Ocho militares acusados por crímenes cometidos a comunidades étnicas en Nariño
La Jurisdicción Especial para la Paz responsabilizó a ocho militares por delitos contra comunidades en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas en Nariño.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP determinó que ocho militares cometieron al menos tres patrones macrocriminales que afectaron al Pueblo Negro Afrocolombiano, a los Pueblos Indígenas Awá y Eperara Siapidaara, y a comunidades campesinas, sus territorios, sistemas de vida y espiritualidad, entre los años 2001 y 2012.
“El proceso de contrastación judicial permitió establecer cómo la forma en la que se implementó la política estatal de consolidación territorial en los municipios priorizados se tradujo en una militarización intensiva del territorio y de la vida cotidiana de sus habitantes, sin consideración por las particularidades propias de ser un territorio mayoritariamente étnico y sin una coordinación con sus autoridades, sistemas organizativos y de gobierno propio”, señaló en un comunicado la JEP.
Esta situación generó condiciones que facilitaron la comisión de crímenes por parte de los integrantes de la fuerza pública, donde existió:
Estigmatización sistemática de Pueblos Étnicos y comunidades campesinas
Ausencia de enfoque étnico-racial en la implementación de la política
Presión por resultados operacionales que llevó a prácticas ilegales para presentar falsos resultados operacionales
Dinámicas de alianza o connivencia con integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia
Convergencia entre los cultivos de uso ilícito y la lucha antinarcóticos desde un abordaje fundamentalmente militar.
Primer patrón macrocriminal
La Sala señaló que existió una “estigmatización y violencia selectiva orientadas a restringir y debilitar los procesos organizativos étnicos y no étnicos donde se pudo determinar que, durante más de una década, integrantes de la fuerza pública ejercieron estigmatización y violencia selectiva orientada a debilitar procesos organizativos étnicos y no étnicos, así como sus expresiones políticas, sociales y culturales y la reivindicación de sus derechos individuales, colectivos y territoriales”.
Además, de acuerdo con el alto tribunal, la percepción histórica del Pacífico nariñense como una ‘zona roja’ o ‘poco civilizada’ contribuyó a “que la población fuese tratada como susceptible de controlar, y no como sujetos de derechos protegidos. En ese sentido, la defensa del territorio, la resistencia a modelos económicos de extractivismo y manifestaciones políticas, sociales y culturales, se interpretaron como actos de subversión, habilitando y justificando el uso de la violencia, por parte de miembros del Ejército Nacional”.
Las víctimas de este patrón macrocriminal fueron señaladas y estigmatizadas como ‘guerrilleros’, ‘auxiliadores’ o ‘colaboradores’ de grupos armados ilegales, derivando en homicidios selectivos, detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas, amenazas e intimidaciones individuales y colectivas. Los hechos fueron cometidos directamente por integrantes de la fuerza pública y por grupos de autodefensas que actuaron en connivencia con ella.
Segundo patrón: falsos positivos
En la investigación se determinó que existieron asesinatos de integrantes de Pueblos Étnicos y campesinos, presentados ilegítimamente como suouestas bajas en combate. “Estos homicidios se dirigieron principalmente contra la población civil del territorio priorizado, con afectaciones directas y reiteradas sobre autoridades tradicionales, liderazgos sociales, etnoeducadores, exgobernadores indígenas y presidentes de Juntas de Acción Comunal. En algunas ocasiones, los hechos estuvieron acompañados de torturas, tratos crueles y amenazas a testigos y familiares, lo que en muchos casos derivó en desplazamientos familiares o comunitarios”.
#ATENCIÓN | La JEP atribuye responsabilidad a ocho comparecientes de fuerza pública por crímenes cometidos contra Pueblos Étnicos, comunidades campesinas y sus territorios en Nariño.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) March 16, 2026
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Tercer patrón: control militar y privación de derechos
En Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, se ejecutó una política militar “en la que el territorio fue tratado como un recurso estratégico para el despliegue de operaciones contrainsurgentes y de erradicación de cultivos de uso ilícito, lo que afectó los derechos territoriales de los Pueblos Negros Afrocolombianos, Indígenas y comunidades campesinas de la zona”.
En dicho contexto, existió una implementación sistemática y sostenida de diversas formas de violencia, así como por la militarización del territorio y de la vida cotidiana, lo que derivó en desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad, afectando gravemente la existencia física, espiritual y cultural de estos pueblos y comunidades.
“El Ejército instaló bases permanentes o campamentos transitorios en escuelas, viviendas, centros comunales, polideportivos, caminos ancestrales, ecosistemas y cuerpos de agua, transformando estos espacios de vida comunitaria en puntos de control y vigilancia militar. A ello se sumaron retenes, bloqueos de suministros, restricciones a la movilidad, requisas, censos, registros fotográficos, amenazas y señalamientos contra líderes y habitantes, prácticas que consolidaron un entorno de temor, subordinación y estigmatización”, señaló la JEP y agregó que entre 2003 y 2012 se registraron:
42 hechos de desplazamiento, confinamiento y hostilidades contra Pueblos Étnicos y comunidades campesinas
16.337 personas resultaron afectadas , de las cuales 10.738 pertenecían al Pueblo Awá, 3.796 integrantes del Pueblo Negro Afrocolombiano y 1.800 campesinos.
¿Quiénes son los acusados?
Por estos graves crímenes se responsabilizó a siete integrantes del Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 ‘General José María Cabal’ y a uno del Batallón de Contraguerrilla No. 93 ‘Ramiro Rueda Mendoza’, del Ejército Nacional.
Los militares son: Luis Felipe Montoya Sánchez, José David Vásquez Acevedo, Juan Carlos Dueñas Mejía, el capitán Carlos Alfredo Castro Pinzón, Carlos Alberto Gutiérrez González, José Gregorio Betancourt Rodríguez, Alexander Guerrero Castellanos y Adolfo Díaz Masmela.
En este proceso, se recibieron 57 informes de organizaciones de la sociedad civil, 47 diligencias de versión voluntaria con 35 integrantes o exintegrantes de la fuerza pública, 41 documentos de observaciones, 29 diligencias dialógicas en las que participaron víctimas individuales y colectivas e insumos provenientes de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la jurisdicción ordinaria, Justicia y Paz y la Justicia Penal Militar, la Unidad de Restitución de Tierras, el Instituto Departamental de Salud de Nariño, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Armada Nacional.
