De la polarización a la radicalización: alertas por violencia política en las elecciones en Colombia
Mientras en Bogotá se han registrado choques por motivos políticos, organizaciones alertan sobre el aumento de violencia política a nivel nacional.
“Nos acaban de atacar”. La frase quedó registrada en un video que circuló por redes sociales y resume el tono de una campaña electoral que, en distintas regiones del país, empieza a moverse en la delgada línea entre la confrontación política y la violencia.
“Estamos haciendo campaña con Daniel Briceño veníamos en el TransMilenio y por las protestas de esos mismos mamertos nos tocó bajarnos (…) Nos rodean como 15, 15 personas encapuchados (…)”, contó.
Otro video que rodó por redes sociales fue el de un candidato del Partido Conservador a la Cámara por Bogotá, el militar en retiro Jorge Castillo, quien iba caminando con un grupo de personas con palos y se grabó diciendo: “Patrullando las calles de Bogotá, buscando petristas para levantarlos”.
El video generó críticas, así como un jingle que publicó y se refiere de manera despectiva a los “zurdos”.
Estos son solo algunos ejemplos de las situaciones que se han venido registrando y están en el límite de la violencia verbal y la física, por lo que parece que se está pasando de la polarización a la radicalización política. Agresiones y amenazas que se generan en en un proceso electoral marcado por graves casos de violencia, como el asesinato del aspirante presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe en la capital del país.
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¿Deshumanizar al contrincante?
Para Alejandro Chala, investigador de la línea de democracia de la Fundación Pares, hay riesgos que se pueden generar a partir de las expresiones que algunos sectores están utilizando.
“Claramente hay un proceso de radicalización electoral y política y tiene unas consecuencias claras. Una de ellas es precisamente cómo se observa al otro, al contrincante político, y creo que, en este caso, hay discursos peligrosos que están emergiendo por parte de algunos bloques que hablan de la deshumanización de ese otro bloque político”, afirma.
Por ejemplo, recuerda Chala, cuando el candidato Abelardo de la Espriella dijo en una entrevista que iba a “destripar” la izquierda o el candidato Juan Carlos Pinzón diciendo “Make Colombia antiguerrillera again”. Las cuales, dice, son expresiones que “terminan siendo violentas”, pero que son predecibles en procesos de radicalización.
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“Como hay tanto en disputa: un proyecto de país, un mito fundacional y un vacío de representación, pues eso lleva a que, de una otra forma, la gente sienta amenazado su estilo de vida, sienta amenazado lo que busca con ese nuevo modelo que se está impulsando políticamente y por eso se vuelven mucho más reactivos”, dice Chala.
Para él, este proceso sí puede generar inseguridad, pero no considera que se llegue a los niveles de la violencia política que, desde la Fundación Pares, suelen evaluar y que corresponde a utilizar herramientas de competencia informal para sacar a los candidatos de los comicios.
“Yo creo que hay una radicalización que está llevando a la deshumanización del contrario político y que los está llevando a este punto de chocar y anular al otro, pero eso en el discurso”, afirma.
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¿Qué han identificado desde la Fundación?
La Fundación Pares logró identificar que desde el 8 de marzo -inicio del calendario electoral- hasta el 9 de diciembre de 2025 que día de por medio se registró una víctima de violencia político electoral en Colombia.
El resultado fueron 168 víctimas, de las cuales 95 fueron objeto de amenaza, 45 sufrieron atentados, 12 fueron secuestradas y 16 fueron asesinadas.
De hecho, en su último informe que, fue del 8 de agosto al 9 de diciembre, se registraron 5 de esos homicidios, específicamente de las siguientes personas:
Edier Julián Rincón Arenas, líder político y excandidato del Pacto Histórico al concejo de Chaparral, Tolima.
Orlando Arciniegas, concejal del Partido de la U, del municipio de Distracción, La Guajira.
Luis Fernando Ocampo Arias, exconcejal por el Partido Conservador, del municipio de Nariño, Antioquia.
