Caso Centros Poblados: Condenado a 12 años de prisión el socio de Emilio Tapia
La Fiscalía logró la condena de una de las piezas clave en el escándalo de corrupción de Centros Poblados, donde se desviaron más de $70 mil millones.
La Fiscalía General informó que gracias a la carga probatoria aportada en las investigaciones de uno de los mayores escándalos de corrupción en contratación estatal, conocido como el caso Centros Poblados, se logró una nueva y ejemplar condena contra uno de los implicados.
Así las cosas, una juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a Ottomar José Lascarro Torres a 12 años y 9 meses de prisión por su participación en las irregularidades que se presentaron en el contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados 2020, cuyo objeto era llevar internet a más de 7.000 escuelas rurales del país.
“El procesado fue declarado responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado. Además de la pena de prisión impuesta, deberá pagar una multa de 2.452 millones de pesos y cumplir una inhabilidad de 153 meses para ejercer derechos y funciones públicas”, señaló la Fiscalía.
El ente acusador indicó que durante la investigación, en cabeza de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, “se conoció que Lascarro Torres aportó los nombres, la experiencia y la información financiera de dos empresas de su propiedad para acreditar la capacidad técnica y la trayectoria exigidas en el proceso contractual y permitir la conformación de la ‘Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020’”.
Con lo anterior, Lascarro Torres indujo en error a los funcionarios del MinTic que adjudicaron a la unión temporal constituida el contrato de conectividad, que ascendió en valor a más de un billón de pesos. Además, por dichas actuaciones irregulares se permitió que a ‘Centros Poblados’ de quedara con el proyecto.
“(…) el empresario recibió más cerca de 250.000 dólares, recursos que fueron transferidos a una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos”, explicó la Fiscalía frente a este proceso penal que podrá ser objeto de apelación y resuelto en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá.
