Corte Suprema condena al excongresista Gustavo Londoño por comprar votos en 2018

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al excongresista del Centro Democrático, Gustavo Londoño García, por el delito de corrupción al sufragante. Según el fallo, durante su campaña para las elecciones de 2018 en el Vichada, Londoño repartió títulos de bachillerato y diplomas de capacitación expedidos por el instituto Petroschool, sin respaldo legal, como una forma de incentivar el voto a su favor.

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Acciones deliberadas por parte de Londoño

Las evidencias indican que esta estrategia fue una acción deliberada y coordinada desde su campaña política, en alianza con el rector del mencionado instituto. La Corte concluyó que esta práctica convirtió una necesidad social —el acceso a la educación— en un medio para manipular a comunidades vulnerables mediante clientelismo electoral.

“No solo consintió, sino que se benefició directamente de la entrega masiva de títulos académicos sin respaldo legal, como forma de captar apoyo electoral en comunidades vulnerables del departamento del Vichada”, aseguró la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

¿Cuál es la condena que debe asumir Londoño?

Como consecuencia de este delito contra la transparencia democrática, Londoño fue condenado a 66 meses y un día de prisión, además de ser inhabilitado para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo. La sanción también incluye una multa equivalente a 501 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época. Aunque la Corte negó su solicitud de absolución, ordenó que cumpla la condena en régimen de prisión domiciliaria.

“El voto ciudadano constituye un derecho y su ejercicio libre e informado es la base de la democracia, por lo que ofrecer dádivas o beneficios a cambio de sufragios constituye una grave afectación a la transparencia electoral y a la legitimidad de las instituciones”, agregó la entiéndase.

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La condena contra Gustavo Londoño se suma a otros procesos recientes que han puesto en la mira a excongresistas y dirigentes regionales por prácticas de compra de votos. Este fallo destaca en la lucha contra la corrupción electoral en Colombia y enfatiza que ofrecer beneficios a cambio de sufragios vulnera el derecho fundamental al voto libre y bien informado.