El temor que crece en Colombia y el sector eléctrico tras la liquidación de Air-e
Gremios del sector energético advirtieron que una liquidación sin una solución clara para Air-e podría afectar la estabilidad del sistema eléctrico.
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La decisión anunciada por el presidente Gustavo Petro sobre la liquidación de Air-e puso en aprietos al sector energético colombiano. Lo que para el Gobierno representa una salida frente a los problemas de la compañía, para los principales gremios de energía y gas del país podría convertirse en una fuente de incertidumbre para millones de usuarios y para la estabilidad del sistema eléctrico nacional.
La preocupación fue expresada por organizaciones como Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, SER Colombia, Naturgas y ACP, que pidieron prudencia antes de avanzar en una medida que consideran apresurada y que, según afirman, aún no cuenta con una solución empresarial clara para garantizar la continuidad del servicio en la región Caribe.
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Esta preocupación surge en un momento especialmente sensible para el sistema energético, pues Colombia se prepara para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño durante los próximos meses, una situación que históricamente aumenta la presión sobre la generación de energía y el abastecimiento de gas natural.
¿Por qué preocupa la liquidación de Air-e?
La principal alerta tiene que ver con el peso que actualmente tiene la empresa dentro del sistema eléctrico colombiano. Air-e atiende aproximadamente el 11,3 % de la demanda nacional de energía, una participación que la convierte en un actor relevante para la prestación del servicio en la Costa Caribe. Además, mantiene obligaciones cercanas a los $2,7 billones con diferentes agentes del mercado energético.
Ante el anuncio irresponsable e ilegal del presidente @petrogustavo de la empresa @Aire_Energia, los gremios del sector energético pedimos claridad sobre esta propuesta. Recordemos que una liquidación por parte de la @Superservicios pone en jaque el servicio de energía en 3… pic.twitter.com/XtokxuPLGv
— Alejandro Castaneda (@Alejo_Castan) June 18, 2026
De ese monto, cerca de $1,7 billones corresponden a deudas con generadores térmicos, compañías que desempeñan un papel fundamental para garantizar el suministro de energía, especialmente durante períodos de sequía o baja generación hidráulica.
Según los gremios, una liquidación sin una estrategia estructurada podría afectar la cadena de pagos del sector, comprometer la liquidez de varias empresas y aumentar los riesgos para la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.
La preocupación también está relacionada con la ausencia de una hoja de ruta clara para reemplazar la operación de Air-e en departamentos como Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Los gremios aseguran que hasta ahora no se ha presentado una solución empresarial que garantice la continuidad de la prestación del servicio ni mecanismos de financiamiento que permitan cubrir las obligaciones acumuladas por la compañía.
Para el sector, el riesgo no se limita únicamente a los usuarios de la Costa Caribe. La eventual afectación de la cadena de pagos podría extenderse a otros actores del mercado eléctrico y generar impactos sobre la estabilidad general del sistema energético colombiano.
La situación adquiere una dimensión adicional debido al fenómeno de El Niño ya que las empresas del sector consideran que el país necesita condiciones financieras y operativas sólidas para enfrentar un período en el que la demanda energética podría aumentar y la generación dependerá en mayor medida de plantas térmicas y del suministro de gas natural.
Los gremios piden conocer los estudios técnicos
Otro de los puntos planteados por las organizaciones empresariales tiene que ver con la necesidad de conocer los fundamentos técnicos, financieros y jurídicos que respaldarían una eventual liquidación.
Los representantes del sector consideran que una decisión de esta magnitud requiere claridad sobre sus impactos para los usuarios, para la prestación del servicio y para el funcionamiento de toda la cadena energética. También solicitaron que se den a conocer los análisis realizados y las alternativas evaluadas durante el proceso de intervención.
La posición de los gremios no implica un rechazo a la intervención estatal, sino un llamado para que cualquier medida garantice la continuidad del servicio y preserve la estabilidad institucional del sistema eléctrico colombiano.
