Viajar al exterior podría salir más caro tras reglamentación de impuesto: hay alerta en el sector
La reglamentación del impuesto de salida del país despertó preocupación en el sector turístico, que advierte mayores costos para viajar.
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La reglamentación del impuesto de salida del país, anunciada con la expedición del Decreto 625 de 2026, que define la forma en que se cobrará este tributo a los pasajeros que viajen al exterior, el sector de las agencias de viajes advirtió que la medida podría afectar el crecimiento del turismo, encarecer los tiquetes internacionales y restar competitividad al país como destino.
El decreto fue expedido el pasado 19 de junio, pocos días antes de la liquidación del Ministerio de la Igualdad. La norma establece que quienes compren un tiquete aéreo internacional deberán pagar un dólar estadounidense o su equivalente en pesos colombianos, de acuerdo con la tasa representativa del mercado vigente al momento de la compra.
Ese dinero será recaudado por las aerolíneas y transferido al Fondo contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, administrado por el ICBF.
Aunque el propósito del impuesto es financiar programas de prevención y lucha contra la explotación sexual infantil, el sector turístico considera que el mecanismo elegido termina trasladando una nueva carga económica a los viajeros en un momento en que los costos del transporte aéreo siguen siendo un factor determinante para la demanda.
¿Por qué preocupa el impuesto de salida del país al sector turístico?
La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) aseguró que el nuevo cobro representa una carga adicional para un sector que ya enfrenta una alta presión tributaria. Según explicó el gremio, los tiquetes aéreos actualmente pagan un IVA del 19 %, por lo que incorporar un nuevo impuesto podría afectar el crecimiento del turismo, la conectividad aérea y, en consecuencia, el desarrollo económico del país.
La presidente ejecutiva de Anato, Paula Cortés Calle, afirmó que el gremio comparte plenamente el objetivo de proteger a los niños, niñas y adolescentes frente a la explotación sexual comercial. No obstante, sostuvo que ese propósito debería alcanzarse mediante acciones coordinadas entre las entidades competentes y no a través de nuevos costos para los viajeros ni de mayores obligaciones operativas para las empresas del sector.
El gremio recordó que las agencias de viajes han participado durante años en campañas de prevención de estos delitos y reiteró que la industria turística mantiene un compromiso permanente con la protección de la infancia.
El sector asegura que ya existen mecanismos para financiar estos programas
Otro de los argumentos expuestos por Anato es que la legislación colombiana ya contempla fuentes de financiación para las políticas de prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el contexto del turismo.
De acuerdo con el gremio, el artículo 43 de la Ley 300 de 1996, modificado por la Ley 1101 de 2006, establece que un porcentaje de los recursos administrados por Fontur, así como las multas impuestas a prestadores de servicios turísticos en desarrollo de la Ley 679 de 2001, deben destinarse precisamente a campañas de prevención, formación y sensibilización sobre esta problemática.
Por esa razón, considera que la reglamentación del impuesto de salida del país genera dudas sobre la necesidad de crear un nuevo cobro cuando ya existen instrumentos legales para financiar ese tipo de programas.
Anato también reiteró una propuesta que ha defendido en diferentes escenarios, que busca reducir al 5 % el IVA aplicable a los tiquetes aéreos de pasajeros y otros servicios conexos del turismo, con el fin de estimular la demanda y fortalecer la competitividad del país frente a otros mercados internacionales.
