Precio de la vivienda versus el salario mínimo: ¿cómo afecta al país?
La Superindustria ya está investigando a las primeras constructoras para establecer si sus viviendas de interés social están subiendo el 23 %.
Desde el pasado 30 de diciembre inició una batalla campal en redes sociales entre el gobierno de Gustavo Petro y el gremio de los constructores por el precio de las viviendas de interés social (VIS), que están tasadas en salario mínimos mensuales. Con la subida en 23 % del pago mínimo a los trabajadores formales, los constructores empezaron a alertar del impacto que eso tendría en su mercado.
Por eso, durante las dos semanas siguientes ambas partes se han dedicado a explicar sus argumentos. El gobierno, además, trabaja en un decreto cuyo borrador ya está disponible para comentarios del público, con el que pretende separar los precios de la vivienda y el incremento del salario mínimo.
Al mismo tiempo, la Superintendencia de Industria y Comercio le recordó a los colombianos que una de sus tareas es la de proteger los derechos del consumidor, por lo que tiene sus canales de comunicación dispuestos para recibir las quejas de quienes consideran que este año los precios suben más de lo que deberían.
En el caso de las viviendas, este martes la Superindustria reveló una solicitud de información a 20 constructoras “con el fin de determinar las condiciones actuales de comercialización de los proyectos inmobiliarios, y verificar el cumplimiento de estas instrucciones”.
¿Aumento desbordado?
Camacol, el gremio de los constructores, emitió un comunicado el pasado 30 de diciembre en el que advertía que el incremento del salario mínimo en 23 % llevaría a un aumento en los costos del sector de por lo menos el 10 % ya que mientras el salario de la fuerza laboral, que corresponde al 25 % de los costos de hacer viviendas sube un 23 %, los costos indirectos como la elaboración de ventanas, baldosas y otros materiales subiría 4 %, justamente por los mayores pagos a los trabajadores de los proveedores.
En ese momento, el gremio advirtió al gobierno que, “desde una perspectiva laboral, el aumento del salario mínimo encarece la contratación formal y profundiza las tensiones del mercado de trabajo, en un país donde cerca del 55 % de los ocupados se encuentra en la informalidad. Para estos trabajadores, esta decisión no se traduce en un beneficio real, pero sí en un mayor costo de vida”.
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A eso se suma el impacto sobre los presupuestos nacional y locales del aumento en 23 % del salario mínimo, ya que el límite de recursos para gastar hace que la cantidad de subsidios entregados, que suele medirse en salarios mínimos, disminuya para responder con el nuevo valor a quienes logren mantenerse dentro de la política pública.
¿Más 'salario vital', menos servicios sociales vitales?
— Roberto Angulo (@RobertoAnguloS) January 12, 2026
Lo paradójico -y trágico- de llamarle salario vital al salario mínimo luego de subirlo 23%, es que muchos servicios sociales (de salud, alimentación, primera infancia, cuidado, etc), que a diferencia del salario mínimo sí…
Desde ahora, expertos del sector advierten que el impacto en el mundo inmobiliario se sentiría tanto en desistimientos de viviendas cuyos proyectos ya están avanzando, como en el apetito por nuevas ofertas y eso desaceleraría aún más la construcción de edificaciones residenciales.
Para evitarlo, otras fuentes consultadas por Minuto60 aseguran que los constructores tienen dos salidas: no aumentar los precios de las viviendas VIS y asumir por completo ese mayor costo en contra de sus balances financieros o incrementar precios en un valor intermedio, que recorte las pérdidas pero que también beneficie a los consumidores y la demanda por nuevas viviendas.
No todo es salario mínimo
El presidente Gustavo Petro y su gabinete han sostenido, desde el anuncio del salario mínimo para 2026, que ese es solo uno de los factores que se deben tener en cuenta en la estructura de costos.
Y en el caso de la vivienda, la ministra Helga María Rivas, la cabeza del ramo, destaca que la política del actual gobierno en este aspecto se ha centrado más en mejorar las viviendas ya existentes, así como impulsar las soluciones rurales.
Exministro, hoy el mayor déficit habitacional del país es cualitativo: millones de viviendas existen, pero no garantizan condiciones dignas. La inequidad se hace evidente al recorrer nuestras ciudades y territorios, donde conviven extremos de pobreza y riqueza.
— HelgaMa_ Rivas Ardila (@HelgaMaRivasAr) January 12, 2026
La diferencia de… https://t.co/mK73ugITmS
En el caso de la estructura de costos, ese fue el argumento principal del gobierno para publicar el borrador de decreto que desvincula los precios de las viviendas VIS y las de interés prioritario (VIP). En sus cálculos, el impacto del salario mínimo sobre los costos de la construcción de vivienda debería ser de alrededor del 8 %.
Además, el gobierno ya había emitido una circular en 2024 indicando a las constructoras que debían decirle a los compradores el valor en pesos corrientes de la vivienda, pero eso no se reflejó en una estabilidad de los precios de las viviendas desde que los consumidores firmaron la intención de compra hasta el proceso legal de contrato de compra venta del inmueble.
La intención del decreto es hacer más explícito que los precios de la vivienda VIS y VIP no deberían variar según el salario mínimo cada año. Además, el gobierno argumenta que la ley establece que ese es el tope del precio para ese tipo de construcciones residenciales, no que deba ser obligatoriamente lo que cobren las constructoras.
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