¿Cómo fueron las masacres de El Aro y La Granja? Hechos por los que Uribe es llamado a indagatoria
Entre 1996 y 1997, los hombres de Castaño y Mancuso sembraron el terror en Antioquia con listas en mano y el Ejército lejos.
Detrás del llamado a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez hay tres masacres que entre 1996 y 1997 convirtieron el norte y el nordeste de Antioquia en un cementerio. Reconstruir qué pasó en La Granja, El Aro y San Roque ayuda a entender por qué, casi 30 años después, la Fiscalía General de la Nación volvió sobre esos expedientes.
Las tres comparten un mismo molde. Las cometieron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, que llegaron con listas de supuestos auxiliadores de la guerrilla y dejaron a su paso torturas, casas quemadas y miles de desplazados.
El hilo que hoy investiga la Fiscalía es el papel de Uribe, que gobernó Antioquia entre enero de 1995 y diciembre de 1997. El ente acusador lo citó a indagatoria para que responda si presuntamente facilitó o toleró a esos grupos. Uribe lo niega, habla de persecución política y, mientras no haya condena, conserva la presunción de inocencia.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: Colprensa.
“Los delitos en los que estaría involucrado son los de concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida, por presuntamente facilitar y promover el accionar de esa estructura armada organizada al margen de la ley que habría utilizado como base la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez para la época”, sentenció el ente acusador en su comunicado.
Asimismo, reveló que “la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia dispuso la vinculación de Uribe Velez por su presunta responsabilidad en el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en el año 1998”.
La Granja: el ensayo
La Granja fue la primera. En los primeros meses de 1996, el abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle advirtió a las autoridades del departamento que se venía una incursión paramilitar sobre Ituango.
Las advertencias no frenaron nada. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el 10 de junio el Batallón Girardot ordenó retirar la mayoría de sus tropas de la zona y, al día siguiente, cerca de 22 paramilitares entraron sin resistencia en dos camionetas.
Era martes 11 de junio de 1996. Los hombres armados recorrieron el caserío, obligaron a cerrar los negocios, sacaron a la gente a la calle y torturaron y mataron a cuatro campesinos delante de sus vecinos, a quienes acusaron de ayudar a las FARC.
Las víctimas fueron William de Jesús Villa García, Graciela Arboleda, Héctor Hernán Correa García y Jairo de Jesús Sepúlveda; algunos registros hablan de cinco. La Fiscalía estableció que la incursión la financió la oficina contable de los paramilitares en Medellín, el llamado Parqueadero Padilla.
El Aro: dos semanas de horror
Masacre El Aro. Foto: Colprensa.
Un año después llegó la matanza más cruel. Entre 150 y 200 hombres de las ACCU, conocidos en la región como los “Mochacabezas”, se tomaron el corregimiento de El Aro el 22 de octubre de 1997 y lo ocuparon cerca de dos semanas.
El caso que nadie olvida es el de Marco Aurelio Areiza, el tendero del pueblo, de 64 años. Lo señalaron de venderle comida a la guerrilla, lo amarraron a un árbol junto al cementerio y lo torturaron hasta matarlo a la vista de todos.
No fue un solo crimen. Los paramilitares asesinaron a cerca de 15 personas con lista en mano, violaron a una maestra, quemaron 42 de las 60 casas del caserío, se robaron unas 1.200 reses y empujaron al desplazamiento a 702 habitantes.
Durante todos esos días, la fuerza pública no apareció. Varios sobrevivientes declararon que un helicóptero sobrevoló El Aro mientras ocurría la masacre, y hasta hoy no se sabe quién iba a bordo.
San Roque y la hacienda Guacharacas
San Roque es el episodio menos documentado de los tres, y el que más de cerca toca a la familia Uribe. Entre el 13 y el 17 de septiembre de 1996, un grupo armado sembró el terror en ese municipio del nordeste antioqueño.
El expediente gira alrededor de la hacienda Guacharacas, que la familia Uribe Vélez tenía entre Yolombó y San Roque. Según la Corte Suprema de Justicia, ese predio habría servido de base de operaciones a un grupo paramilitar.
