Exterminio de la Unión Patriótica: ¿aceptarán su responsabilidad altos oficiales?
Cinco altos oficiales del Ejército podrían enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión si no aceptan responsabilidad en exterminio de la UP.
El mayor general (r) Iván Ramírez Quintero, el brigadier general (r) Rito Alejo del Río Rojas y los tenientes coroneles (r) Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez deben decirle a la Jurisdicción Especial Para la Paz sí son responsables directos del exterminio de los militantes de la Unión Patriótica.
El tribunal de justicia transicional informó que una vez notificados de la decisión, los cinco oficiales imputados disponen de 30 días hábiles para aceptar o rechazar las acusaciones. En un primer escenario, y si los comparecientes aceptan los cargos, la JEP convocará una audiencia pública de reconocimiento y serán remitidos al Tribunal Especial para la Paz para imponerles una Sanción Propia, es decir de hasta 5 años de sanción.
#Atención | La JEP califica el ataque contra la Unión Patriótica (UP) como Genocidio e imputa responsabilidad penal a cinco altos mandos retirados del Ejército.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) December 9, 2025
Sigue el anuncio #EnVivo de esta importante decisión: https://t.co/vPoQd29sR6
En un segundo escenario y si los comparecientes rechazan su responsabilidad y optan por la vía adversarial, “serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, donde, si son hallados culpables, podrían enfrentarse a penas de hasta 20 años de cárcel”, señaló la JEP.
Dentro de los cinco oficiales, imputados por crímenes relacionados con el exterminio de la Unión Patriótica, están los generales (r) Iván Ramírez Quintero y Rito Alejo del Río Colprensa.
¿De qué se les señala?
La Jurisdicción Especial para la Paz explicó que los dos generales y tres coroneles en retiro habrían concebido e implementado una “política contrainsurgente que entendió que la derrota militar de la guerrilla de las Farc-EP implicaba necesariamente la destrucción del partido político de la Unión Patriótica”, razón por la cual se les imputó como máximos responsables del crimen de genocidio a título de coautores.
Igualmente, se les acusa como presuntos responsables del crimen de guerra de homicidio y los crímenes de lesa humanidad de exterminio, deportación, traslado forzoso de la población y otros actos inhumanos. Dichas conductas criminales, que fueron determinadas por la sala, se atribuyen a los oficiales en su desempeño como comandantes o jefes de inteligencia de la Primera División, la Brigada XVII y el Batallón de Infantería No. 47 ‘Francisco de Paula Vélez’ (BIVEL), del Ejército Nacional.
Si los comparecientes rechazan su responsabilidad y optan por la vía adversarial, “serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, donde, si son hallados culpables, podrían enfrentarse a penas de hasta 20 años de cárcel.
Jurisdicción Especial para la Paz
“El fenómeno macrocriminal nacional se ilustra con el caso emblemático del municipio de Apartadó, capital de la región de Urabá, con un pico en 1996. Este período y territorio representan uno de los epicentros del ataque que sufrieron los miembros de la UP en todo el país durante más de veinte años, entre 1984 y 2007”, señaló la JEP.
Los investigadores examinaron 34 informes, en los cuales están incluidos los expedientes de la Fiscalía General, la Procuraduría, el Centro Nacional de Memoria Histórica y por lo menos 29 informes de organizaciones de víctimas. Además, se llevaron a cabo 139 diligencias de versión con 68 comparecientes, y 135 tomas de testimonios de víctimas y declarantes en calidad de testigos. Se escuchó la versión de 105 víctimas sobrevivientes y familiares, así como diligencias e inspecciones judiciales a los archivos de inteligencia de la antigua Brigada XX y la Brigada XVII del Ejército Nacional.
“La investigación reveló que mandos militares ignoraron a propósito las denuncias públicas sobre la operación de los paramilitares en connivencia con miembros de la fuerza pública para la destrucción del grupo político. La sala concluyó que esta política facilitó la consolidación de grupos paramilitares en la región de Urabá y generó las condiciones para que los principales perpetradores materiales actuaran libremente y con impunidad”, señaló la JEP.
En cuanto a la estigmatización, la sala determinó que esta no fue una opinión marginal, “sino un planteamiento ampliamente aceptado y difundido en las unidades de inteligencia del Ejército”. En tal sentido explicó, por ejemplo, que el excomandante de la Primera División, general Iván Ramírez Quintero, “realizó aportes esenciales a este patrón desde su paso por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINTE)”, donde vinculó directamente a la UP con las Farc-EP en documentos oficiales.
Estas estigmatizaciones, para el alto tribunal, se mantuvieron y se reforzaron con el discurso público que acusaba a la Unión Patriótica de ser parte de una estrategia de combinación de todas las formas de lucha, que ignoraba el anuncio público hecho por los dirigentes del partido sobre su separación definitiva con las Farc-EP en 1987.
