Disidencias pactaron en 1 millón de dólares el crimen de candidato presidencial ecuatoriano
Documentos y reportes de inteligencia a los que accedió Minuto60 revelan cómo ‘Los Lobos’ pactaron con disidencias el crimen de Villavicencio.

El 9 de agosto de 2023 Ecuador cambió para siempre. Sin embargo, lo que parecía un ataque sicarial convencional en el norte de Quito era, en realidad, el resultado de una operación transnacional de ingeniería criminal que vinculaba a las disidencias de las FARC, en ese entonces en negociaciones con el Gobierno de Gustavo Petro.
Recientes documentos judiciales que aparecieron en la investigación del magnicidio del candidato presidencial y periodista, Fernando Villavicencio, a los que Miunto60 tuvo acceso, revelan que el precio de la vida de este político fue de un millón de dólares, negociados directamente en suelo colombiano.
El contrato millonario y el eje Cali-Quito
La investigación de la Fiscalía, recogida en la ampliación de la acusación impulsada por Amanda y Tamia Villavicencio, las hijas de la víctima, señala que la planificación no se limitó a las fronteras ecuatorianas. El andamiaje operativo involucró a los líderes máximos de ‘Los Lobos’, quienes habrían aceptado el encargo de los autores intelectuales a cambio de la millonaria suma.
De acuerdo con el documento judicial, Luis Alfredo Arboleda Andrade (alias Gordo Luis), uno de los comandantes de la organización, fue la pieza clave en la logística financiera. El informe detalla que este sujeto fue "el encargado de recibir una parte del pago por el magnicidio, consistente en medio millón de dólares entregados en la ciudad de Cali".
Este dinero no solo cubría la operación en Ecuador, sino que sirvió para subcontratar a la "mano de obra" especializada en Colombia.

Ampliación de acusación del crimen de Fernando Villavicencio. Archivo particular
La conexión con las disidencias de las FARC
Uno de los hallazgos más alarmantes de esta investigación es el rol de los grupos irregulares colombianos. Según la acusación particular, la estructura de ‘Los Lobos’ gestionó la "coordinación, planificación y ejecución del atentado en coordinación con disidencias de las FARC".
Fue precisamente alias Gordo Luis quien entregó un adelanto del dinero en Colombia para "contratar a los sicarios que ejecutaron materialmente el asesinato".
Informes del Comando de Inteligencia Militar Conjunto (COIMC), que hemos analizado para este reportaje, confirman que estos grupos, como el Ex Frente 48 (Comandos de Frontera) y el Frente 1 Carolina Ramírez, son los "principales actores criminales en la frontera colombo-ecuatoriana" y mantienen lazos criminales con 'Los Lobos'.
Estos grupos no solo controlan el procesamiento de cocaína, sino que operan como proveedores de servicios armados para organizaciones que abastecen a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Los sicarios: Una industria del crimen exportada
El equipo ejecutor que llegó a Quito estaba compuesto por seis ciudadanos colombianos con antecedentes que denotan su peligrosidad: Adey Fernando García García, con condenas previas por homicidio y narcotráfico; Jules Osmin Castaño Alzate, vinculado al tráfico de estupefacientes; y Andrés Mosquera Ortiz, quien cumplió pena por tráfico de armas en Popayán.
El ataque fue de una precisión quirúrgica, propia de estructuras militares. El sicario que efectuó los disparos, identificado como David C. (alias Ito), fue abatido en el lugar, pero su teléfono se convirtió en una mina de oro informativa.
En él se hallaron mensajes de Carlos Edwin Angulo Lara (alias Invisible), cabecilla de Los Lobos, quien desde la cárcel de Cotopaxi ordenó: "Bien, brother. Cuando usted lo vea, le pega. Confío en usted. Hágale".

El crimen de Fernando Villavicencio marcó un antes y un después de la política del vecino país de Ecuador. AP
El silencio de los fusiles: La ejecución de los testigos
Un aspecto que refuerza la tesis de una conspiración de alto nivel fue el asesinato de los seis sicarios colombianos en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil el 6 de octubre de 2023.
Según testimonios protegidos, "los gatilleros fueron ejecutados para impedir que declararan", justo después de haber sido entrevistados por agentes del FBI.
En esas entrevistas, Jules Osmin Castaño Alzate colaboró durante 83 minutos, revelando que la orden supuestamente venía de "el señor de arriba" y que, si cumplían el trabajo, serían liberados tras las elecciones si ganaba el candidato del correísmo. No obstante, estas afirmaciones aún están bajo contraste judicial.
La estructura política y la búsqueda de justicia
La acusación particular de las hijas de Villavicencio no se detiene en los sicarios. Señala a figuras como José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo como presuntos autores mediatos o instigadores, algunos de ellos parte del primer anillo de confianza del expresidente de ese país, Rafael Correa, quien de hecho fue llamado este lunes 16 de marzo de 2026 a rendir versión libre por este proceso.
Según el documento, Serrano, ministro del Interior en la época de Correa, habría utilizado su influencia en la Policía para "debilitar deliberadamente la protección del candidato", mientras que Aleaga habría actuado como nexo con grupos de delincuencia organizada.
Amanda y Tamia Villavicencio han tomado una postura ética sin precedentes en la justicia ecuatoriana. En su escrito de acusación, renuncian a cualquier indemnización económica. Argumentan que "la reparación económica provendría del mismo origen del dinero con el que se compró a los sicarios" y que su único objetivo es que los culpables admitan ante el país: "SOMOS CULPABLES DEL MAGNICIDIO DE FERNANDO VILLAVICENCIO".
Este caso, que InSight Crime describe como un síntoma del aumento del 500% en la tasa de homicidios en Ecuador, evidencia que el país ha dejado de ser una zona de tránsito para convertirse en el tablero donde las mafias transnacionales y sus aliados políticos liquidan a quienes se atreven a denunciarlos. La verdad sigue enterrada bajo un millón de dólares y el silencio de seis tumbas en Guayaquil.