Primicia | Las explicaciones que pide Petro por una vieja investigación de fraude electoral
En 2018 el Consejo de Estado compulsó copias a la Fiscalía para investigar unas irregularidades en las elecciones al Congreso de 2014, ¿qué pasó?
El presidente Gustavo Petro nuevamente puso en duda el proceso electoral en Colombia. Esta vez le pidió a la Fiscalía, mediante un derecho de petición, que explique qué pasó con una investigación que solicitó el Consejo de Estado por un fraude electoral de 2014 y que se comprobó en 2018.
Minuto60 conoció en primicia el documento de 13 páginas que remitió el mandatario a la fiscal general Luz Adriana Camargo en el cual solicita “información sobre el estado y resultado de las investigaciones penales derivadas de la compulsa de copias ordenada mediante sentencia del Consejo de Estado del 8 de febrero de 2018”.
Asegura que dicha investigación es relevante para las actuales elecciones, especialmente para las convocadas para el próximo 31 de mayo porque compromete los votos de los más de 41 millones de ciudadanos que están habilitados para sufragar.
El origen de la compulsa de copias
El 8 de febrero de 2018 la Sección Quinta del Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, resolvió una demanda de nulidad electoral que interpuso el ciudadano Álvaro Young Hidalgo y el Partido Político MIRA, en la cual declaró nula la elección, para el periodo 2014-2018, de un senador del Partido Liberal, uno del Partido Opción Ciudadana y otro del Centro Democrático porque el software utilizado en los escrutinios fue manipulado y en consecuencia las curules fueron ocupadas por tres candidatos del Movimiento MIRA.
¿Considera la fiscalía General de la Nación que los resultados de la investigación ordenada en 2018, o la ausencia de ellos, tienen relevancia para garantizar la integridad del proceso electoral de 31 de mayo de 2026?
Gustavo Petro, presidente de la República
Estas irregularidades se comprobaron y en la parte motiva el alto tribunal ordenó tomar correctivos para futuros comicios a las autoridades electorales y en el numeral décimo quinto “compulsar copias del acto acusado y de esta sentencia con destino a la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, para que, si a ello hubiere lugar, adelanten las investigaciones pertinentes”.
En la parte resolutiva de una demanda de nulidad de elecciones, para el periodo legislativo 2014-2018, el Consejo de Estado pidió investigar irregularidades del software electoral Minuto60.
Lo anterior fue recopilado por el presidente Gustavo Petro y en el derecho de petición puntualizó cuáles fueron las irregularidades detectadas para que la Fiscalía indique en los términos de ley lo ocurrido con dichas investigaciones, su estado y los presuntos responsables del fraude electoral, porque pondrían en riesgo las elecciones de 2026 teniendo en cuenta que ha sido el mismo contratista encargado de este proceso.
Dice el derecho de petición, con base en la decisión del Consejo de Estado, que “el software de escrutinios utilizado en las elecciones al Senado del 9 de marzo de 2014 fue objeto de sabotaje que produjo alteraciones en 4.150 registros correspondientes a 2.012 mesas de votación con diferencias injustificadas entre los formularios E-14 y los E-24”.
Advierte que peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía adscritos al Grupo de Informática Forense concluyeron en un informe del 12 de mayo de 2017 que “era imposible determinar técnicamente si el sistema fue manipulado porque el software no había sido preservado (…) y los archivos fuente habían sido eliminados por el contratista, empresa ASD, filial de Thomas Greg & Sons, tres meses después de la elección”.
También dice que las Sala de la Sección Quinta del Consejo de Estado “calificó los hallazgos disponibles – incluyendo la desactivación de autenticación biométrica en 181 archivos, 1.355 archivos sin inicialización de base de datos y 918 archivos sin actividad del digitador – como indicios de anomalías en los sistemas de información, consolidación y trasmisión de los resultados electorales”.