Andrés Felipe Giraldo Velázquez, funcionario público del municipio del Carmen de Viboral, Antioquia.
Willer Gallego Mazabuel, excandidato al concejo municipal de Totoro, Cauca.
También identificaron que Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Tolima, Huila y Norte de Santander, son los departamentos donde más se registraron hechos victimizantes.
De las 168 víctimas, 115 registraban filiación política, y en mayoría eran del Partido Centro Democrático, el Partido Liberal y Alianza Verde.
Filiación políticas de las víctimas de violencia política en 2025. PARES
Y sobre los responsables identificaron que en el 75 % de los casos se desconoce al agente perpetrador; en el 25 % el presunto agresor provenía de las disidencias de las FARC; el 2 % del Clan del Golfo al igual que un 2% del ELN; y, el 7 % correspondió a otro tipo de agresores o personas victimarias.
Por todo esto, Pares ha venido haciendo un llamado a las autoridades para garantizar el ejercicio político de todos los actores, “especialmente, en zonas del país en donde se han registrado el mayor número de hechos de violencia político – electoral”.
La MOE también ha advertido
Pero no solamente Pares se ha pronunciado, la Misión de Observación Electoral, MOE, también ha generado una serie de alertas desde el inicio del calendario electoral. Diego Alejandro Rubiano coordinador del Observatorio Político- Electoral de esta organización explicó a Minuto60, que el aumento en casos de conflictividad, si se compara con el proceso de hace cuatro años, es significativo.
“En este momento tenemos un proceso de conflictividad que está mucho más alto. Si comparamos los datos del cierre de este 2025 con el año preelectoral de 2021, encontramos un aumento del 170 % de hechos de conflicto frente a lo que vimos hace cuatro años”, afirma.
El llamado que más han realizado tiene que ver con los territorios Citrep, que son las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.
“Los 168 municipios de estas Circunscripciones transitorias especiales de paz concentran concentra alrededor del 50 % de los asesinatos que ocurre en todo el país. Obviamente, eso necesita de toda la protección para llevar a cabo un proceso electoral tranquilo” dice.
La MOE también ha alertado sobre la presencia de grupos al margen de la ley y el despliegue que se debe hacer para las elecciones del próximo 8 de marzo, por lo que han llamado la atención sobre seis focos de conflictividad que corresponden al departamento de Arauca, la zona del Magdalena medio hacia el Norte Antioqueño, Chocó, el Norte del Cauca, Guaviare y el sur del Meta. Lugares, “donde encontramos procesos de confrontación tanto de fuerza pública como de actores armados”.
La recomendación que hace la MOE, es llevar a cabo una atención microterritorial, que tenga en cuenta las diferencias de cada zona del país para poder dar garantías de protección que correspondan al contexto de los diferentes actores políticos.
¿Qué ha dicho el Gobierno Nacional?
El Ministerio del Interior instaló el pasado 20 de enero la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales para los comicios al Congreso de la República del próximo 8 de marzo y escuchó a diferentes organizaciones políticas y de seguimiento como la MOE.
En el marco del encuentro, se anunció la realización de dos comisiones nacionales descentralizadas en Cúcuta y Santa Marta para el mes de febrero, y una última comisión nacional antes del día de la elección. El jefe de la cartera política, Armando Benedetti, dijo que aunque se insiste en la preocupación por la seguridad, se ha demostrado que se pueden desarrollar elecciones.
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“Se ha demostrado cómo casi en 3.000 eventos ha habido más de 35 mil efectivos del Ejército, la Policía y la Armada que se han desplazado para cubrir esos eventos políticos de cada uno de los candidatos; que se ha manejado más de 960 nuevos escoltas de Policía y de la Unidad Nacional de Protección, UNP, para garantizar la seguridad de los candidatos a la Presidencia, más los del Congreso de la República”, afirmó.
Por lo pronto, las cifras y advertencias de Pares y la MOE coinciden en el llamado a garantizar la seguridad, una tarea que no solo compete al Estado, sino también a los actores políticos, llamados a desescalar la radicalización del discurso.
