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Las claves del freno del Consejo de Estado al millonario traslado de recursos a la Ungrd

El alto tribunal frenó dos artículos que le abrían la puerta al Gobierno saliente para mover el presupuesto sin pasar por el Congreso.

Las claves del freno judicial al giro de billones que Petro quería a la Ungrd. - Crédito: Fotomontaje Minuto60.
Dido Polo Monterrosa
Dido Polo MonterrosaPeriodista
30 JUL 2026 - 11:31Actualizado: 30 JUL 2026 - 11:37

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El Consejo de Estado le puso freno esta semana a una de las últimas jugadas presupuestales del gobierno de Gustavo Petro. La alta corte suspendió provisionalmente dos apartes del Decreto 802 del 23 de julio de 2026, la norma con la que el Gobierno declaró el desastre nacional por el Fenómeno de El Niño y con la que, de paso, se había reservado la facultad de mover el presupuesto hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) sin pedirle permiso al Congreso.

La decisión no llegó por iniciativa propia del alto tribunal. Fue el resultado de una demanda de nulidad presentada apenas dos días antes por María Clara Posada Caicedo, senadora del Centro Democrático, quien pidió que la suspensión se decretara de urgencia. El despacho del consejero Pablo Andrés Córdoba Acosta, de la Sección Primera, le dio la razón el 29 de julio.

¿Qué quedó suspendido y por qué?

La providencia recae sobre el parágrafo del artículo 4, que le permitía a Hacienda trasladar recursos hacia la Ungrd a solicitud de otras entidades, y sobre el inciso segundo del artículo 5, que abría una subcuenta especial para recibir esos giros sin mayor detalle sobre su origen ni su monto. El resto del decreto, incluida la declaratoria del desastre, sigue vigente.

El argumento tiene que ver con el principio de legalidad del gasto: los artículos 345 y 347 de la Constitución reservan al Congreso la facultad de decidir el destino del gasto público. Para la Sala, esos apartes "no se limitaron a regular la ejecución de recursos ya aprobados por la ley", sino que habilitaron a Hacienda para modificar la distribución que el propio Congreso ya había fijado en el presupuesto de 2026, sin que existiera un estado de excepción que lo permitiera.

El decreto se apoyaba en el artículo 50 de la Ley 1523 de 2012, pero el despacho concluyó que esa norma "no autoriza traslados para la atención y prevención de riesgos o desastres", sino que solo obliga a Hacienda a presupuestar con juicio dentro del trámite ordinario.

¿Por qué actuó de urgencia?

Normalmente, antes de suspender algo, el juez le pregunta primero al Gobierno qué opina, y eso tarda semanas. Aquí no lo hizo. Decidió de inmediato porque el mismo decreto le permitía a la Ungrd gastar esa plata sin licitación, es decir, sin el proceso normal de comparar ofertas, y con negociación directa de precios con quien fuera.

El juez explicó que, si esperaba el trámite normal, era muy probable que para cuando decidiera, esa plata ya estuviera comprometida con contratos, y ya no habría nada que hacer.

¿Quién demandó y qué hay detrás?

Posada radicó la demanda el 27 de julio y la anunció en X: "El cheque en blanco que quiere usar el Gobierno para modificar el presupuesto", escribió, y agregó que el Ejecutivo "utilizaron el fenómeno del niño como pretexto para girar los recursos que quieran". Ese mismo día radicó otra demanda contra el Decreto 0765 de 2026, que traslada otros 4 billones de pesos de Ecopetrol a la Ungrd, todavía sin resolver.

El decreto no fijaba una cifra, pero Petro sí la dio el 22 de julio: pidió llevar a la Ungrd 4 billones de pesos que estaban reservados para el programa Colombia Solar. Días antes, la exgerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, había denunciado a Petro por negarse a autorizar un traslado similar, de un billón de pesos de las obras de La Mojana hacia la misma entidad.

Tras el fallo, Posada celebró de nuevo en X: "Estamos blindando los recursos públicos".

¿Cómo respondió Petro?

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Gustavo Petro, presidente saliente. Foto: Colprensa.

El jefe de Estado cuestionó al Consejo de Estado esa misma noche en X. "Ha surtido efecto el escándalo construido ayer", escribió, en referencia a la denuncia de Rodríguez, y sostuvo que la suspensión "desfinancia por completo" la respuesta de su gobierno ante una posible megasequía entre diciembre de 2026 y marzo de 2027.

Petro insistió en que el paso de los recursos por la Ungrd era un requisito legal y no un "cheque en blanco", porque la ejecución final quedaría en manos de los ministerios sectoriales: Vivienda para agua potable, Agricultura para alimentación, y Minas y Energía para energía solar.

La suspensión es, por ahora, provisional. El Consejo de Estado todavía debe resolver de fondo la demanda de nulidad, y corrió traslado a la Presidencia y a los ministerios de Hacienda, Agricultura, Salud, Ambiente, Minas y Energía, y Vivienda para que presenten su defensa. Mientras tanto, Hacienda no puede usar ese mecanismo para trasladar recursos a la Ungrd con cargo al decreto de El Niño.

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