Existe un marco penal por estos hechos
El presidente Gustavo Petro considera que los hechos acreditados por el Consejo de Estado en 2018 configuran diversas conductas penales que debieron ser investigadas por la Fiscalía y porque además fue un patrón que se repitió en 2022 y 2026.
“En las elecciones legislativas del 13 de marzo de 2022, la Comisión Escrutadora Municipal de Pereira reconoció en resoluciones administrativas que el sistema digital marcaba cero donde los formularios físicos de los jurados consignaban votos reales del Partido Pacto Histórico”, señala el mandatario, quien agregó que esto permitió la recuperación de la votación.
En cuanto a las pasadas elecciones del pasado 8 de marzo de 2026 dice que la Misión de Observación Electoral documentó que en la mesa 002 del Estadio Atanasio Girardot de Medellín el E-14 de Transmisión y el E-14 de Delegados registraban cero votos al Pacto Histórico, mientras que el E-14 de Calveros acreditó 33 votos reales, entre otras irregularidades presuntamente detectadas en otras mesas.
“Este patrón, discrepancia entre el registro digital del software y el registro físico de los jurados, con exclusión de votos reales del cómputo oficial; es idéntico estructuralmente al que el Consejo de Estado declaró probado para 2014”, señala el presidente Petro, que además agrega que la investigación ordenada en 2018 hubiera determinado las causas técnicas de ese patrón, “quienes lo produjeron, si fue accidental o deliberado, y si el sistema fue corregido estructuralmente, Colombia contaría hoy con evidencia forense que permitiría establecer si el mismo patrón que recurrió en 2022 y 2026 tiene el mismo origen”.
Agrega que “la ausencia de esa información es una laguna de primer orden en la seguridad del sistema electoral” y que “el mismo software privado que el Consejo de Estado declaró manipulable en 2014 y que la propia Fiscalía no pudo auditar en 2017 por ausencia de las condiciones técnicas mínimas, procesa el ciclo electoral en curso”.
La solicitud del presidente Gustavo Petro a la Fiscalía
Una vez hecho el recuento de lo ocurrido en los procesos electorales de 2014, 2022 y 2026 el mandatario le pide a la Fiscalía que explique si recibió la compulsa de copias ordenada por el Consejo de Estado el 8 de febrero de 2018 y de sr afirmativo indique el número de la noticia criminal, la fecha de recepción y el funcionario que adelantó el proceso.
En segundo lugar, pide que se informe si la Fiscalía abrió indagación preliminar o investigación formal. Que de ser afirmativa la respuesta indique el nombre del fiscal del caso, el número de la investigación y el estado de la misma, y que, de ser negativa, se indique las razones por las cuales se decidió no investigar.
En otra de las peticiones solicita, si se abrió investigación, se informe si existieron decisiones formales, si hubo práctica de pruebas, diligencias informáticas o de campo para determinar quiénes participaron de las alteraciones al software, si hubo llamados a interrogatorio o imputaciones de cargos y si se vinculó formalmente a la empresa ASD, filial de Thomas Greg & Sons en calidad de contratista del software de escrutinios, así como una eventual preclusión o archivo de la investigación.
De otra parte, pide que se informe si se investigó la eliminación del software de las elecciones de 2014, si se identificaron a los responsables del sabotaje, si se investigaron los contratos del software electoral, así como el estado de las mismas, Sin embargo, una de las preguntas más relevantes tiene que ver con el proceso electoral actual.
“¿Considera la fiscalía General de la Nación que los resultados de la investigación ordenada en 2018, o la ausencia de ellos, tienen relevancia para garantizar la integridad del proceso electoral de 31 de mayo de 2026? ¿Ha coordinado la Fiscalía con la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral o cualquier otro organismo del Estado alguna medida preventiva derivada de los hallazgos de la investigación sobre el software electoral de 2014?”, señaló.
Concluye que el conocimiento del estado de las investigaciones “no es de interés político de ninguna tendencia”, sino que es de interés de todos los ciudadanos colombianos que votan y tienen candidatos y que esperan que el conteo y los escrutinios sean transparentes.
