Minuto60 consultó abogados penalistas para conocer cuáles son las salidas jurídicas que tendría el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, luego de ser llamado a imputación de cargos por el magnicidio del dirigente político Miguel Uribe Turbay.

El abogado Juan Camilo Sanclemente dijo que por el delito de prevaricato por omisión tiene una pena mínima de dos años y seis meses y una pena máxima de siete años y cinco meses, pero que en el caso del funcionario hay ciertas particularidades.

“Teniendo en cuenta la imputación efectuada por la Fiscalía General de la Nación en contra del director de la UNP, no va a enfrentar un proceso privado de la libertad ya que no existe hasta el momento ninguna solicitud”, indicó el abogado.

#Judicial | El abogado Juan Camilo Sanclemente le dijo a Minuto60 que el director de la UNP fue llamado a imputación de cargos, pero que no pidieron una medida de aseguramiento; es decir que el procesado enfrentaría el caso en libertad. No obstante, Sanclemente indicó que sí… pic.twitter.com/v1ymCCVQ5q

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Agregó que en ese tipo de delitos se da cuando un funcionario público en el ejercicio de sus funciones “omite cumplir con las mismas, esto teniendo en cuenta a las más de 20 solicitudes que Miguel Uribe realizó en su momento con el fin de que el director de la UNP revisara su esquema de seguridad con el fin de garantizarle su vida o integridad personal”.

Por su parte el abogado Andrés Jiménez, de la firma Riveros Bazzani, señaló que delito de prevaricato por omisión consiste en el reproche que hace la legislación a las actuaciones de servidores públicos que hayan omitido, retardado, rehusado o denegado actos propios de las funciones de su cargo.

Indicó que, de ser hallados culpables, después de ser vencidos en juicio, podrían tener penas entre los 32 a 90 meses de prisión e hizo referencia al caso particular del director de la UNP, Augusto Rodríguez.

#Judicial | El abogado Andrés Jiménez, de la firma Riveros Bazzani, le dijo a Minuto60 que la pena sí iría hasta siete años y seis meses. El jurista también consideró que hay serias evidencias, con base en las denuncias del abogado de las víctimas, que comprometen a Augusto… pic.twitter.com/QOS4L4YvgM

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“No es cualquier olvido, no es cualquier retardo, no es cualquier omisión, la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en señalar que las omisiones deben ser de tal naturaleza que el funcionario casi que de manera casi que voluntaria o consciente que con la omisión, retardo o denegación de los servicios o actividades que le corresponden con ocasión de su cargo, en este caso la protección de un candidato presidencial, que es consiente que está dejando de cumplir con las funciones”, indicó Jiménez.

El jurista recordó que la audiencia de imputación de cargo será el próximo 11 de febrero, donde la Fiscalía General dará a conocer los hechos con los cuales se sustenta la posible comisión del delito por parte del director de la UNP.

“Posteriormente, en la audiencia de acusación de cargos le corresponderá a la Fiscalía revelar cuáles serán las pruebas en las que sustentará en el juicio esa acusación y de las cuales se deberá defender el director Rodríguez”, explicó el abogado Jiménez.

Concluyó que, finalizada dicha etapa y después de una audiencia preparatoria, en el escenario que el director de la UNP decida demostrar que es inocente, se llevará a cabo el juicio y allí la Fiscalía sustentará con evidencias los señalamientos.

“No olvidemos que según lo ha manifestado la representación de víctimas, en cabeza del abogado Víctor Mosquera, fueron más de 23 solicitudes de protección o de reforzamiento de su esquema de seguridad las que habría hecho el entonces candidato presidencial y es allí donde le corresponderá al director Rodríguez defenderse y sustentar porqué no dio respuesta a esas solicitudes”, indicó Jiménez.

El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, también podría aceptar su responsabilidad y en dicho caso podría obtener una rebaja de hasta el 50 por ciento en la condena, o llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, sin embargo, y hasta donde se conoce por fuentes del proceso el funcionario buscará demostrar que es inocente.