa decisiva: la imputación de responsabilidades. En este punto, el tribunal deberá establecer quiénes fueron los responsables directos y máximos responsables de los crímenes investigados.
El modelo de justicia transicional contempla sanciones restaurativas para quienes reconozcan su responsabilidad, mientras que quienes no lo hagan podrían enfrentar penas de prisión si son hallados culpables.
El desenlace del Caso 10 dependerá en gran medida de lo expuesto por las víctimas en estas audiencias, donde no solo narraron lo ocurrido, sino que exigieron respuestas sobre el destino de sus familiares.
El proceso continúa en manos de la Sala de Reconocimiento de Verdad, que deberá analizar toda la información antes de avanzar hacia las imputaciones, un paso clave para establecer la verdad judicial del conflicto armado colombiano.