Dos exparamilitares, Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, declararon que en esa finca se gestó el Bloque Metro de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Monsalve, hijo del antiguo administrador de la hacienda, llegó a afirmar que Uribe ordenó la masacre de San Roque, un señalamiento que el expresidente rechaza y que la justicia aún no ha probado.
Los ex paramilitares, Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra. Fotomontaje Minuto60.
Esa misma hacienda guarda otra historia. Allí mataron en 1983 al padre del expresidente, Alberto Uribe Sierra, en un ataque que la familia atribuyó a las FARC.
De las declaraciones sobre lo ocurrido en Guacharacas nació, años después, el otro gran proceso contra Uribe: el de la presunta manipulación de testigos, en el que fue condenado en primera instancia.
El defensor que lo advirtió todo
El defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Foto: Colprensa.
Hay un cuarto nombre que une las tres masacres: Jesús María Valle. Oriundo de Ituango y presidente del comité de derechos humanos de Antioquia, denunció en público la expansión paramilitar y dijo que el gobernador Uribe había tenido un "comportamiento omisivo".
El 27 de febrero de 1998, dos sicarios lo mataron en su oficina de Medellín. Ese mismo día, según la investigación, un campesino de El Aro lo esperaba para contarle lo que había visto en la masacre.
Estas matanzas ya tienen una condena internacional. El 1 de julio de 2006, la Corte IDH responsabilizó al Estado colombiano por El Aro y La Granja, al encontrar omisión, aquiescencia y colaboración de la fuerza pública con los paramilitares.
En 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró las tres masacres y el crimen de Valle como delitos de lesa humanidad. Esa categoría impide que prescriban, es decir, que el paso del tiempo cierre la puerta a juzgarlos.
El expediente ha pasado por varias instancias en casi tres décadas: la Fiscalía, la Comisión de Acusación de la Cámara cuando Uribe era presidente y, de nuevo, la Corte Suprema cuando llegó al Senado. Volvió a la Fiscalía en 2020, después de que renunció a su curul y perdió el fuero.
¿Qué dijo Uribe?
El exmandatario se pronunció con varias publicaciones en la red social X. En la primera notificó que recibió el anuncio de su abogado de que fue llamado a indagatoria por “el tema del aro, la granja, José María Valle (cuyo nombre real es Jesús, no José) y Guacharacas” y que enfrentaría “este suplicio a pocas horas de elecciones”.
De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del aro, la granja, José María Valle y Guacharacas”
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 18, 2026
A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones
“¿Dónde están mis garantías judiciales?”, se preguntó en otra publicación Uribe, quien explicó que la Fiscalía lo llama a indagatoria “sin practicar todas las pruebas pedidas y decretadas” y “sin decretar otras”.
¿Dónde están mis garantías judiciales? La Fiscalía me llama a Indagatoria sin practicar todas las pruebas pedidas y decretadas, sin decretar otras. A una fiscal comisionada para practicar pruebas le ampliaron el plazo aún no cumplido.
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 19, 2026
El abogado penalista Jaime Granados denunció graves vicios de procedimiento en el caso, el cual se tramita bajo la Ley 600. En su diálogo con Blu Radio, explicó que la Fiscalía citó al exmandatario sin haber practicado pruebas clave que la propia entidad ya había decretado y para las cuales la fiscal Gloria Marcela Abadía había concedido una prórroga que aún no se ha vencido.
El penalista Jaime Granados, defensa del expresidente Uribe. Foto: Colprensa.
Para la defensa, el momento del anuncio no es una casualidad. En sus declaraciones a la cadena radial, Granados sostuvo que la inusual rapidez de la Fiscalía busca impactar el panorama electoral de este domingo.
"El único afán es que tenemos elecciones el domingo [...]. Y claramente aquí mostró ya su cara real la fiscal que lleva este caso", sentenció el jurista. Además, criticó que la resolución oficial contiene errores en los nombres de los testigos y no fija una fecha para la diligencia probatoria.
