Exclusivo | Caso acueducto La Mesa – Anapoima: el cocinero que le adobó el contrato a los Nule
El escándalo por el desvío de recursos en el acueducto más costoso del país avanza ante la justicia. Hombre cercano a los Nule fue llamado a juicio.
Minuto60 conoció, en exclusiva, detalles del escrito de acusación que la Fiscalía presentó en contra de Jorge Luis Betin, el cocinero personal de los primos Miguel, Manuel y Guido Nule, responsables de incumplimientos y desvío de recursos en las primeras fases del proyecto regional del acueducto de La Mesa Anapoima.
20 años lleva el proyecto que pretendía llevar agua a esta región de la provincia del Tequendama. Se han invertido más de $ 125 mil millones de pesos según Findeter y estaría listo para entrar en funcionamiento en mayo de 2027. Mientras tanto, la Fiscalía General continúa avanzando en determinar responsabilidades por el desvío de recursos.
Minuto60 reveló que Manuel Nule Velilla y Jerónimo Camilo Daza Daza se encuentran en etapa preparatoria de juicio como presuntos responsables del desvío de recursos y el incumplimiento del contrato. Allí se advirtió que las fases I y II del proyecto le fueron adjudicadas a empresas conformadas por empresas del grupo Nule.
Adicionalmente la Fiscalía determinó que la empresa interventora también hacía parte del conglomerado de los Nule. “(…) dónde usted sabía que las empresas interventoras que conformaban los Consorcios Redes de Cundinamarca e Intersubachoque, eran empresas propiedad de Guido Alberto Nule Marino, Manuel Francisco Nule Velilla y Miguel Eduardo Nule Velilla, las mismas personas dueñas de las empresas contratistas de la obra pública, y usted sabía que hay una prohibición legal contratar con empresas interventoras, propiedad de las mismas empresas contratistas de la obra, y sin embargo, usted decidió suscribir todos estos contratos, pese a las irregularidades mencionadas”, dijo la Fiscalía a Jerónimo Camilo Daza, exsecretario de Obras Públicas de la Gobernación de Cundinamarca.
El contrato del proyecto regional del acueducto La Mesa - Anapoima se firmó en 2006 y 20 años después la obra sigue inconclusa. Exdiputado Wilson Flórez.
¿Cuál fue el rol del cocinero de los Nule?
Minuto60 conoció que el próximo 2 de diciembre Jorge Luis Betin Rodrígez, quien fue reconocido como el cocinero personal de los Nule, será acusado formalmente por la Fiscalía ante el Juzgado 22 Penal con Funciones de Conocimiento. Según el escrito de acusación conocido por este medio, el 28 de diciembre de 2006, habría otorgado poder a otra ciudadana para suscribir el contrato de interventoría del proyecto del acueducto Regional La Mesa-Anapoima.
“(…) en su calidad de representante legal del Consorcio Interventorías Redes de Cundinamarca, le otorgó poder a la ciudadana Ana Margarita Fernández de Castro quien actúo en nombre y representación suya en el sentido de suscribir el contrato de interventoría No. 238/2006 suscrito el 29 de diciembre de 2006, entre Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP y el Consorcio Interventor Redes de Cundinamarca integrado por (interaudit S.A. en un 50 %; Bitácora Soluciones Compañía Ltda 35 %; Hidrotec limitada Ingenieros Consultores en reestructuración en un 15 %), cuyo objeto era la interventoría técnica, socio ambiental, administrativa y financiera al proyecto de construcción acueducto regional la mesa Anapoima Fase II”, dice el escrito de acusación.
Advirtió que Betin Rodríguez en tal sentido y como representante legal de la empresa interventora “eran los mismos dueños de la contratista de obra y actuaban en favor de ellos mismos y no del Departamento de Cundinamarca, y de este actuar, usted fue connivente”.
Dicho contrato de interventoría tuvo un valor de $ 1.612 millones, de los cuales fueron pagados $ 1.491 millones para ser ejecutado en un plazo de siete meses. Sin embargo, el proyecto al que se debía hacer vigilancia se le hicieron 10 suspensiones y reinicio de obras, “todas estas suspensiones se realizan con el pretexto revisar y ajustar diseños de obra, por ajuste de presupuestos, por levantamientos topográficos”.
