“Algo raro estaba pasando”: director de la UNP denuncia retaliación política tras investigación en su contra
El director de la Unidad Nacional de Protección aseguró que la investigación penal anunciada en su contra no tuvo fundamentos jurídicos sólidos.
El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, denunció que la reciente investigación penal anunciada en su contra responde a una posible retaliación política al interior del Gobierno Nacional. Según el funcionario, el proceso de imputación de cargos —que posteriormente fue revocado— no obedeció a criterios jurídicos objetivos, sino a motivaciones políticas derivadas de tensiones internas con el ministro de Justicia y jefe de la Oficina de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga.
Augusto Rodríguez aseguró que se enteró de la decisión de la Fiscalía a través de los medios de comunicación, sin haber sido citado previamente a diligencias formales ni escuchado en versión libre, lo que despertó en él serias dudas sobre la legalidad y transparencia del procedimiento. “Cuando uno se da cuenta por la prensa de que lo van a imputar, sin haber sido llamado antes, algo raro está pasando”, afirmó.
El director de la UNP señaló directamente a Idárraga como el principal responsable de las acusaciones en su contra, relacionadas con supuestas interceptaciones ilegales a funcionarios del Estado, afirmaciones que rechazó de manera categórica. Rodríguez calificó estas versiones como infundadas y gravemente lesivas para su nombre y su función institucional.
“Jamás pasa por mi cabeza hacerle escuchas a nadie, y menos en mi posición. Yo soy el encargado de proteger a opositores, líderes sociales, magistrados y periodistas. Tengo que ser impoluto”, enfatizó, al recordar que la UNP es una entidad clave para la garantía de derechos fundamentales y el funcionamiento de la democracia.
Rodríguez aseguró que las tensiones con Idárraga no son nuevas y se han agudizado por diferencias profundas sobre el manejo ético dentro del Gobierno. En ese sentido, cuestionó el papel del ministro en otras entidades del Estado, particularmente en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), y sugirió que su gestión debería ser objeto de mayor escrutinio público.
“He conocido cosas que me hacen pensar que no están en la línea ética correcta”, manifestó, sin entregar detalles adicionales, pero dejando entrever que existen conflictos internos que trascienden lo personal y tocan asuntos estructurales de gobernanza.
El presidente Gustavo Petro y Augusto Rodríguez, director de la UNP. Colprensa
El caso Miguel Uribe Turbay y el vacío legal
En medio de la controversia política, Augusto Rodríguez también respondió a los cuestionamientos relacionados con la seguridad del senador Miguel Uribe Turbay, asesinado el año pasado en un acto de campaña en el Parque el Golfito de Bogotá, un tema que ha generado fuertes críticas contra la UNP.
El funcionario explicó que, al momento de los hechos, la entidad no tenía competencia legal para reforzar el esquema de seguridad del entonces senador, debido a un vacío normativo relacionado con su estatus político. Según Rodríguez, Uribe Turbay era considerado aspirante presidencial, una figura que no estaba contemplada en la legislación electoral ni en los protocolos de protección de la UNP.
“La palabra precandidato no existe en el lenguaje electoral ni en el lenguaje de protección de la UNP”, señaló. Por esta razón, no se activó el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), instancia que sólo opera cuando hay campañas oficialmente reconocidas.
“El CORMPE se activa cuando hay campaña, es decir, para candidatos. En ese momento se activaba para los candidatos, no para los precandidatos”, explicó Rodríguez, quien reconoció que la normativa fue modificada lamentablemente solo después del magnicidio, evidenciando una falencia institucional grave.
Augusto Rodríguez ha sido cuestionado por la seguridad que tenía Miguel Uribe Turbay. Colprensa
Las cartas y las solicitudes de seguridad
Frente a las críticas por las cartas enviadas por Miguel Uribe Turbay solicitando apoyo, el director de la UNP aclaró que estas no constituían solicitudes formales de refuerzo del esquema de seguridad, sino peticiones de apoyo logístico para desplazamientos específicos.
“Lo que había eran solicitudes de apoyo en viajes, no refuerzos del esquema”, sostuvo Rodríguez, al precisar que ese tipo de requerimientos debían tramitarse ante la Policía Nacional o la unidad administrativa del Congreso, ya que la UNP no contaba con contratos vigentes para cubrir esos apoyos.
Finalmente, Rodríguez afirmó que tras una revisión exhaustiva de los archivos de la entidad, se concluyó que “no hay ni una sola solicitud” formal de ampliación de seguridad radicada ante su despacho, desmintiendo así versiones que señalaban una omisión directa de la UNP.
Las declaraciones del director se dan en un contexto de alta tensión política e institucional, en el que las disputas internas, las investigaciones judiciales y los vacíos normativos han quedado expuestos, abriendo un debate sobre la transparencia, la ética pública y las responsabilidades del Estado en materia de protección y seguridad.
Con información de Colprensa*
