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¿Se reducirá el monto de pensión en Colombia? Cuestionan decreto y alistan demanda

El Decreto 0369 encendió las alarmas en el sistema pensional colombiano tras limitar las inversiones en el exterior. Asofondos analiza situación.

- Crédito: Foto: tomada de redes sociales
Andrés Martín Piñeros
Andrés Martín PiñerosPeriodista
13 ABR 2026 - 12:28Actualizado: 13 ABR 2026 - 19:10

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El reciente Decreto 0369, expedido por el Gobierno Nacional, introduce cambios clave en la forma en que se administran los ahorros de los trabajadores. La norma establece límites a la inversión de estos recursos en mercados internacionales, lo que ha desatado un fuerte debate en el sector financiero.

Desde Asofondos, el gremio que agrupa a las administradoras de fondos de pensiones, se advierte que esta decisión rompe uno de los principios fundamentales de la gestión de estos recursos: la diversificación.

En términos simples, los fondos de pensiones invierten en diferentes mercados y activos para reducir riesgos y mejorar la rentabilidad. Limitar la posibilidad de invertir fuera del país podría concentrar el riesgo y disminuir los rendimientos en el largo plazo.

Pero, según el gremio, menores rendimientos se traducen en pensiones más bajas, lo que afectaría directamente a quienes hoy cotizan esperando una jubilación digna.

Menos rentabilidad hoy, pensiones más bajas mañana

El punto más crítico del debate es el efecto que tendría esta medida sobre los ingresos futuros de los trabajadores, pues al restringir las inversiones internacionales, los fondos tendrían menos opciones para buscar mejores retornos.

Esto significa que a los colombianos les costará más acumular el capital necesario para pensionarse y en muchos casos, quienes logren hacerlo podrían recibir mesadas más bajas.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, ha sido enfático en que esta medida podría ir en contravía del deber fiduciario que tienen las administradoras.

Limitar las inversiones en el exterior va en contravía del deber fiduciario que por ley tienen las administradoras frente a los trabajadores.

Andrés Velasco

Es decir, "su principal mandato es garantizar el beneficio de los afiliados mediante la gestión de sus recursos de manera segura, transparente y, el largo plazo para sobre todo, priorizando el crecimiento su pensión”, explicó.

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Andrés Velasco - Presidente de Asofondos. Foto: Asofondos

Un diagnóstico en discusión y dudas jurídicas

Otro de los puntos que genera controversia es el enfoque del decreto porque el mercado considera que parte de un diagnóstico equivocado sobre la capacidad del mercado colombiano para absorber mayores inversiones. Las administradoras están evaluando posibles inconsistencias del decreto frente a normas existentes como la Ley 100 y el régimen actual de inversiones.

Incluso se analiza el escenario en el que la Corte Constitucional tome decisiones sobre reformas recientes al sistema pensional, lo que podría obligar a revisar nuevamente esta medida.

El decreto establece un periodo de seis meses para que las administradoras presenten un plan de ajuste ante la Superintendencia Financiera y este plan deberá detallar cómo cumplirán con los nuevos límites de inversión.

Uno de los puntos más sensibles es que el flujo de nuevas cotizaciones deberá destinarse prioritariamente a inversiones dentro del país, hasta alcanzar los topes definidos, lo que marcaría un cambio estructural en la manera que semanejan los ahorros de estas pensiones en el país.

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Ahorro pensional vs. necesidades del país

En el trasfondo de esta discusión hay un choque de visiones muy marcadas como la del Gobierno que busca impulsar la inversión nacional y financiar proyectos internos, mientas que la otra visión la marca el hecho de que el sistema pensional tiene como único objetivo maximizar el ahorro de los trabajadores para garantizar su retiro.

Ahí está el punto crítico y de debate de ambas partes, donde recursos de pensión tienen una destinación específica que es asegurar el futuro de los afiliados. Cualquier decisión que comprometa su rentabilidad abre un debate profundo sobre prioridades económicas.

Este tema resulta también relevante para para las finanzas públicas, porque si las pensiones resultan más bajas, el Estado podría enfrentar mayores presiones para cubrir esos faltantes en el futuro. Mientras tanto, las administradoras ya analizan acciones judiciales para proteger los ahorros de los afiliados.

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