Los hermanos Manuel y Miguel Nule Velilla, junto a su primo Guido Nule Marino, fueron condenados por el llamado 'carrusel de la contratación' en Bogotá. Colprensa.
¿Qué determinó la Fiscalía frente a la interventoría?
La Fiscalía dijo, durante las investigaciones, que la interventoría “fue anuente con el contratista al no exigirle las obligaciones contractuales de la realización de las pruebas hidráulicas a la tubería instalada, pruebas de estanqueidad a los tanques de succión, y las pruebas a los equipos electromecánicos”.
Lo anterior tendría una razón de ser, la interventoría estaba a cargo de una empresa y persona cercana a los polémicos empresarios Nule. “La interventoría no exigió las pruebas de control de calidad de las tuberías, que terminaron inoperativas y en consecuencia no cumplieron con la finalidad del objeto contractual, y las mismas, fueron avaladas y autorizado su pago por parte de la interventoría sin cumplir con las especificaciones de instalación”, agregó la Fiscalía.
En las investigaciones, la Fiscalía determinó que la interventoría, realizó y avaló cambios de diseños del proyecto “sin la aprobación del Departamento de Cundinamarca”, lo que habría generado mayores cantidades de obra para beneficiar al contratista de obra, es decir a los Nule, en detrimento del patrimonio público.
Además, advirtió la Fiscalía que por la inacción, anuencia e inoperancia de la interventoría, “Empresas Públicas de Cundinamarca realizó pagos parciales al Consorcio Anapoima sin que las pruebas de funcionamiento de la obra fueran exigidas por parte de la interventoría al contratista de obra”.
Lo más preocupante de estas primeras fases y que después de 20 años no ha habido responsables penales, es que la ejecución de la obra “fue de mala calidad”, según el ente acusador, lo que permitió advertir que la interventoría “no ejecutó el seguimiento y supervisión a las obras en ejecución”. Además, “no existe evidencia ni certificación de pruebas hidráulicas, no se evidenciaron pruebas de calidad a la tubería y a pesar de que se le hicieron requerimientos a la interventoría, ésta fue anuente con el contratista de obra”.
Para la Fiscalía la interventoría en lugar de supervisar, exigir, controlar y hacer cumplir con las pruebas necesarias para el funcionamiento de la obra, avaló cada uno de los incumplimientos del Consorcio Anapoima, “certificando el recibo a satisfacción de la obra con el objetivo de que ésta fuesen pagada por el Departamento de Cundinamarca”.
En cuanto a la responsabilidad de Jorge Luis Betín, representante legal del Consorcio Interventorías Redes de Cundinamarca, fue quien avaló los pagos de obras no ejecutadas induciendo al error al Departamento de Cundinamarca que procedió a paga al Consorcio Anapoima, cerca de $ 19 mil millones, mientras que por el servicio de la interventoría Empresas Públicas de Cundinamarca pagó la cantidad de $ 1.491 millones, es decir “por una interventoría que incumplió con las obligaciones contractuales para beneficiar económicamente al Consorcio Anapoima y al Consorcio Interventorías Redes de Cundinamarca en detrimento Patrimonial del Departamento de Cundinamarca”.
Es claro, de otra parte, que la Fase I fue una obra inconclusa e inservible, porque no tuvo pruebas hidráulicas por la falta de agua e incluso por la ausencia de la infraestructura adecuada para poder cumplir con la necesidad estatal. “Tan cierto es, que el Departamento de Cundinamarca tuvo que declarar el incumplimiento tanto del contrato de obra como el de interventoría”, señaló la Fiscalía.
“Usted sabía que Miguel Nule, Guido Nule y Manuel Nule, eran los dueños de las empresas que componían el Consorcio de Anapoima y también el Consorcio Interventoría Redes de Cundinamarca, hecho éste prohibido por la ley, en tal sentido, con el único propósito de apropiarse de los dineros públicos para sí mismo y para beneficiar a los consorcios representados por Miguel, Manuel y Guido Nule usted decidió sustraerse de sus responsabilidades y de esta manera desfalcar al patrimonio público”, le dijo la Fiscalía a Betin Rodríguez.
En el caso del cocinero de los Nule se determinó que hubo una apropiación injustificada de recursos por más de $ 14.245 millones.
